Justicia ordena al Ejecutivo aceptar recurso de Toma por presunto prejuzgamiento de Lacalle

En la sentencia del juez Pablo Gandini, emitida este lunes y a la que accedió El Observador, se concluyó que concurrieron "todos los elementos para que proceda la acción de amparo", y que la decisión del Poder Ejecutivo de ni siquiera analizar el pedido de Toma generó "una lesión" del derecho al debido proceso administrativo.

Lo que Toma había solicitado era que se investigara si durante la investigación —que culminó en un sumario, actualmente en curso– hubo filtraciones a la prensa dentro del Poder Ejecutivo al divulgarse detalles del proceso, y que se analizara si había fundamentos para recusar a Lacalle Pou, ya que a su entender el presidente lo prejuzgó a través de la prensa, al emitir juicios de valor sobre su persona y el proceso disciplinario, además de someterlo en suma a un proceso sin garantías.

El mandatario no había dado lugar al pedido, y luego el juez Gabriel Ohanián confirmó esa decisión, en el entendido de que no se había "lesionado, restringido, alterado o amenazado con ilegitimidad manifiesta, ningún derecho". Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno revocó en marzo esa sentencia y ordenó a la Justicia de lo Contencioso Administrativo que diera trámite al recurso, lo que ocurrió ahora en favor del exjerarca del último gobierno del Frente Amplio.

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La sentencia, no obstante, aclara que su determinación "no implica la suspensión del sumario", aunque los planteos de Toma sí deben resolverse "antes que el trámite del sumario pase para resolución, habida cuenta que se trata de un incidente recusatorio sobre la persona del presidente de la República Dr Luis Lacalle Pou que integra el Poder Ejecutivo".

El fallo también define que "la conducta procesal desplegada por las partes ha sido correcta, razón por la cual no se impondrán sanciones en el grado".

En declaraciones a Radio Sarandí, Toma había dicho que se estaba "reservando todos los derechos" para eventualmente demandar a quienes, a su entender, emprendieron una "operación, desde el día cero", cuando fue objeto de este proceso administrativo.

Toma dijo en ese sentido que "la operación quedará probada en la Justicia", y que "en la medida que los procesos migren a la justicia ordinaria, se desplomará el caso que armaron, a lo pampa y con poder". "Estoy tranquilo porque tengo razón y la voy a probar", agregó el actual fiscal de gobierno, separado del cargo preventivamente durante seis meses, como consecuencia del sumario iniciado en diciembre pasado.

"El pecado que no me perdonan es haber defendido a Uruguay como lo hice, ganando todos los arbitrajes. Pero les duele muy especialmente mi desempeño en Aratirí y en el Plan Cóndor. Ojalá que Uruguay siga el camino de no dejarse amedrentar con amenazas de juicios arbitrales", añadió Toma, respecto a los motivos por los cuales realizó los viajes en los que cometió una serie de "hechos irregulares", según la investigación. Entre ellos, no haber podido acreditar la autorización del entonces presidente Tabaré Vázquez para incluir a una contadora del gobierno –que no se desempeñaba en Presidencia– en las delegaciones que viajaron a Roma (Italia) y Washington (Estados Unidos) en 2019 y 2020 para participar de los litigios referidos.

"Entonces, enfrento con orgullo este cruel proceso. Aunque me estoy reservando todos los derechos contra todos y cada uno de quienes han montado esta operación, desde el día cero. El prejuzgamiento es el día cero", dijo Toma, y concluyó: "La investigación es el día uno. El sumario, con el prejuzgamiento asociado es el día dos. Estoy pronto para recibir los próximos días. Aunque en este momento prefiero optar por concentrarme en el proceso"