En la marcha feminista que tuvo lugar este lunes 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer se generó una aglomeración en 18 de Julio con miles de manifestantes que no siempre respetaron el distanciamiento físico recomendado ni el uso a rajatabla del tapabocas. Las concentraciones de personas en la vía pública están limitadas por ley desde el 19 de diciembre, cuando se reglamentó el artículo 38 de la Constitución que regula el derecho de reunión, una medida que fue prorrogada semanas atrás y que regirá hasta el 19 de marzo.
La ley 19.932 –una de las estrategias implementadas por el gobierno para controlar el aumento de contagios de coronavirus– faculta al Poder Ejecutivo a suspender las aglomeraciones de personas "que generen un notorio riesgo sanitario". Sin embargo, y pese al despliegue policial previsto para acompañar las manifestaciones, en este caso los efectivos no intervinieron, pese a que la cúpula del Ministerio del Interior consideró que "hubo aglomeración".
Los policías se dedicaron en cambio a "cuidar el orden público y la propiedad" y actuaron en conformidad con la Ley de Procedimiento Policial, dijeron a El Observador fuentes de la cartera de seguridad. De acuerdo a lo que aseguraron los informantes, lo hicieron siguiendo el artículo 30 de esa norma, que establece que "en toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir".
La decisión de que así ocurriría la había adelantado el ministro Jorge Larrañaga a integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que se reunieron horas antes de la marcha con el jerarca, para trasmitirle distintas inquietudes relacionadas con problemáticas a la hora de realizar denuncias de acoso o agresiones en las comisarías, entre otros asuntos.
Mariana Morelli, integrante de ese colectivo, dijo que Larrañaga les había asegurado que "de ninguna manera existe un plan" policial para disolver las aglomeraciones. "(No habrá) ninguna operación de represión para este 8 de marzo para las mujeres que andan reuniéndose y recordando este día de lucha", señaló Morelli.
Las imágenes mostradas por la televisión y las fotografías de prensa confirmaron que, aunque con menos convocatoria que otros años, la celebración de este 8 de marzo reunió una multitud, y algunos legisladores oficialistas expresaron su rechazo en las redes sociales. Uno de ellos fue el diputado colorado Felipe Schipani, que acusó a las activistas de "irresponsables", y otra fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi, que expresó también en Twitter su más "absoluto rechazo". Otros, como el senador blanco Sebastián Da Silva, recordaron el mensaje del Ministerio de Salud Pública, que a la misma hora de la marcha subrayó que se "considera de alto riesgo la realización de todo evento que pueda devenir en aglomeración multitudinaria".
Por otra parte, según constató El Observador, la presencia policial en la principal avenida del país fue escasa, y ni siquiera hubo funcionarios policiales dedicados controlar el tránsito en el centro de Montevideo, como solía ocurrir en años anteriores.
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