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Jefe de policía de Flores era investigado hace al menos cuatro años
Cuando el comisario mayor Juan Ángel Fontes Etcheverría fue designado en marzo como jefe de Policía de Flores, la fiscalía lo investigaba desde hacía al menos cuatro años por presuntos hechos de corrupción cometidos en 2008.
Tanto entonces como ahora las autoridades del Ministerio del Interior confiaron en "la presunción de inocencia" de Fontes, sobre quien pesa desde este viernes un pedido de procesamiento con prisión solicitado por la fiscal departamental Alicia Abreu, señalaron a El Observador fuentes de la cartera de seguridad.
Los hechos investigados ocurrieron en 2008. A raíz de un homicidio cometido este año –que recién fue resuelto en 2016–, la fiscalía encontró elementos que fundamentaron el desarrollo de una indagatoria en paralelo, y que tuvo como sospechosos a cuatro policías por presuntamente haber entorpecido la causa. Y en ese grupo de indagados estaba Fontes, quien este lunes puso su cargo a disposición en consideración de "su situación jurídica", tal como fue informado por la Secretaría de Estado en un comunicado. El ministro Jorge Larrañaga, en acuerdo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aceptaron de inmediato su renuncia.
Al momento del asesinato, Fontes era el encargado de la Seccional 1º de Flores, la dependencia que intervino en la investigación de aquel crimen, contó la fiscal Abreu a El Observador. "Yo fui trasladada a Trinidad el año pasado, y encontré que la investigación estaba casi toda hecha", comentó.
De acuerdo a Abreu –y a la fiscal Alicia Ghione, que fue la que hizo gran parte de la indagatoria años atrás–, tanto el ahora exjerarca como los otros tres funcionarios policiales incurrieron en un delito innominado de abuso de funciones.
La figura delictiva está definida en el artículo 162 del Código Penal, que castiga "al funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales", y prevé una penan tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, además de la inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 a 3.000 Unidades Reajustables.
La defensa de Fontes, por su parte, planteó un recurso de inconstitucionalidad contra este delito y otro de nulidad, por lo que deberá esperarse el pronunciamiento al respecto de la Suprema Corte de Justicia antes de que la Justicia traslade el expediente a los abogados del exjerarca para que presenten sus argumentos de fondo acerca de la solicitud de procesamiento.
Los otros ceses
Larrañaga dispuso el 17 de junio de este año el cese de otros dos jerarcas que habían sido designados en marzo con la asunción del nuevo gobierno. Bajo el argumento de una evaluación de "desempeño y de perfiles" al cumplirse 100 días de la nueva administración, fueron relevados del cargo el entonces jefe de Policía de Artigas, Alberto González, y la directora de Bomberos, Claudia Pérez. Esta última, sin embargo, también era indagada por presunta corrupción.
Pérez enfrentaba una investigación interna de la secretaría de Estado y otra penal presentada el 5 de febrero de este año por la administración del exministro del Interior Eduardo Bonomi. En ese entonces, la jerarca se desempeñaba como jefa de la Región III, por lo que tenía a cargo los destacamentos de Colonia y Soriano.
El caso comenzó a investigarse a mediados del año pasado, y se determinó que Pérez desafectaba de las tareas a tres bomberos del destacamento de la estancia presidencial de Anchorena para hacer uso de las instalaciones con su familia durante los fines de semana largos o vacaciones.
La denuncia también incluía “amenazas efectuadas a los bomberos denunciantes para que no declaren en su contra durante la investigación y la adulteración de documentación pública”.
También se denunciaron irregularidades en cuanto al vínculo laboral entre Pérez y su marido, que estaba bajo su cargo.
Pérez tiene 50 años y 28 en servicio en el Ministerio del Interior. Las supuestas maniobras comenzaron en 2018 aunque los trabajadores la denunciaron ante el sindicato en mayo de 2019 y, luego de tres meses de recolectar pruebas, Bomberos comenzó a investigar.
