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Inquietante ola de asesinatos de líderes sociales

Defender los DDHH implica un enorme riesgo

3 de diciembre de 2017 5:00 hs
El Observador | Redacción

Por  Redacción

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L.ROBAYO AFP

Uno a uno fueron cayendo y ya suman 199 en 22 meses. Nadie sabe quién los está matando, pero lo cierto es que en Colombia proteger desde el agua hasta los derechos humanos está costando la vida, según reconoce el defensor del pueblo.

Y lo más desconcertante: son muertes en tiempos de paz. Desde enero de 2016, cuando la entonces poderosa guerrilla de las FARC estaba en tregua unilateral, hasta hoy, en que dejó las armas y se convirtió en partido, fueron asesinados casi 200 líderes sociales.

Los están asesinando porque "son defensores del agua, son defensores para que no haya minería ilegal; son defensores para que no haya reclutamiento (de menores), son defensores para que no se cultive hoja de coca en sus zonas", afirmó Carlos Negret.

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"Esas son las razones por las cuales están asesinando; ahora lo que necesitamos saber es quién los está matando", enfatiza.

Este abogado de 55 años es uno de los funcionarios con más credibilidad en asuntos de derechos humanos.

Aunque su oficina está en Bogotá, la capital donde el conflicto armado de más de medio siglo puede ser un rumor llegado de lejos, Negret viaja cada tanto a las zonas donde la violencia sigue estando presente.

Aún con el desarme de la que fuera la más antigua guerrilla de América, todavía están activos algunos disidentes de las FARC y bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico o la extracción ilegal de oro y coltán.

El gobierno de Juan Manuel Santos, que se comprometió en los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 a proteger a excombatientes y activistas de derechos fundamentales, difiere con las cifras divulgadas por la Defensoría del Pueblo.

Según Negret, algunos de los muertos no son considerados líderes sociales porque militan en algún partido de izquierda o forman parte de algún órgano comunitario de gobierno.

Más allá de las diferencias en la categorización de las víctimas, el defensor del pueblo espera que sea la fiscalía la que concluya si esos homicidios son parte de una campaña sistemática, que hasta el momento negó el gobierno aunque fue denunciada por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido de los rebeldes surgido de los pactos de paz.

Pero lo que resulta evidente es que los líderes sociales están muriendo en lugares donde hay minería ilegal, recursos naturales o cultivos de coca o marihuana.

Pero como ya el Estado y las FARC no están enfrentados, "el actor es un tercero que no podemos identificar", sostiene Negret.

Entre las víctimas que registra la Defensoría del Pueblo hay negros, indígenas y mujeres.

Una de las más recientes fue José Jair Cortés, un dirigente negro de 38 años, con esposa y sin hijos, que fue asesinado a balazos el pasado 17 de octubre en Tumaco, el municipio con más narcocultivos de Colombia.

Amenazado de muerte, Cortés alentaba la sustitución de los plantíos de coca y estaba sujeto a un esquema de protección que incluía un chaleco antibalas y un teléfono celular.

En enero, Emilsen Manyoma y su esposo Javier Rodallega habían sido fueron acuchillados en Buenaventura.

Manyoma, de 31 años, denunció entonces la presencia de paramilitares y el tráfico de drogas en ese puerto sobre el Pacífico.

Al líder indígena Ezquivel Manyoma lo mataron el pasado 7 de octubre en el selvático departamento de Chocó. El asesinato fue atribuido por su comunidad a grupos paramilitares que buscan acrecentar su control territorial.

"Sigue siendo peligroso ser defensor de derechos humanos y ser líder social porque las cifras son tozudas", dice Negret.

Pese a los dos centenares de homicidios, el ombudsman reconoce que sin el acuerdo con las FARC "los homicidios serían superiores".

Pero llama la atención porque, según argumenta, el gobierno no atiende un sistema de alertas tempranas de su oficina concebido para evitar que se vulneren los derechos humanos, que el pacto de paz pretende impulsar.

Ahora espera resultados del compromiso oficial de fortalecer este mecanismo tras la ola de asesinatos. Recuerda que en marzo había alertado al gobierno sobre las amenazas contra dos activistas y que la respuesta fue tardía, cuando ambos ya estaban muertos.

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