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Lacalle Pou destituyó a Astesiano una vez que lo imputaron

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Investigan si a Lacalle le ocultaron los antecedentes de Astesiano; FA analiza acciones parlamentarias

El Ministerio del Interior inició una investigación administrativa de urgencia porque el procesamiento de 2013 no figuró en los informes elevados al mandatario

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29 de septiembre de 2022 a las 05:02

La imputación de Alejandro Astesiano, el jefe de la custodia de Luis Lacalle Pou, cayó como una bomba en la interna del oficialismo cuya onda expansiva es aún difícil de determinar para los principales dirigentes de la coalición.

Este miércoles, Lacalle Pou comenzó a analizar los legajos de todos los integrantes del Servicio de Seguridad Presidencial y pidió al Ministerio del Interior que realice una investigación administrativa de urgencia para determinar por qué los antecedentes de Astesiano no aparecieron en dos informes que le enviaron en 2020 y 2021. 

En el Poder Ejecutivo existe la sospecha de que esa información fue ocultada a propósito aunque esperarán a conocer los resultados de las pesquisas para pronunciarse. Astesiano también fue indagado por la policía en enero de este año, algo que también era ignorado en el gobierno.

Astesiano fue enviado a la cárcel de Florida

El exjefe de la custodia del presidente, que permanecerá en prisión en Florida por 30 días a la espera del juicio, había sido procesado en dos ocasiones por estafa, algo que el mandatario aseguró desconocer. Una en 2002 y otra en 2013, esta última con prisión. Esa condena incluso fue emitida en setiembre de 2014, cuando ya trabajaba para Lacalle Pou.

Este martes fue imputado por un delito continuado de suposición de estado civil en reiteración real con delito de asociación para delinquir y tráfico de influencias.

Su envío a prisión provocó diferentes reacciones en la interna de la coalición y en el Frente Amplio. Entre los socios del gobierno se mezclaron posiciones críticas con Lacalle Pou con otras que destacaron la fortaleza institucional de investigar a un funcionario tan importante y la transparencia del presidente para presentar el caso. A su vez, desde la oposición comenzaron a analizar medidas parlamentarias y definieron la situación como escandalosa.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, calificó como “lamentable” lo ocurrido aunque reivindicó la “transparencia en el accionar de una investigación donde participan otros poderes”. 

En rueda de prensa, dijo que “es lamentable” que alguien de confianza dé estos “golpes personales”. “Lo vi muy sorprendido, y sobreponiéndose a un trago amargo, pero bueno, el presidente tiene muy claro el rol como presidente e inmediatamente siguió con su trabajo”, dijo.

En una línea similar se expresó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. El líder del Partido Independiente consideró que “habla muy bien de la fortaleza institucional del país y también habla muy bien del presidente: una salida inmediata a no esquivar el bulto, no llamarse a silencio, a explicar con claridad lo ocurrido y a tomar la decisión que corresponde”.

En tanto, el senador nacionalista Gustavo Penadés dijo que “fue una traición a la confianza del presidente” y que, con el diario del lunes, se “cometió un error” al designarlo como custodio teniendo tantas indagatorias.

El presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, aseguró que la noticia los "sorprendió" y que es un "error grave y hay que asumirlo como tal". Si bien reconoció el "principio de presunción de inocencia" antepuso la existencia de "información que era alarmante para un jefe de seguridad".

Por último, el secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, definió al episodio como penoso y molesto, y que "al propio presidente le mortifica". "Es una persona que tiene muchos años de actuación al lado del presidente y al lado entiendo que de su padre también, depositaron su confianza y este hombre no fue fiel", subrayó.

El diputado colorado Ope Pasquet coincidió en que se trata de un episodio “sorprendente y lamentable”, en el que nada menos que el jefe de la custodia presidencial está involucrado en una maniobra delictiva de esta magnitud.

La izquierda analiza acciones

Las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio comenzaron a analizar el mecanismo institucional más adecuado para reclamar responsabilidades políticas en torno al caso.

En la oposición, el punto de mira quedó fijado en Rodrigo Ferrés que, como prosecretario de la Presidencia, es el que tiene legalmente el control de todo lo que sucede con el organigrama de la custodia del presidente de la República, sobre todo a la hora de conformar y designar a ese equipo. Así lo señaló el senador Alejandro Sánchez (MPP), que insistió en que el tema configura un "escándalo internacional" para Uruguay. 

El senador frenteamplista consideró que existe una responsabilidad política del gobierno, en particular de Ferrés, al haber colocado en ese puesto a una persona con "profusos antecedentes" como Astesiano, al que describió como el líder de una "banda criminal instalada en la Torre Ejecutiva". 

"El gobierno deberá hacerse cargo —reclamó el senador—. Tiene que darle explicaciones al Parlamento". El problema, admitió, es de qué forma hacerlo. Ni Ferrés ni los demás jerarcas que están en la órbita de Presidencia tienen, constitucionalmente, responsabilidad ante el Poder Ejecutivo. Por tanto, no pueden ser interpelados ni llamados a sala, como sucede con los ministros. Se verá, apuntó Sánchez, cuál es la forma adecuada para que el gobierno acuda allí y explique este proceso. "Entraba gente a la Torre Ejecutiva para hacer negocios turbios", insistió. 

El senador Mario Bergara afirmó por su parte que la sociedad uruguaya entera "está azorada" debido al hecho de que en el gobierno no existieran los "filtros mínimos" que evitaran la designación de Astesiano como jefe de seguridad de Luis Lacalle Pou. Peor aún, indicó, cuando el propio presidente terminó de reconocer que sabía que su jefe de seguridad tenía más de 20 indagatorias policiales. 

"No logro entender cómo se llegó a esta situación" afirmó el senador, que habló de una total falta de profesionalismo y seriedad en el Poder Ejecutivo. Bergara, al igual que Sánchez, sostuvo que el hecho termina afectando seriamente la reputación internacional del país.

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