Cuando en diciembre de 2017 la cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que habilitaba la enajenación de dos predios del dique Mauá para que Juan Carlos López Mena construyera una nueva terminal portuaria para pasajeros, muchos de los actores políticos que levantaron la mano en el Parlamento de seguro no se imaginaban toda la polvareda que se iba a levantar después. Porque la sociedad civil organizada –los vecinos del barrio, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y la Facultad de Arquitectura– se pronunció en contra y con varias idas y vueltas de por medio, la propuesta del empresario argentino fracasó.
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