Cuando los fiscales llevan a la Justicia a un delincuente para imputarle un delito, le piden al juez que lo envíe a prisión por una determinada cantidad de días mientras ellos reúnen las pruebas para llevarlos a juicio. Eso, si demuestran que el imputado es peligroso o puede frustrar su trabajo amenazando a los testigos para que no declaren en su contra o eliminado pruebas. Lo máximo que habitualmente solicitan son 180 días de prisión cautelar –seis meses– y los magistrados, por lo general, aceptan los reparos de los abogados defensores y le restan días al tiempo que pasarán los imputados tras las rejas mientras esperan el juicio oral.
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