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Imputaron al exjefe de Policía de Cerro Largo por filtrar información reservada
La fiscal de Treinta y Tres, Ana Paula Segovia, imputó este jueves al exjefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, por el delito de revelación de secreto especialmente agravado, tras haber difundido información reservada de una investigación por presuntos delitos de contrabando y corrupción policial en la que él también está involucrado.
Olivera deberá fijar domicilio y la investigación continuará durante un año hasta que se pueda fijar la fecha para el juicio oral.
El exjefe de policía había sido denunciado por la fiscal de Cero Largo, Leticia Siqueira, que es quien lleva adelante la investigación por los delitos de contrabando y corrupción policial que obligaron a que Olivera renunciara a su cargo. Como Siqueira pasó a ser denunciante en la causa, el caso pasó a la fiscalía de Treinta y Tres, que integra Segovia. Según surge de la formalización, Olivera le filtró la información a un subalterno de que estaba siendo investigado por robo de madera y leña de un predio.
En la causa original, Olivera es investigado luego de que se difundiera que no dio orden de detener a un camión que llevaba mercadería al estadio municipal Antonio Ubilla. Según informó el Ministerio del Interior, le ofreció la renuncia al ministro Luis Alberto Heber en una reunión privada, para "no involucrar" a la cartera en los hechos.
Por este caso, el policía y otro funcionario –Javier Silveira, trabajador de OSE que además integra una ONG vinculada con la Intendencia de Cerro Largo, y que trabajó en la candidatura del intendente, José Yurramendi– fueron imputados.
Es por reiterados delitos de contrabando, pero también por casos que la fiscalía investigaba desde tiempo atrás: hurto y utilización de información privilegiada de forma indebida.
El primero comenzó a ser investigado por la fiscalía a raíz de la denuncia en Asuntos Internos, por robo de madera de un predio, leña y venta de postes. La víctima dijo ante la fiscal que el perjuicio, en términos económicos, fue de US$ 60 mil.
Otro de los delitos por los que se formaliza la investigación original es por la promesa de indicar órdenes de allanamiento. "Estamos hablando de hechos de suma gravedad", remarcó la fiscal, y recordó que ese procedimiento impacta de forma negativa en el trabajo de la fiscalía cuando ordena un allanamiento o un operativo policial.
