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José Ignacio: proyecto millonario de empresario argentino irá a audiencia pública por posibles impactos en el ambiente
Una casa de 1.647 metros cuadrados y US$ 5,6 millones proyectada por el empresario argentino Eduardo Costantini en la costa del balneario José Ignacio deberá pasar por una audiencia pública pedida por los vecinos de José Ignacio, que entienden que la zona tiene un valor social y cultural en la vida del balneario, según documentos a los que accedió El Observador. La audiencia pública se realizará el próximo miércoles 3 de agosto a las 17:30 horas en el Club Social Recreativo Garzón del balneario Garzón.
Se trata de una casa de dos pisos casi a nivel del suelo, con una casa de huéspedes al costado, que cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Secretaría desde febrero y de la Intendencia de Maldonado (IDM) desde marzo. "Es de los mejores proyectos que se podía realizar para esa zona", dijo a El Observador la directora de Urbanismo de la Intendencia, Soledad Laguarda.
Los vecinos de la zona entienden que el lugar donde será construida la casa es "muy importante desde el punto de vista social y cultural, sin perjuicio del valor ambiental que este tiene", según la petición de los vecinos, representados por el abogado Mauricio Fioroni, que se desprende del documento con la demanda de los vecinos.
Para los habitantes de la zona este padrón es considerado un "espacio libre" por el que "acontecen las caminatas de pobladores y visitantes" y que es "parada obligatoria para todos por sus vistas inigualables y por la presencia de formaciones rocosas singulares y muy llamativas".
Los vecinos más cercanos al padrón donde se planea construir la casa realizaron un acuerdo con Costantini, también representados por Fioroni, según supo El Observador. En este marcaron procedimientos para controlar la altura de la construcción en tiempo real, algo que la IDM y Ambiente no realizaron, por ejemplo, en la construcción de la casa de los hermanos Sánchez Elía, nietos del conocido chef Carlos “Gato” Dumas, también en José Ignacio, denunciada por varias irregularidades en el ordenamiento territorial y las normativas edilicias y ambientales que marca el balneario. Junto a esta, también fue denunciada una construcción del empresario Andrés Reinaldo Rossi, ambas llevadas a la justicia por la Asociación Civil Liga Punta José Ignacio a principios de 2022.
También pidieron que la obra se ajuste a lo que presentó en su estudio ambiental al Ministerio, que no se utilicen explosivos y que la obra se suspenda durante el verano. Consultado por El Observador, Fioroni confirmó la existencia de este acuerdo, pero aclaró que no dará más detalles por el secreto profesional.
"Metido" en el suelo
Según Laguarda, la construcción está ubicada en el padrón 27 de la punta de José Ignacio, un terreno rocoso dentro de la "faja de protección costera", frente a la playa. Para Laguarda el proyecto es "interesante por cómo se implanta", debido a que "se acomoda a la hondonada" de rocas, además de que parece "metido" dentro de la vegetación, ya que parte del suelo que levantará será colocado en el techo.
"Será necesario realizar excavaciones y rellenos, que exigen movimientos de suelo y deberá tomarse como principio general que el material de suelo excavado sea reutilizado para rellenos o nivelaciones", indica el Informe Ambiental de la obra al que accedió El Observador, realizado por la consultora ambiental Enviro, cuyo director es Daniel Sztern, representante legal de Costantini.
Según marca el estudio, que también descarta un posible daño al afluente de agua en la zona y detalla que casi no hay fauna que pueda ser desplazada, se deberán excavar 990 metros cúbicos de suelo vegetal, 1.520 metros cúbicos de arena y 190 metros cúbicos de roca.
"Estos movimientos de tierra pueden implicar asimismo cierto grado de alteración del suelo asociado a esta pérdida de la cobertura vegetal, lo cual aumenta los riesgos de erosión", reconoce el estudio, pero afirma que "el acondicionamiento de la cubierta vegetal" en el techo del edificio "contribuirá a minimizar la acción erosiva del agua".
"Se preservan las visuales al mar desde la calle pública, la arquitectura propone mantener las rocas y se acomoda a los niveles existentes integrándose al paisaje con sus formas y materiales", indica la Resolución N° 03265/2021 de la IDM que sugiere aprobar la obra, firmada por el intendente Enrique Antía en junio de 2021, a la que accedió El Observador.
Evaluación ambiental
El aval de la Intendencia se basa en el Expediente 2021/14000/004380 del Ministerio de Ambiente, que califica al proyecto en la categoría B, que "puede tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados".
En este expediente se advierte que el estudio de impacto ambiental que se realice de la obra debe tener especial atención en la "afectación al paisaje", la "afectación por emisiones sonoras", los "impactos derivados del movimiento de suelos y rocas", y el "plan de gestión ambiental" durante la construcción.
El documento también aclara que la construcción deberá obtener primero la autorización ambiental previa de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea, antes conocida como Dinama) del Ministerio de Ambiente. Laguarda explicó que al tratarse de una obra dentro de la faja de protección costera, la Dinacea determinó que para llegar a una evaluación positiva se debe conocer la opinión de los vecinos.
Sin embargo, según el expediente N° 2021/000212 del Ministerio de Ambiente, con fecha al 14 de julio, al que accedió El Observador, fue la Asociación Civil Liga Punta José Ignacio la que pidió que se convoque a esta audiencia pública como parte del proceso de autorización. En la petición el abogado Fioroni se ampara en el artículo 16 del decreto 349/005, que permite convocar a una audiencia pública aunque el proyecto no represente un daño ambiental mayor en los estudios (lo que entraría en la categoría C) "si hay repercusiones de orden cultural, social o ambiental".
En un principio la Dinacea rechazó la realización de la audiencia en febrero de 2022. "Esta dirección entiende, que no corresponde la celebración de la realización de la audiencia pública", indica el documento que también enmarca la petición, firmado por Eduardo López, director de la Dinacea.
Sin embargo, en julio el ministro de Ambiente, Adrián Peña, revirtió la decisión e instauró la audiencia. "En los procesos de toma de decisiones ambientales debe tenderse a brindar el máximo acceso a la información ambiental y al intercambio de consultas y opiniones entre los interesados y el público en general", indica la última resolución de la cartera, firmada por Peña.
