8 de octubre de 2020 17:02 hs

Por Amy Kazmin

Hace ocho años, la conciencia colectiva de India quedó conmocionada por la letal violación en grupo, a bordo de un autobús de Nueva Delhi, de una fisioterapeuta de 23 años de edad que regresaba a su casa después de ver una película. El ataque puso de manifiesto los peligros que enfrentan las mujeres jóvenes que aspiran a salirse de los límites de las expectativas tradicionales. Provocó enormes protestas públicas.

El partido Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés) del primer ministro Narendra Modi, que entonces estaba en la oposición, aprovechó de forma importante la tragedia con fines políticos. Su campaña electoral de 2014 publicó un anuncio premonitorio sobre la seguridad de las mujeres. El Sr. Modi acusó al partido rival Congreso Nacional Indio de convertir Delhi en la "capital de la violación" de India e instó a los indios a recordar a la víctima cuando votaran.

India ahora se está viendo sacudida por otra macabra agresión sexual y asesinato, esta vez de una mujer de 19 años de la base de la jerarquía de castas del hinduismo, en la zona rural de Uttar Pradesh, un estado gobernado por un gobierno del BJP y encabezado por un polémico clérigo hindú, Yogi Adityanath.

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El crimen, que ocurrió en un pueblo a 320 kilómetros de Nueva Delhi, es un poderoso recordatorio de la amenaza que aún enfrentan las mujeres jóvenes. Pero las consecuencias del ataque ponen de manifiesto las crecientes acusaciones de que el partido gobernante está decidido a suprimir las noticias negativas y silenciar a quienes desafían su narrativa.

La violencia infligida a la mujer fue extrema. Sus atacantes le rompieron la columna vertebral, dejándola parcialmente paralizada. Al igual que la víctima de la violación en el autobús, cuyos asesinos fueron ejecutados en marzo, luchó por su vida durante casi dos semanas antes de fallecer. En ese momento, identificó a sus agresores como cuatro vecinos de casta superior de la misma comunidad que el Sr. Adityanath.

Horas después de su muerte, la policía incineró su cuerpo en un campo bajo el manto de la oscuridad, rechazando la súplica de sus padres de llevarla a casa para los tradicionales ritos funerarios. La policía fue acusada de confinar a la familia que protestaba dentro de su casa durante la cremación, lo cual provocó indignación nacional.

Durante los dos días siguientes, la policía estatal colocó barricadas en las carreteras hacia la aldea para evitar que los medios de comunicación y los políticos de la oposición se reunieran con la familia afligida, que, según informes, fue sometida a una intensa presión para que se retractara de su acusación de que la mujer había sido violada. La administración del Sr. Adityanath emitió un comunicado de prensa en el que negaba que hubiera ocurrido violación alguna, afirmando haber descubierto "una conspiración para provocar el caos entre castas en el Estado".

Las autoridades también filtraron una grabación de una conversación entre un reportero de un importante canal de noticias y el hermano de la víctima, que el BJP citó como evidencia de que los medios estaban "incitando" a la familia de la víctima a difamar al gobierno estatal. La revista semanal de noticias India Today respondió, exigiendo saber por qué los teléfonos de su reportero o de la familia de la víctima estaban bajo vigilancia.

El Gremio de Editores de India declaró que las escuchas telefónicas de los periodistas y la filtración de sus conversaciones formaban parte de una "tendencia de acoso creciente" con el propósito de "socavar y obstruir el funcionamiento de los medios".

Los periodistas no son los únicos sujetos a vigilancia o filtraciones públicas vergonzosas. Recientemente, los chats privados de los actores de Bollywood en WhatsApp se filtraron a los canales de noticias de televisión. Muchos indios con un perfil público ahora asumen que están bajo constante vigilancia estatal y ya no están dispuestos a hablar con franqueza por teléfono o por WhatsApp, especialmente sobre asuntos delicados o sus opiniones críticas del gobierno. Las recientes filtraciones de conversaciones telefónicas grabadas demuestran que su cautela no es infundada.

La violencia de género basada en las castas tiene un largo y vil historial en India. Sigue siendo un tema emotivo que puede alimentar la movilización política. Lo nuevo es que las autoridades desplieguen descaradamente los poderes estatales contra la familia afligida de una víctima de asesinato y utilicen las herramientas de alta tecnología de un Estado vigilante para intimidar a quienes defienden su causa.

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