Nacional > Narcotráfico

Jueza envió a la casa a uno de los imputados por la incautación histórica de cocaína

La jueza Beatriz Larrieu lo dispuso por el estado de salud del peón que participó en la carga de la droga, pese a que un tribunal de apelaciones dispuso que fuera a prisión

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24 de febrero de 2020 a las 18:32

La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu ordenó el arresto domiciliario para uno de los cuatro hombres que habían sido imputados con prisión tras la incautación a fines de diciembre de las casi seis toneladas de cocaína encontradas en dos contenedores en el puerto de Montevideo y en una estancia de Soriano.

En una audiencia que tuvo lugar este mediodía, los abogados del hombre, Enrique Erramuspe y Carlos Colmenero, alegaron que su defendido se encontraba atravesando una infección pulmonar y que ese cuadro –constatado por un médico forense– le imposibilitaba esperar el juicio oral en la cárcel, y la jueza estuvo de acuerdo.

La medida cautelar dispuesta contra el hombre vencía este martes, ya que el 28 de diciembre había sido enviado a prisión preventiva durante 60 días, imputado por los delitos de tenencia y exportación de droga en grado de tentativa. Ese mismo día, la justicia imputó al empresario Luis Gastón Murialdo Garrone, propietario del establecimiento rural Las Camelias –en donde se encontraron además 1.400 kilos de cocaína– y su hijo, además de otro peón de la estancia que también es defendido por Erramuspe y Colmenero.

Los Murialdo continúan en prisión ya que aún no se vencieron sus respectivos plazos también decretados ese día:180 días para el padre y 90 para el hijo.

Los peones, no obstante, no cumplieron con todos los días de cárcel dispuestos en un primer momento. Antes de culminar con el plazo ordenado, fueron trasladados durante unos días para sus casas porque la jueza Larrieu entendió el 7 de febrero que no había méritos para mantenerlos tras las rejas. La fiscal del caso, Stella Llorente, apeló esa decisión, y el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno revocó la semana pasada la decisión de la magistrada, por lo que los hombres, que pasaron dos semanas en sus casas, debían volver a la cárcel. 

Uno de ellos lo hizo tras una audiencia este viernes en la que se ejecutó la sentencia del tribunal, pero el otro, el enfermo, seguirá recuperándose en su domicilio, ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Carmelo (Colonia). En este caso, Larrieu contravino los argumentos de la fiscalía que apuntan a que detrás del caso hay una poderosa banda de narcotraficantes con raíces en Bolivia y Uruguay, y que podrían facilitar la fuga del imputado, entre otras razones.

El fiscal de flagrancia Rodrigo Morosoli –quien subrogó a Llorente, de licencia debido a Carnaval– incluso se opuso a las razones de salud presentadas por los abogados, ya que el certificado médico y el informe forense no explicitaban que el enfermo no pudiera estar en la cárcel.

"Entiendo que en este momento es riesgoso para su salud", dijo la magistrada en la audiencia. Y agregó: "Todos sabemos que la situación carcelaria no favorece a una pronta recuperación de ningún problema de salud".

La jueza dispuso que dentro de 72 horas el imputado debe ser visto por un médico forense para que evalúe si el hombre no está en condiciones de cumplir la medida cautelar tras las rejas, pero hasta entonces esperará esa resolución en su casa –pese al fallo de segunda instancia que señala que tanto él como el otro peón deben esperar el juicio en prisión.

Esta investigación, que comenzó el 27 de diciembre, es histórica porque en Uruguay nunca se incautó tanta droga como ese día. Incluso, la incautación fue superior a la que tuvo lugar en junio de 2019 en Hamburgo, cuando las autoridades de Alemania encontraron 4.500 kilos de cocaína en un contenedor que había partido desde el puerto de Montevideo –y que también fue una cantidad récord en ese país. Por este caso, hay solo un imputado –Martín Mutio–, quien desde el 5 de febrero aguarda el juicio oral bajo régimen de prisión domiciliaria, también por decisión de la jueza Larrieu.

La firma extraña

La empresa de Murialdo, llamada Camelia Sociedad Agraria, había levantado sospechas en las autoridades de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). Esta compañía fue abierta aproximadamente seis meses antes de las incautaciones con el objetivo de realizar principalmente exportaciones de Soja a Togo, un país africano ubicado al norte del Golfo de Guinea que es destino poco usual para productores uruguayos.
De acuerdo a los datos aduaneros a los que accedió El Observador, Murialdo había hecho tres exportaciones en diciembre –los días 11, 12 y 20–, y la sociedad es la única que exportó esa mercadería a Togo en 2019. Llevó a ese país un total de 239 mil kilos de “residuos sólidos de la extracción de aceite de soja harina y pellets”, como consta en la documentación.
Desde antes que hiciera esos envíos, las autoridades de Aduanas comenzaron a hacer “una paciente investigación”, aseguró el director de la DNA,Jaime Borgiani, el viernes 28 en rueda de prensa. “Nuestros servicios de inteligencia nos habían informado acerca de una empresa nueva que estaba chequeando con varios despachantes cómo iban a ser los nuevos controles de exportación de Aduanas”, dijo el jerarca, en referencia al nuevo sistema de seguridad que comenzó a regir en noviembre, luego de la renuncia del anterior jerarca, Enrique Canon, por no haber detectado 4.500 kilos de cocaína confiscada en Hamburgo.
De acuerdo a la teoría de la fiscalía, los peones colaboraron con los Murialdo con la logística de la carga de la droga. De hecho, los hombres fueron detenidos en Las Camelias ––estancia ubicada cerca de Dolores– tras una redada en ese lugar a cargo de la brigada de narcóticos, horas después de que se encontraran la mayor parte de la droga en el puerto. Lo que quedaba por confiscar, 1400 kilos, también se encontraron allí.

 

 

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