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El dirigente de Fenapes, José Olivera, ante la Investigadora (dic. 2021)

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Investigadora: Fenapes comparó su accionar con la dictadura y FA dice que "criminaliza" a los docentes

La oposición apuntó a una "persecución política y sindical" y dice que los acusados fueron "seleccionados"

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27 de abril de 2022 a las 05:04

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y el Frente Amplio descartaron este martes la validez de las actuaciones de la Comisión Investigadora que, en Diputados, venía investigando las denuncias sobre licencias irregulares y le adjudicaron al oficialismo una intención política detrás de las acusaciones contra varios exjerarcas y dirigentes sindicales. 

En una "valoración primaria" la Fenapes definió este martes como "persecución política antisindical" los señalamientos de la coalición de gobierno contra varios de sus integrantes, a los que se acusó de  de fraude, estafa y falsificación por haber apelado a certificar inasistencias bajo el amparo del artículo 70.10 del Estatuto Docente y basados en un convenio entre el sindicato y las autoridades educativas cuya existencia fue cuestionada a nivel político. 

Uno de los acusados, el dirigente José Olivera, apuntó a la mayoría de la comisión por perseguir la generación de una "alarma pública" con sus denuncias. El dirigente dijo no tener ningún problema en comparecer ante la Justicia y demostrar la inocencia de los docentes. 

Olivera aventuró en conferencia de prensa que la verdadera intención del oficialismo es atacar a Fenapes, un sindicato que viene denunciando un "ajuste brutal" en la educación pública. La federación dijo este martes que hay 12 mil horas docentes aún sin adjudicar en Secundaria, con "cientos de miles" de estudiantes sin clase. Todo, dijo, porque las autoridades pretenden "hacer caja para el ajuste presupuestal". 

"Eso sí es negligencia, eso sí es jugar con la educación del pueblo", señaló. Fenapes también habló de un "ajuste pedagógico" que plantea condicionar el acceso al conocimiento al dictado del mercado laboral, instrumentando así "una educación para pobres y otra para ricos". 

El sindicato englobó las acusaciones en su contra en la política de "lawfare" de la que entre otros hablaron Luiz Inácio Lula Da Silva y Cristina Fernández para rebatir las acusaciones en su contra: el ataque contra oponentes políticos utilizando mecanismos judiciales

Fenapes se considera a sí mismo un "factor clave" en la "disputa por la educación". Así, dijo ser víctima de una ofensiva que "nos retrotrae a los tiempos más oscuros de este país, donde se torturaba y se desaparecía a compañeros". El sindicato afirmó que no claudicará ante "ningún esquema de persecución propio del fascismo".

Olivera, que anunció una serie de acciones políticas y jurídicas "a nivel nacional e internacional" sobre el tema, aseguró que las inasistencias en cuestión están amparadas bajo el Acta 90, que regula la participación de docentes en actividades de formación y gremiales. 

El docente Marcel Slamovitz, al que el diputado colorado Felipe Schipani había definido este lunes como el ""el caso emblema de un verdadero sistema organizado" para justificar inasistencias en forma irregular, utilizó las redes sociales para mostrar su postura. 

"Antes nos mandaban presos y nos hacían desaparecer. Hoy nos acusan casi de asesinos seriales" dijo.  Para el dirigente sindical el objetivo sigue siendo el mismo: la prohibición de los sindicatos, la pérdida de derechos laborales y las privatizaciones. "Para la oligarquía, el mejor sindicato es el que no existe", afirmó. 

Slamovitz dijo haberse sentido perseguido y difamado en los últimos 14 meses por los integrantes oficialistas de una "comisión trucha", para así "justificar los recortes salvajes en la Educación Pública e implementar una reforma nefasta". El docente sostuvo que "nuestro único delito" fue defender a estudiantes y trabajadores. 

No al escrache

A nivel político, el Frente Amplio consideró que el oficialismo parlamentario abusó y se extralimitó en sus potestades. "Creemos que esta comisión se excede en sus competencias" dijo durante la sesión de este lunes la diputada frenteamplista Lilián Galán (MPP). Según su visión, el abuso estuvo configurado al señalar a los "acusados" con nombre y apellido y mencionar específicamente determinadas conductas delictivas. 

En el escrito se apunta a Slamovitz y a otros cinco dirigentes. También a la exdirectora de Secundaria, Celsa Puente, y al exconsejero Javier Landoni, a los que se acusa de abuso de funciones, encubrimiento y omisión de la obligación de denunciar, como funcionarios públicos, la comisión de un delito. 

Galán sostuvo que la comisión fue más allá de su cometido establecido por ley: asesorar al Poder Legislativo en materia de legislación, control administrativo o administración interna. Cualquier otra acción, reparó, excede las potestades fijadas y configura una irregularidad. A su juicio, lo que hizo el oficialismo fue imputar personas y, en la práctica, asumir las funciones jurisdiccionales de la Fiscalía General de la Nación. 

La diputada del MPP apuntó además que la propia ley de comisiones impide que una investigadora indague a particulares, como son los dirigentes de Fenapes, a no estar sujetos a control administrativo del Parlamento. También acusó a los legisladores de la coalición de "pasarle por encima" a la Dirección de Educación Secundaria, que tiene en curso una investigación administrativa sobre el asunto. 

Galán sostuvo que la comisión ni siquiera podría haber investigado a Puente o a Landoni en su calidad de exjerarcas públicos, debido a que pertenecían a un organismo como el Consejo Directivo Central (Codicen) que goza de autonomía constitucional. La única posibilidad legal, dijo la diputada frenteamplista, giraba en torno a a investigar al ministro del ramo en funciones. Algo materialmente imposible, dado que los hechos denunciados sucedieron en la pasada administración. 

Su correligionario Enzo Malán (PS)  reparó en que la coalición dice tener comprobado que "más de 130 integrantes de la cúpula de Fenapes" presentaron certificados falsos, pero solo "seleccionó" ocho en su acusación. "Si eligen a ocho, a mí no me queda otra conclusión que llegar a que a estos se los elige por algún tipo de persecución política o sindical", afirmó. "Si no, estaríamos abriendo el abanico a todos". 

Malán ratificó la posición del Frente Amplio: la comisión investigadora "es un circo", que en lugar de "manipuladores de  bolos" tiene "manipuladores de palabras" y que "se focalizó en dar palo a la organización de los trabajadores organizados". 

La bancada del Frente Amplio concluyó que la intención fue "criminalizar" a docentes y directores que aceptaron una constancia "porque se dijo que no estaban avaladas". Malán apeló al Acta 90 de Secundaria, en la que se indica que "los trabajadores organizados tienen las garantías para desarrollar su trabajo sindical" que, interpretó, puede ser puntual, ocasional o por un largo período. 

 El diputado reparó en que el artículo 70 del Estatuto Docente, en el que se ampararon los docentes involucrados,  es el único que prevé que las faltas no afectan el presentismo o la antigüedad. 

"No creemos que estos docentes estén siendo responsables de fraude, falsificación o de todo lo que se dice acá", afirmó. Si alguno lo hizo, apuntó, es Secundaria el organismo competente para determinar si hubo o no abuso. "Nosotros no los vamos a defender, pero tampoco somos competentes para tipificar ese delito". 

Malán concedió en que, una vez finalizado el trabajo de la Investigadora, pueda haber un acuerdo para que los antecedentes sean derivados a la Justicia, sin "identificar ni escrachar" gente.

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