Independencia de Cataluña: la hora de la fuerza

Solo un rato. Eso es lo que duró la alegría completa a los dirigentes independentistas de Cataluña y a las decenas de miles de personas que se congregaron en la vía pública para festejar este viernes la declaración de independencia unilateral adoptada por el Parlamento catalán.

Mientras infinidad de tapones de botellas de champán volaban por los aires, en medio de muestras de alegría, otros catalanes, quizá los más cautos o más racionales, advertían que nada bueno estaba por pasar en el futuro cercano de esa región de 7,5 millones de habitantes, una de las más prósperas de España y en la que el sentimiento independentista está fuertemente arraigado, aunque en los últimos meses produjo una fuerte división en su población.

Y efectivamente lo que algunos temían y esperaban sucedió: el gobierno central no iba a quedarse quieto, y luego de tener la conformidad del Senado español (con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención) para aplicar el artículo 155 de la Constitución, anunciaría como un acto reflejo y a continuación, la intervención del gobierno y las instituciones catalanas.

Con el apoyo incondicional de fuerzas de la oposición como el Partido Obrero Socialista Español (PSOE) y Ciudadanos, el gobierno de Mariano Rajoy quedó con las manos libres para hacer lo que por otra parte ya había anunciado.

Adelantándose a las posibles circunstancias, el gobierno ya había convocado a una reunión del Consejo de Ministros para tratar como asunto excluyente la crisis catalana, sobre todo teniendo en cuenta que este jueves el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había pasado la posta al Parlamento regional para que tomara una decisión respecto a la independencia.

Por eso, cuando Rajoy comunicó al país cuáles serían las medidas intervencionistas no hubo demasiada sorpresa en el anuncio.

Pero sí la firmeza suficiente como para dejar claro que no habrá marcha atrás y que, mientras la independencia catalana durará lo que un lirio, las medidas para restituir la normalidad democrática tendrán una vigencia más amplia.

En ese marco, y al hacer gala de las potestades que le confiere su condición de jefe de gobierno, Rajoy se mostró decidido e inflexible, como lo hizo desde el momento en que las autoridades catalanas le reclamaron un diálogo, al que siempre se negó.

Así, con todo a su favor, anunció la sustitución de Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, además del resto de los consejeros de la Generalitat.

Por otra parte, también serán cesados el responsable regional del Ministerio del Interior y el jefe de la policía regional, cuestionada por Madrid por su intervención en el referéndum secesionista realizado el pasado 1º de octubre.

Pero acaso lo más importante –que también se esperaba– fue la confirmación del llamado a elecciones para el próximo 21 de diciembre (ver recuadro). Esa convocatoria a elecciones era el gesto que se reclamaba con insistencia a Puigdemont.

Es que, muy probablemente, esa decisión hubiera permitido cierta distensión entre las partes y era un paso esperado para evitar la intervención. Pero ese gesto nunca llegó.

Posiciones irreconciliables

El jefe de gobierno español afirmó hasta el cansancio que no estaba dispuesto a dialogar con autoridades que habían dejado de lado la Constitución.

Por su parte, el titular del gobierno catalán no paró de reclamar una instancia para dialogar. Mientras, por un lado, una parte reclamaba el respeto al orden institucional, la otra reivindicaba su derecho legítimo a profundizar su autonomía a través de la independencia.

Pero, claro, las posiciones se volvieron cada vez más radicales y antagónicas; y era muy difícil avizorar un final que resultara satisfactorio para unos y otros.

Además, mientras Rajoy recibía –y siguió haciéndolo hasta este viernes– el apoyo irrestricto de la casi totalidad del sistema político español y de los principales gobernantes de la Unión Europea, que estrecharon filas en torno al gobernante español, Puigdemont fue quedándose cada vez más aislado y en un cruce de caminos.
Es que el presidente catalán no solo estuvo expuesto en los últimos tiempos a las fuertes presiones de Madrid sino también a las de sus propios compañeros de ruta, que le exigían que fuese más combativo.

Sin dejar de tomar en cuenta, además, la salida de Cataluña de unas 1.600 empresas que –ayudadas por la aprobación de un reciente decreto exprés para evitar trabas burocráticas– decidieron mudar su sede social por la inestabilidad política que afecta a la región.

Lo concreto es que ahora Cataluña quedó prisionera de la intransigencia de sus dirigentes, que dispararon todos los cartuchos de una y se quedaron sin municiones para sostener un conflicto tan extenso como difícil de resolver.

Y ahora, la salida a esta crisis sin precedentes en las últimas cuatro décadas en España plantea más interrogantes que certezas, como qué pasaría si se produce "una desodebiencia civil".

Nadie puede saberlo, aunque lo cierto es que Puigdemont y compañía tuvieron la llave para evitarlo, pero no la usaron a tiempo.

LAS POSIBLES DEFINICIONES DE LA CRISIS

1. Intervención

Desde un primer momento, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que no estaría dispuesto a consentir que las autoridades catalanas se apartaran del marco legal, democrático e institucional.

Fue así como, con el apoyo de la oposición, sobre todo de parte del Partido Socialista Obrero Español PSOE), no dudó ni un segundo para decidir la aplicación del artículo 155 de la Constitución, vigente desde 1978.

Ese artículo establece la aplicación de aquellas medidas que resulten necesarias para que las regiones autonómas cumplan con sus respectivas "obligaciones".

Para eso, necesitaba el aval del Senado, que terminó por conseguir este viernes –como era presumible esperar–.

Ahora cabe preguntarse cómo se concretará esa intervención en los hechos: pues bien, en primera instancia, Madrid asumirá el control total del gobierno catalán, sustituirá a sus autoridades –que incluso pueden ir presas por haberse apartado del orden legal establecido–, suspenderá el Parlamento, convocará a elecciones anticipadas el 21 de diciembre y además asumirá el control de algunos servicios públicos.

2. Resistencia

Decenas de miles de personas salieron espontáneamente a las calles este viernes para celebrar la declaración de independencia unilateral.

En un clima de fiesta y amplia expectativa, miles de catalanes, munidos de banderas regionales y con cánticos alusivos a una fecha que consideran histórica, no paraban de festejar.

Además de ser una manifestación espontánea, esa concentración no dejó de ser una señal: ante la inminente aplicación del artículo 155, una parte de la ciudadanía quiere resistir cualquier intento intervencionista de parte del Ejecutivo de Rajoy.

La pregunta es cómo se producirá esa resistencia: por lo pronto, los grupos secesionistas llamarán a lo que han dado en llamar "desobediencia civil", marcarán presencia en las calles.

Además, un influyente sindicato de profesores dijo que no acatará instrucciones del gobierno español, al igual que los bomberos, que atenderán los servicios básicos pero no otras tareas.

3. Fuerza

Al sustituir a los responsables del Ministerio del Interior y la Policía regional en Cataluña (Mossos d'Esquadra), el gobierno de Mariano Rajoy tiene la potestad de supervisar, controlar y dirigir la seguridad pública.

Como la decisión ya fue tomada y será aplicada, al amparo de una disposición constitucional y sin que ya haya marcha atrás, la policía estará autorizada a vigilar el cumplimiento de cualquier resolución emanada de las nuevas autoridades interventoras.

En un clima de extrema tensión y polarización política y social, ello puede desencadenar protestas e incidentes, porque la fuerza pública no podrá tolerar ninguna clase de desvíos.

Y tanto fuerzas sociales representativas como los partidos que integran la coalición que acompañó hasta ahora a Puigdemont en su gestión están dispuestos a tomar las banderas de la resistencia.

Son los mismos, con Candidatura de Unidad Popular (CUP) al frente, quienes habían exigido al presidente de la Generalitat que tomara el cuenta el mandato popular del 1º de octubre y declara la independencia con absoluta prescindencia de sus consecuencias legales y políticas.

4. Negociación

Con los hechos ya consumados, esta posibilidad aparece muy remota, aunque tampoco puede descartarse del todo.

De todas formas, las condiciones para una negociación nunca estuvieron planteadas, porque la pulseada entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, cada uno en defensa de sus posiciones –tan radicales a su modo como intransigentes– nunca dejó espacio para una salida negociada a la crisis.

Pero el diálogo que tanto reclamó la dirigencia catalana como condición excluyente para encontrar una vía de acuerdo, siempre fue negado de plano por el Ejecutivo español con un argumento también inexcusable: el gobierno catalán ignoró las leyes, quebrantó el orden constitucional y realizó un referéndum que había sido prohibido por la Justicia española.

Quizá lo más sensato hubiese sido que ambas partes se sentaran a negociar, pero los gestos provenientes de uno y otro lado no ayudaron mucho. Lo concreto es que un espacio para la negociación fue reclamado por dirigentes de la oposición, aunque esos pedidos cayeron en saco roto.