La Intendencia de Montevideo (IMM) pidió a las áreas que trabajan con cuadrillas del programa impulsado por el gobierno nacional —'Oportunidad laboral', también llamado 'Jornales solidarios'— que en caso de subir algún contenido a redes sociales referido a la actividad, utilizaran el "paraguas" del Plan Laboral ABC —buque insignia de la intendenta Carolina Cosse— y no mencionaran el nombre jornales solidarios.
"Sé que por algunas áreas de nuestro departamento en estos días están recibiendo a trabajadores y trabajadoras en el marco del Plan Laboral ABC, si comparten contenidos en sus redes, recuerdan mencionarlo bajo ese paraguas: “Plan laboral ABC”", indica el mensaje al que accedió El Observador.
"Si bien inicialmente se utilizó la expresión “Jornales solidarios” solicitamos no utilizarla porque la iniciativa quedó enmarcada en el Plan Laboral ABC", escribieron desde la comuna a las áreas que trabajan con las cuadrillas.
El programa Oportunidad Laboral nació de una propuesta que los intendentes blancos trasladaron en abril al presidente Luis Lacalle Pou, quien dio su visto bueno. De esta manera, el Poder Ejecutivo redactó la ley que creó 15 mil puestos laborales a canalizarse a través de las intendencias y los municipios. La iniciativa contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento.
A Montevideo le correspondieron 4.000 puestos de ese total, luego de que el Congreso de Intendentes votara la distribución. En paralelo a ese programa, la IMM ya venía desarrollando uno de los ejes laborales del Plan ABC de Cosse, que creó 2.000 trabajos temporales —mil en cada semestre— para desempeñarse por seis meses en tareas de mantenimiento de espacios públicos. La iniciativa fue una de las promesas de campaña de Cosse.
Debido a que ambos programas se superpusieron, la IMM decidió incorporar a los beneficiarios del programa del gobierno nacional a la infraestructura que ya tenía montada en el marco de su propia iniciativa laboral. Fue así que todos los puestos pasaron a estar abarcados bajo el paraguas del "Plan laboral ABC".
La mención por parte de la intendencia de una de las apuestas de la administración de Lacalle Pou ya había sacado chispas entre nacionalistas y frenteamplistas. A fines de junio, la alcaldesa del Municipio CH, Matilde Antía (Partido Nacional), criticó un posteo de la IMM y llamó "a no confundirse", puesto que el programa Oportunidad Laboral era en realidad financiado por el gobierno nacional.
Días antes, el diputado herrerista Juan Martín Rodríguez había arremetido contra los chalecos que la comuna estaba proporcionando a los beneficiarios. La indumentaria tenía la inscripción ABC. "Rápidos para los mandados, eh!", escribió en Twitter.
A mediados de junio, el director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IMM, Federico Graña, explicó las razones de la incorporación de un programa del gobierno nacional a una iniciativa impulsada por la intendenta frenteamplista. "Si bien esto surge con los jornales solidarios, nosotros les ponemos una serie de contenidos más que la ley no preveía", dijo en rueda de prensa.
El jerarca expuso que como "no es lo mismo trabajar en Toledo o en una pequeña localidad del interior que en Montevideo", desde la IMM habían decidido otorgar dos boletos por jornal a cada beneficiario, algo que no estaba previsto en la ley. "Eso implica en pesos constantes y sonantes un 7% de aumento a lo previsto de ingreso a los jornales", argumentó.
Graña también esgrimió que el programa "no es solo una transferencia monetaria sino generar un entorno de trabajo protegido y un proceso de capacitación para que las personas tengan mejores capacidades de las que tenían antes de ingresar". La IMM resolvió llevar a cabo un registro para conocer en mayor profundidad el perfil de los beneficiarios y así asignarles tareas más adecuadas a sus características. "Estamos generando más información para procesos de inducción", sostuvo el dirigente comunista.
La polémica por el acompañamiento
El costo del acompañamiento —percibido por las ONG por cada beneficiario del Plan ABC cuyo trabajo acompañan— fue uno de los temas señalados por el edil nacionalista Javier Barrios Bove, durante la comparecencia del departamento de Desarrollo Social ante la comisión integrada de Hacienda y Presupuesto de la Junta Departamental.
El dirigente cuestionó —tras procesar los datos del Presupuesto— que cada trabajador percibía un salario de $18.490, al tiempo que otros $ 14.010 eran destinados —por cada empleo— a inserción laboral y acompañamiento. "Cuando hago esos números, me llaman poderosamente la atención y pienso que con este dinero se podría estar ayudando a muchísimas más personas", asestó a las jerarcas del ejecutivo departamental.
Barrios Bove manifestó que la proporción implicaba una relación de "casi uno a uno", con "un jornal que recibe la persona y casi otro jornal que va al acompañamiento".
Diego Vila Edil nacionalista cuestionó los montos por cada beneficiario destinados al "acompañamiento" La directora de Políticas Sociales de la comuna, Tamara Paseyro, defendió el sistema: "El acompañamiento y la inclusión laboral son muy importantes para esta población. No es mera burocracia, sino que el tema de las capacitaciones y de las habilidades para el trabajo nos parece fundamental a fin de que el trayecto en esta experiencia sea exitoso y permita ―ojalá― una inserción laboral más permanente".
En la discusión surgió la comparación del salario percibido por cada beneficiario del programa laboral del ABC ($18.490) respecto al percibido por Oportunidad Laboral impulsado por el gobierno nacional ($12.500).
Al respecto, Paseyro planteó: "No lo quiero comparar, pero se comparó, con los Jornales Solidarios. Los Jornales Solidarios no tienen este componente de capacitación y de acompañamiento. Ahí está también la diferencia en el costo de un programa y otro. Seguramente, cuando haya una rendición de cuánto costó cada uno de los programas se podrá ver y analizar con profundidad cuánto cuesta llevar adelante estos programas sociales".
