Intendenta de Lavalleja se sumó a la campaña de Larrañaga luego de pedir que militares patrullen Minas

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña (Partido Nacional), se sumó a la campaña "Vivir sin miedo" del senador nacionalista Jorge Larrañaga y firmó a favor de un posible plebiscito constitucional con reformas por seguridad. Larrañaga se reunió este miércoles con la jefa comunal y le entregó personalmente la planilla para que estampara su firma.

Peña ya había anunciado que estaba a favor de una de las cuatro iniciativas, que implican la creación de una Guardia Nacional con 2000 militares que colaboren en tareas de seguridad interna con la policía tras recibir preparación especial. De hecho, la intendenta había pedido al gobierno que los militares custodiaran las calles de Minas para reprimir choques entre integrantes de bandas vinculadas al narcotráfico, que se han cobrado varias vidas.

"Lo único que pedimos es que nos den militares", dijo la jerarca, integrante del Partido Nacional, en declaraciones al programa Arriba Gente de Canal 10 a fines de mayo. "Ojo, yo no quiero dictadura, soy demócrata a ultranza, (pero) quiero que los militares, que ya están preparados, porque son cascos azules y han ido al interior, salgan a patrullar", agregó.

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La solicitud de Peña, según dijo, no es que el Ejército sustituya a la policía, sino que desempeñe tareas de patrullaje para intimidar "a los que quieren robar". Y afirmó a continuación: "La gente está desesperada, trabaja 24 horas para ganar tres pesos, para que estos malandros entren, y no solamente pongan en riesgo su vida, sino que además roben las ganancias... es lógico: alguien se tiene que poner los pantalones, (...) y debería hacerlo el Estado".

La propuesta de Larrañaga que firmó incluye cuatro reformas sobre seguridad pública a ser incluidas en la Constitución: cumplimiento efectivo de las penas para que en casos de delitos graves los delincuentes no puedan obtener beneficios que les permitan salir antes de tiempo de prisión; la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores; permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha "fundadamente" que se están cometiendo delitos; y la creación de una Guardia Nacional con efectivos militares para que colabore en determinadas tareas con la Policía.