Jueza pidió realojar a ancianos pero no hay a dónde llevarlos

Los nueve ancianos que fueron encontrados este jueves en un galpón en Río Branco (Cerro Largo) continúan internados porque las autoridades no encuentran un lugar a dónde llevarlos. Ocho de ellos están en el hospital del pueblo y uno debió ser trasladado a Montevideo porque tenía una infección en una pierna. Al cierre de esta edición, la jueza subrogante Sylvana García había pedido a uno de los hogares autorizados del pueblo que recibiera a los adultos mayores. Las autoridades del residencial habían solicitado asesoramiento a un abogado porque no podían hacer lugar a la petición. Según dijo a El Observador el alcalde de la localidad, Christian Morel, ese hogar no tiene capacidad para hacerse cargo de los internos.

Además, cuatro familias de los ancianos habían sido contactadas, pero solo una podría hacerse responsable de su familiar. El resto de los familiares no habían sido ubicados y tampoco había lugar en ninguno de los hogares que dependen de la administración pública en todo el país, dijeron a El Observador fuentes de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El dueño del residencial clandestino, Marcelo López, fue liberado este viernes por la Justicia y quedó en calidad de emplazado. El hombre habló con El Observador y contó en qué condiciones vivían los ancianos ya que, según su testimonio, “están en buen estado”.

López sostuvo que los internos no vivían en el lugar que fueron encontrados –un galpón en el medio del campo–, sino que él los había trasladado porque se “asustó”, ya que le habían comentado que llegaría una inspección del Ministerio de Salud Pública (MSP) al pueblo.

El hombre señaló que ya estaba “cansado de los problemas” que le había traído el residencial, por lo que pretendía llamar a los familiares de los ancianos para que los retiraran. “Los llevé por unas horas nada más para llamar a los familiares (...) Yo les iba a llevar las camas de noche, por si los agarraba la noche, porque las tengo yo”, sostuvo. López contó que cuando encontraron a los ancianos, hacía “tres o cuatro horas” que estaban en ese galpón.

El residencial costaba entre $ 3 mil y $ 9 mil, ya que la tarifa variaba entre los internos. Las familias que estaban presentes pagaban al dueño la cuota mensual y los ancianos que estaban solos iban a cobrar su pensión o su jubilación para cumplir con el pago.

López admitió que el residencial era clandestino y que “hace años” había intentado ponerlo en regla, pero nunca culminó los trámites. “Hay familias que me piden que yo siga (con el hogar), pero no quiero seguir más, porque ya bastantes problemas me dio”, agregó.

El alcalde sostuvo que “el pueblo entero” sabía que el residencial de López funcionaba de forma clandestina. Consultado sobre si hay otros hogares ilegales en esa localidad, el jerarca sostuvo que ese era el único, ya que los otros dos que hay están en regla. “No han tenido la responsabilidad suficiente desde el gobierno central para venir a controlar y a autorizar este tipo de residenciales”, sostuvo. Morel explicó que la alcaldía no había podido tomar acciones sobre el hogar clandestino porque cuando iban a inspeccionarlo les decían que era una casa de familia.

“El 17 de abril de este año le avisé a Bromatología, los notifiqué de que no tenían saneamiento. Porque ni eso tenían, tiraban las aguas servidas para la calle”, señaló.

Desde entonces, el hogar clandestino se mantenía operativo, pero “nadie podía hacer nada”, agregó. Además, las tarifas del residencial de López eran bastante más bajas que las de los otros dos hogares, ya que los autorizados cobran más de $ 12 mil por los servicios.

El alcalde contó que al dueño del lugar le avisaron el jueves a las 10 de la mañana que llegaría la inspección del MSP, por lo que comenzó a trasladar con la ayuda de su hijo a los ancianos al campo. “Los llevó como si fueran bolsas de papas. Si la inspección hubiera demorado cuatro días, estas personas hubieran estado cuatro días en campaña”, opinó.