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Jefes de Policía dicen que bajó el personal entre 5% y 20% en 15 años

Los jerarcas entregaron informes sobre el estado de situación de las jefaturas

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12 de abril de 2020 a las 05:00

Una de las primeras órdenes que recibieron los 19 jefes de policía al asumir sus cargos el 2 de marzo fue elaborar un informe sobre el estado de situación de las jefaturas luego de tres gobiernos del Frente Amplio. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, les dio un plazo de una semana para que los jefes entregaran un escrito en el que analizaran cómo se administraron los recursos humanos en los últimos 15 años, y en casi todos los casos hubo un común denominador: los jerarcas remarcaron con números precisos la disminución de la cantidad de policías y la preocupación por revertir esa situación, señalaron fuentes policiales a El Observador.

Los informes dieron cuenta de algunas variables que contribuyeron a la “merma del personal” durante la gestión del exministro Eduardo Bonomi, cuya mayor o menor incidencia dependió de cada jefatura, pero todos reportaron la influencia del fortalecimiento de la Guardia Republicana, la priorización de la Jefatura de Montevideo, la falta de control en las certificaciones médicas y la demanda de personal del Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otras, agregaron los informantes.

Una de las jefaturas que más sufrió el descenso en la cantidad de policías con el correr de los años fue la de Canelones. El informe entregado a la cúpula de la cartera de seguridad señala que entre 2014 y este año se registró una reducción de 250 policías, por lo que en el transcurso de seis años el departamento pasó de tener 2.350 uniformados a los 2.100 que hay en la actualidad. 

Sin embargo, a ese número hay que restarle los aproximadamente 500 policías que se encuentran en su mayoría con certificación médica por el Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial (ver recuadro), o están sumariados por diversas razones, por lo que la capacidad operativa de la jefatura canaria está disminuida en 20%; es decir, cuentan con 1.700 funcionarios, de acuerdo al reporte elaborado por el jefe Víctor Trezza.

Traslados a cárceles

En Rocha, la disminución de personal se dio en forma menos acelerada pero en un período mayor. De acuerdo al informe entregado a Larrañaga por el jefe Jorge García Montejo, desde 2007 a la fecha se registró una disminución de cerca del 18% del personal subalterno, y del 50% de los oficiales. Esa merma, en cifras, significó casi 90 uniformados menos en el departamento en 13 años. 

En el informe de Rocha, el jefe de policía local detalló que la reducción se debió principalmente al cambio de jurisdicción de la cárcel departamental, que en 2012 pasó a manos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) –un cambio que se dio en todo el país– y que generó que 30 efectivos pasaran a controlar el centro carcelario.

También mencionó como un factor que contribuyó en el descenso que se priorizó a Montevideo a la hora de llenar las vacantes. Con un total de 550 efectivos, el descenso implicó una pérdida de cerca del 14% de los recursos humanos.

En el departamento de Salto, el principal problema que identificó el jefe policial, Carlos Ayuto, fue la “alteración del escalafón administrativo”, que eliminó algunos cargos intermedios, lo que a la larga desencadenó una menor reposición de las vacantes. 

Según las fuentes, el jerarca calculó una disminución de entre 5% y 8% del personal operativo en los últimos diez años, y dio cuenta además de un problema que no es exclusivo de ese departamento: la alta demanda de custodias de mujeres víctimas de violencia doméstica, para las que se destinan cerca de 60 efectivos, lo que equivale a un 10% de los policías de Salto.

Otra jefatura que informó de la reducción de cargos policiales es la de Cerro Largo. El informe presentado por José Adán Olivera indica que también en la última década se perdieron allí 128 funcionarios policiales, lo que dejó a la jefatura con los 450 que tiene actualmente. En este caso también afectó “la absorción de personal del INR” y el envío de recursos “a unidades como la Guardia Republicana para reforzar la presencia policial en Montevideo y su área metropolitana”, señalaron las fuentes.

Ese informe dio cuenta de que en la administración de Bonomi se apuntó a potenciar las unidades represivas, mientras que las jefaturas del interior y las comisarías “quedaron vacías”, agregaron.

Fuentes de la Jefatura de Rivera informaron que en su reporte, el jefe Wilfredo Rodriguez informó que ese departamento está “a la par” del resto y que la reposición de vacantes es inferior a la demanda. “Nos falta personal en todos lados, y es algo que se siente, por lo que les tenemos que pedir a los policías que redoblen el esfuerzo para poder cumplir con las misiones y estrategias”, señaló uno de los informantes. 

Larrañaga estaba al tanto de estas situaciones incluso antes de recibir los reportes. El 3 de marzo, en una rueda de prensa que dio en Canelones al inaugurar el primer operativo de patrullaje de su gestión, se refirió al asunto y dijo que se necesita “personal para todas las jefaturas del país”. 

Ese día anunció que el presidente Luis Lacalle Pou había autorizado que se refuerce la Guardia Republicana con 2.000 efectivos más, que se envíe al sistema carcelario cerca de 600 funcionarios y que el siguiente paso será atender la demanda de los departamentos. 

Integrantes de la cúpula ministerial de Eduardo Bonomi señalaron, por su parte, que hubo transformaciones institucionales, como el fortalecimiento de las brigadas de droga locales, que no necesariamente implicaron el quite efectivos de los departamentos.

500 certificados en la capital
En una visita que hizo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, a la ciudad de Mercedes el 21 de marzo, se refirió al tema de las bajas de los uniformados por temas de salud. “Hay problemas con las certificaciones médicas que se prolongan en el tiempo. Nosotros no vamos a aceptar eso, vamos a actuar dentro del marco legal, porque no es posible que alguien esté certificado durante dos años, un año y medio, o un año. No es posible y no es justo, y no se compadece con la lógica porque están certificados en algunos casos como para portar el uniforme pero no para trabajar en otra cosa, y terminan recibiendo el sueldo del Estado”, criticó.
Las jefaturas de Salto, Montevideo y Rocha, por ejemplo, son algunas que tienen una cantidad importante de funcionarios bajo este régimen. En Montevideo hay al menos 500 funcionarios en uso de esas certificaciones y en Salto no menos de 30. “Si a los tres años el policía sigue sin estar en condiciones de reintegrarse, se le inicia un sumario para darlo de baja, lo que también lleva un tiempo, por lo que la licencia en algunos casos se extiende hasta cuatro años”, señaló una fuente.
Este régimen, que se creó por ley en 2008, es una de las causas más mencionadas para explicar la falta de personal en los departamentos. Según contaron fuentes policiales, hay funcionarios que se aprovechan del beneficio, que llegan a estar con licencia médica hasta por tres años, y al tiempo que reciben un subsidio equivalente al 65% del promedio salarial de los últimos cinco años, se desempeñan en otros trabajos. 

 

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