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El INC comenzó a analizar la documentación presentada por el grupo familiar.

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Informe jurídico de Colonización ratificó que Manini Ríos e Irene Moreira son colonos

El senador y la ministra de Vivienda ya respondieron al nuevo informe con un expediente, que el INC tardará al menos una semana en analizar

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16 de junio de 2022 a las 11:55

La asesoría letrada del Instituto Nacional de Colonización (INC) ratificó la semana pasada la inspección que aseguró que el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, su esposa la ministra de Vivienda, Irene Moreira y el exmilitar Roque Moreira, son colonos de una propiedad en Artigas, informó Búsqueda. El Instituto había inspeccionado la situación del predio que pertenece a la familia en octubre, y el directorio había enviado el asunto a la asesoría en marzo de 2022.

Manini, su esposa y su cuñado ya enviaron una respuesta al nuevo informe de la asesoría, en la que que intentan despejar las denuncias en torno a la adquisición y posesión de un campo de ese organismo en Artigas, informaron fuentes del INC a El Observador

Al filo del plazo reglamentario, que vencía este jueves, los tres presentaron por vía escrita un voluminoso expediente con sus descargos ante las conclusiones de la inspección, realizada el año pasado y que determinó una serie de irregularidades. En particular, que Manini y los suyos incumplían lo previsto en la ley de Colonización en cuanto no residían ni trabajan en forma directa el predio. Así lo informó a El Observador el presidente del INC, Julio Cardozo. 

La inspección, de la que en su momento dio cuenta el semanario Búsqueda, corroboró que el grupo familiar maneja y explota, a través de una sociedad anónima, unas 4.350 hectáreas en propiedad en el departamento de Artigas, de las cuales 2.856 hectáreas están afectadas a Colonización. Lo que el instituto debe comprobar es si, como afirman Manini y los suyos, el predio nunca estuvo afectado a Colonización. 

Hasta ahora lo único que hay es un documento puesto sobre la mesa por el senador involucrado, en el que se indica que el inmueble “no es apto para Colonización, ni el comprador tiene perfil de colono”. Se trata de un escrito que le fue entregado a su suegro en 1971, poco después de haber adquirido el predio que el INC sacó a la venta en licitación. 

El campo es administrado por la El Palomar S.A, conformada por Moreira padre, su hija la ministra y Manini, que se integró en 1997.  

La interpretación que hace Manini Ríos es que ese papel demuestra que el campo en cuestión dejó de estar afectado a Colonización desde su venta. Sin embargo, jurídicamente, no es concluyente. Entre otras cosas porque, según explicó en su momento Cardozo a El Observador, carece de la firma de los directores del instituto, condición indispensable según la normativa para determinar que un predio fue desafectado del organismo. 

Sigue faltando, por tanto, la documentación que “realmente demuestre” que Colonización desafectó el predio referido. A partir del escrito aludido por Manini Ríos, precisó el director, ninguna transacción vinculada al campo pasó por el instituto. 

Consultado este miércoles, Cardozo dijo desconocer aún ese documento. “Si apareció, no lo sabemos”. 

El resultado del análisis jurídico determinará en qué situación queda el senador. Si Manini Ríos resulta ser colono, incurrió en claras irregularidades. Una de ellas fue haber votado en 2020 los artículos 357 y 358 de la Ley de Urgente Consideración. Uno de ellos desafectó de la órbita del INC los campos provenientes de colonias del Banco Hipotecario. El otro, flexibilizó las condiciones que debe cumplir un colono, en cuanto a trabajar en forma directa en el predio o residir allí. Se trata de cambios que, eventualmente, lo habrían beneficiado en forma directa. 

Si el líder de Cabildo Abierto está sometido a las obligaciones de la ley de Colonización, violó en primer lugar el reglamento del Senado, que impide a un legislador participar en asuntos en los que tenga interés directo, salvo que sea autorizado en forma expresa por la cámara.  Esto podría traducirse en una eventual acusación por conjunción de interés personal y público, previsto en el artículo 161 del Código Penal. 

Según el presidente del INC el análisis del la documentación aportada por Manini y su familia llevará, por lo menos una semana. Hasta entonces, precisó, las actuaciones se seguirán manteniendo en reserva. 

El ahora coronel retirado Moreira  fue sancionado en 1974 por el Ejército al haber cometido una “falta grave con agravantes” luego que un tribunal de honor militar determinara que al comprar el campo había incurrido en varias violaciones al reglamento de conducta de la fuerza. 

Entre ellos, por haber contraído “obligaciones desdorosas u observar una conducta equívoca o que deje dudas sobre la corrección de su proceder”. 

Las actuaciones del tribunal no fueron relativas a la condición legal del campo en cuestión. Sí revelaron que en enero de 1971 la adjudicación a Moreira, gracias a una licitación,  “tuvo que ser realizada” según las condiciones que debían reunir los aspirantes a colonos. 

El compromiso compra-venta fue realizado bajo el amparo del artículo 61 de la ley de Colonizacion, que lo obligaba a “"trabajar en el predio, supervisar el trabajo y habitarlo", salvo que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados.

El INC anexó, a pedido del tribunal, el texto del compromiso que en su sexto punto indica que el promitente comprador "se compromete a ocupar el predio a nombre del instituto, obligándose a trabajarlo directamente y habitarlo con su familia", algo que el involucrado jamás podría haber cumplido, dado que en ese momento cumplía funciones como jefe del Batallón de Ingenieros 1, radicado en Montevideo. 

Según la ley Moreira podría haber solicitado una excepción, luego de haber tenido una radicación por un plazo mínimo de diez años, cumplido con el plan de inversiones comprometido o haber invocado razones fundadas de salud, educación o trabajo del colono o los integrantes del núcleo familiar. Esa fue parte de la argumentación del militar en su defensa, en la que también aludió a la falta de condiciones del predio para una efectiva colonización. 

El entonces teniente coronel recibió una sanción de 35 días con arresto a rigor. 

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