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Justicia obliga a Intendencia de Maldonado a liberar información sobre cámaras de seguridad

En setiembre el pedido de acceso de los ediles del Frente Amplio fue rechazado; ahora un tribunal de apelaciones falló a favor

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03 de enero de 2018 a las 17:52

Un tribunal de apelaciones obligó a la Intendencia de Maldonado a informar a la Junta Departamental sobre el contrato por el cual pagó US$ 18 millones a una empresa israelí por la instalación de cámaras de seguridad con las que la Policía monitorea el departamento.

La sentencia del tribunal revocó la sentencia de la Justicia civil de Maldonado que en primera instancia había hecho lugar al pedido de la comuna de declarar a la información "reservada". La jueza María Constanza Farfalla desestimó el acceso público a la información.

Pero ahora la administración del nacionalista Enrique Antía deberá informar a los ediles frenteamplistas el contenido de la contratación de la empresa Elby Security Sistems.


El edil del Frente Amplio en Maldonado Joaquín Garlo fue quién presentó la demanda, apeló al perder en primera instancia y ahora confirmó a El Observador que el tribunal le hizo lugar a su pedido.

Para evitar entregar la información, la intendencia presentó dos informes de abogados que alegaban la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley de acceso a la información pública, que establece que "es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones". Esos escritos fueron desestimados por la Justicia.
Garlo argumentó que la compra de sistemas que hacen a la seguridad pública no es competencia del gobierno departamental, sino del Poder Ejecutivo.

"En Maldonado la intendencia se adelantó (al Ejecutivo) porque Antía considera que este es su feudo y que hace lo que quiere. Nosotros estamos para controlar esas actuaciones que no se ajustan a las norma", dijo en aquel momento.

Por este caso Antía fue interpelado a comienzos de diciembre en la Junta fernandina. En una sesión que duró 10 horas, los ediles de la oposición de Maldonado cuestionaron que la compra se haya realizado de manera directa y sin que se evaluaran diferentes ofertas.

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