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Guido Manini Ríos y su esposa, Irene Moreira

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Colonización: el acta a la que alude Manini y el alcance de una norma que será saldada jurídicamente

El INC decidió declarar reservadas todas las actuaciones del caso y espera el informe de su división jurídica

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24 de marzo de 2022 a las 05:01

El 21 de enero de 1975, con el voto de los cuatro directores presentes, el Instituto Nacional de Colonización (INC) aceptó declarar que la operación de venta sobre el inmueble 511 del organismo, efectuada cuatro años antes, debía considerarse comprendida bajo los términos del artículo 127 de la ley 11.029.  Esa ley fue la que creó en 1948 el organismo, con el destino específico de colonizar tierras. 

El artículo aludido indica que "no podrán ampararse a los beneficios de esta ley, en cuanto a rebajas o facilidades de orden especial, las personas que, a juicio del instituto, por su situación económica, estén en condiciones de realizar las explotaciones con sus propios recursos". 

La decisión del INC fue tomada ese día a partir de un pedido elevado por el "colono" Roque Moreira y su voluntad de ampararse bajo ese artículo. Moreira es el suegro de Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, que también aparece como propietario del bien, y que quedó en el centro de una polémica política luego que la semana pasada Búsqueda divulgara los resultados de una una inspección del instituto. 

Esa inspección determinó que Manini Ríos, su esposa y ministra de Vivienda Irene Moreira, y su suegro son propietarios de un campo de 4.350 hectáreas ubicado en el departamento de Artigas, de las que 2.856 están afectadas a Colonización. El informe determinó que son colonos propietarios, por lo que estarían incumpliendo la ley, entre otros aspectos, por no residir en el campo ni explotarlo directamente. 

El Observador accedió al acta en el que se accede al pedido de Moreira, hace 47 años, y que está incluida en el expediente del compromiso compra-venta firmado entre el coronel y el INC. Moreira pidió una copia el 29 de mayo de 2020 que fue recibida previa autorización de su nieta, Micaela Manini Ríos. 

El expediente anexa también el acta 2.815, que recoge lo discutido por el INC en su sesión del 2 de marzo de 1971. Allí se da cuenta del “difícil drenaje” que presenta la fracción y de determinados elementos, como el “área inundable” y la presencia de “monte”,  que “reducen su área útil”.  

Buena parte del documento original, elaborado hace casi medio siglo, resulta difícil de leer. En una de las páginas aparece, en letra manuscrita y notoriamente incorporada en una fecha más cercana, la constancia de que el bien "fue enajenado por el artículo 127 de la ley 11.029". 

El contenido de las actas es el argumento central que Manini Ríos viene esgrimiendo públicamente para sostener su postura de que ni él ni su familia son o fueron colonos. 

Sin embargo, no es un tema tan simple. Ese artículo indica, en líneas generales, que las personas que no tengan aptitud de colonos no podrán acogerse a los beneficios que, eventualmente, disponga la ley. "Es algo conocido", le dijo a este miércoles a El Observador el presidente del directorio, Julio Cardozo. La redacción original no le da la razón en forma automática a Manini Ríos. Se trata de una discusión que, insistió, genera diferentes interpretaciones y deberá ser saldada por la asesoría jurídica del organismo. Los integrantes del directorio "no queremos involucrarnos", dijo Cardozo.

El presidente del directorio del INC aclaró que el instituto decidió declarar reservadas todas las actuaciones vinculadas al caso. La postura esgrimida por Manini Ríos, precisó, es una de las "variables" a considerar. Cardozo llamó la atención sobre otro punto: las actas a la que hace referencia el líder de Cabildo Abierto están referidas a Moreira, que fue el que en su momento adquirió el campo. Habrá que determinar, a su vez, en qué situación queda el propio Manini Ríos. Según la información que en su momento divulgó Búsqueda, el general retirado se integró en 1997 a Palomar SA, la sociedad a cuyo nombre está el inmueble, como propietario de la fracción 2. 

El resultado del análisis jurídico determinará en qué situación queda. Si Manini Ríos resulta ser colono, incurrió en claras irregularidades. Una de ellas fue haber votado en 2020 los artículos 357 y 358 de la Ley de Urgente Consideración. Uno de ellos desafectó de la órbita del INC los campos provenientes de colonias del Banco Hipotecario. El otro, flexibilizó las condiciones que debe cumplir un colono, en cuanto a trabajar en forma directa en el predio o residir allí. Se trata de cambios que, eventualmente, lo habrían beneficiado en forma directa. 

Si el líder de Cabildo Abierto está sometido a las obligaciones de la ley de Colonización, violó en primer lugar el reglamento del Senado, que impide a un legislador participar en asuntos en los que tenga interés directo, salvo que sea autorizado en forma expresa por la cámara.  Esto podría traducirse en una eventual acusación por conjunción de interés personal y público, previsto en el artículo 161 del Código Penal. 

La venta del campo y un caso del gobierno del FA

Los blancos ingresaron en las últimas horas en la discusión pública sobre el tema. Uno de los que se pronunció fue el exintendente de Artigas Julio Silveira, que estuvo al frente de Colonización en forma interina durante el primer año de este gobierno. A su entender, lo que tiene que exhibir el instituto es el acta de resolución de la adjudicación del campo. Allí, explicó, debe constar que hubo un llamado a aspirantes y que hubo alguien seleccionado con el informe respectivo de las gerencias. "Solo eso convierte a alguien en colono", aseguró. 

"Si estos extremos no se cumplieron, la venta del campo tiene el mismo valor que la de la flota fuera de servicio que el organismo traspase a un privado, en remate o o licitación", indicó Silveira vía Twitter. El INC se desprendió del campo sin adjudicarlo a aspirantes, "porque no lo podía colonizar". 

El senador blanco Sergio Botana, por su parte, sacó a relucir este miércoles el caso de Mario Vera, un colono que durante el primer gobierno del Frente Amplio asumió como director de Colonización. Según dijo Botana a El Observador, antes de tomar su cargo Vera le transfirió la tierra a su esposa. Poco después, el 30 de diciembre de 2008, el directorio benefició al predio referido con el acceso a una refinanciación. "Supongo que al votar se habrá retirado de sala", ironizó. 

Más allá de si lo hizo o no, el senador sostuvo que lo de Vera representa un claro caso de "amiguismo". Botana aprovechó para defender las medidas referidas a Colonización incluidas en la LUC, destinadas a "fijar reglas y condiciones claras" sobre cuándo el directorio puede eliminar la obligación para un colono de permanecer en el campo adjudicado: entre ellas, haber estado allí un mínimo de diez años, y mediar determinadas circunstancias de salud o necesidad de estudio o trabajo que justifiquen el traslado. 

Botana recordó que, desde está vigente la ley, fueron presentadas tres solicitudes al respecto. Todas fueron rechazadas. 

El senador se pronunció además sobre el caso de Manini Ríos. "Claramente no es colono", aseguró. "Un colono con 2.850 hectáreas no podría haber pasado desapercibido". Salvo que, aventuró, "el Frente Amplio tolerara su situación en su momento porque era su comandante en jefe". Botana consideró necesario que un informe jurídico externo al instituto defina la situación del líder de Cabildo Abierto. 

Al igual que Manini Ríos y que el senador Guillermo Domenech, Botana consideró que Berterreche debe dejar su cargo en Colonización. 

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