Intendentes blancos toman medidas tras protesta rural

Dos intendentes blancos decidieron adoptar medidas para bajar costos y dar una señal de austeridad en sus departamentos días después de la reunión del 23 de enero en Durazno en la que miles de productores autoconvocados pidieron bajar el costo del estado.

El intendente de Florida, Carlos Enciso, fue uno de los políticos que acudió el martes a Durazno para escuchar a los productores rurales autoconvocados y 24 horas después adoptó una "batería" de medidas con las que busca dar "una señal".

El jerarca aclaró que no comparte en un cien por ciento la proclama del movimiento, sobre todo en la formulación de un diagnóstico generalizado sobre la actuación de los políticos.

"No acepto que digan que en los caminos de Florida se anda a 40 kilómetros por hora. No somos las 19 intendencias lo mismo. Y lo que menos acepto es que me comparen con la gestión de Sendic", dijo el jefe del municipio de Florida.

Más allá de estas diferencias, Enciso dijo que es consciente de las dificultades del sector. En su departamento cerraron "decenas de tambos" lo cual llevó a que hubiera US$ 3 millones menos circulante por mes, según dijo.

Porque entiende que el reclamo es legítimo, recogió el guante de los autoconvocados y decidió un conjunto de medidas locales que si bien "no hace a la solución de fondo", constituye un gesto con la predisposición para bajar el gasto público.

Enciso decidió que todos los celulares de los jerarcas de la intendencia "partiendo desde el intendente" tendrá un tope que no podrá pasar de $1.500. "A todo celular que pase de esa cifra se le descontará del sueldo", dijo.

El intendente también dispuso la suspensión de la contratación de maquinaria y tercerizaciones, salvo casos de emergencia. Además dijo que disminuirá en un 10% el consumo de combustible a nivel de la flota liviana y de toda la logística municipal.

Una medida en estudio por parte de las direcciones de Hacienda, Planificación y Administración de su intendencia es "topear y bajar" y suspender las horas de trabajo los días sábado.

Como último punto, Enciso dijo que habrá "cero ingreso" de personal a la Intendencia salvo "los llamados abiertos y públicos" para Tránsito y los profesores que trabajan durante el verano en piscinas y plazas de deportes.

En tanto, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, encomendó a su Departamento de Hacienda la ejecución de un estudio que "analice el presupuesto" de su administración, con el objetivo de "optimizar más la economía, los recursos humanos y materiales, haciendo especial énfasis en los gastos de funcionamiento, sin afectar los programas de vialidad y servicios primarios".

El estudio que encargó Vidalín pretende hacer "ajustes" para mantener o disminuir la cantidad de recursos humanos y "racionalizar" el uso de la flota municipal, el consumo de combustible, energía y comunicaciones.

La resolución del intendente de este jueves especificó que su decisión llega como resultado de las reuniones mantenidas tiempo atrás con agremiaciones rurales, comerciales, grupos industriales y empresariales de su departamento.

Pero también hace mención al encuentro de los autoconvocados. "Después de haber escuchado atentamente las inquietudes planteadas es pertienente que el ejecutivo departamental de Durazno analice dichos postulados", se afirma en el segundo considerando.

El principal reclamo que los autoconvocados hicieron a las intendencias es la baja de la contribución inmobiliaria rural, un punto que no aparece en la batería de medidas de ninguno de los dos intendentes.

En la proclama, además, se pidió reducir el tamaño del Estado y bajar el déficit fiscal. Esta medida incluye suspender el ingreso de funcionarios públicos durante tres años o hasta alcanzar el equilibrio de las cuentas con excepción de la Salud, Educación y Seguridad; rever los cargos de asesores y secretarios personales; aprobar rápidamente una norma que establezca que los legisladores deban rendir viáticos y devolver el sobrante.

Para bajar el costo del Estado también propusieron suspender partidas partidas a prensa, celular y gastos de representación; eliminar campañas publicitarias de organismos públicos y entes autónomos; recortar la flota de vehículos a la mitad y reducir los gastos de alquiler de despachos y oficinas de organismos públicos. También pidieron el rediseño de las políticas sociales para conseguir "más eficiencia".

Como segundo punto solicitaron la aprobación de una ley fiscal que obligue a no gastar más de lo que se ingresa para cualquier partido que gobierne.

Las decisiones de los intendentes pretenden responder a este reclamo de bajar el costo del Estado a través de un conjunto heterogéneo de propuestas.