Italia fue condenada a pagar 250 millones de euros a una petrolera por negarle un permiso

Con los intereses, la cifra en realidad asciende a alrededor de € 250 millones. El monto fijado por la condena es nueve veces superior a la inversión inicial.

Otros países podrían enfrentarse a demandas similares en el futuro por la implementación de sus planes de transición ecológica. El caso pone en cuestión hasta dónde llega la soberanía de un país cuando enfrenta el poder de las grandes compañías energéticas en el marco de tratados que tienen cautivo el poder de decisión de los Estados para, por ejemplo, preservar el medio ambiente y evitar que se potencie el calentamiento global.

En 2015, el Gobierno italiano decidió prohibir nuevos proyectos de petróleo y gas a menos de 12 millas náuticas de su costa, como respuesta a la gran oposición pública y la preocupación medioambiental de la ciudadanía.

Ante esta situación, un año después la compañía interpuso una demanda contra Italia bajo el TCE por la denegación de un permiso para la construcción de la plataforma petrolífera Ombrina Mare en las costas del Mar Adriático.

Esta demanda fue posible porque el TCE protege las inversiones en el sector energético y, gracias a su mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS), permite que empresas e inversores extranjeros puedan demandar a los países cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios, presentes o futuros.

De este modo, la compensación que recibirá Rockhopper es nueve veces más la cantidad de su inversión inicial –que fue € 29,2 millones– y se asumirá con las arcas públicas del Estado.

La demanda se resolvió eludiendo los tribunales nacionales del país, ante un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tan solo tres árbitros privados que deciden a puerta cerrada.

Según Marta García Pallarés, portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión, “esta decisión favorable a Rockhopper es escandalosa, especialmente en la situación de emergencia climática y crisis energética que estamos viviendo”.

“Este caso tendrá un efecto escalofriante en las políticas climáticas de otros países productores de petróleo y gas, a menos que los gobiernos actúen ahora y desactiven el riesgo de futuras demandas saliendo del tratado”, dice García Pallarés.

La demanda de Rockhopper ha llegado a su punto álgido apenas unas semanas después de que los países alcanzaran un acuerdo preliminar para modernizar el TCE. Un proceso iniciado hace más de cuatro años que permitiría la protección de las inversiones en combustibles fósiles durante 10-20 años más si finalmente se ratifica el próximo mes de noviembre.

“La Comisión Europea ha vendido la modernización del TCE como un avance hacia la transición energética, pero la realidad es que no ha conseguido limitar los amplios poderes que otorga a las empresas de combustibles fósiles, por lo que seguirán exigiendo indemnizaciones de dinero público cuando se cuestione su modelo de negocio”, sostiene Clàudia Custodio, vocera de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión.

El caso de Italia es especialmente paradigmático, ya que en 2016 se convirtió en uno de los pocos países que abandonaron el TCE. Sin embargo, la cláusula de supervivencia que contiene el tratado permite que un Estado pueda seguir siendo demandado durante 20 años después de su salida oficial, por aquellas medidas anteriores a la fecha de salida.

Por todo ello, las organizaciones de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión instaron a los gobiernos del resto de países de la Unión Europea a retirarse en grupo de forma coordinada, neutralizando previamente esta cláusula con la adopción de un acuerdo legal “inter-se”, tal y como sostienen los expertos del campo jurídico.

(Con información de agencias)