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Jutep analiza pedido del esposo de Carolina Ache sobre declaración jurada: ¿puede ser reservada?

“Estoy casada con separación de bienes por capitulaciones matrimoniales, por lo que no cuento con bienes gananciales”, aclaró Ache Batlle en su declaración

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15 de septiembre de 2022 a las 12:10

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) envió una alerta a la vicecanciller, Carolina Ache Batlle, para que presente la declaración jurada de su esposo, el empresario Tomás Romay, debido a que no anexó esta documentación cuando presentó su propia declaración en 2020 y 2022, como indica la Ley Cristal, informó Búsqueda y confirmó a El Observador Guillermo Ortiz, vicepresidente de Jutep.

Ache dijo a El Observador que ella presentó sus declaraciones "en tiempo y forma", y que luego recibió una solicitud por parte de Jutep para presentar la declaración de su esposo "para publicar". Según la vicecanciller, Romay se presentó, también en los tiempos correspondientes, ante la Junta y mostró su disposición para declarar sus bienes, pero solicitó que sea bajo reserva. 

Esta información fue confirmada por Ortiz, quien expresó que el pedido del esposo de Ache será analizado por la directiva de Jutep, dentro de la que hay "opiniones divididas" sobre la pertinencia de publicar las declaraciones juradas de los cónyuges de los "obligados" a presentar su declaración, indicó el vicepresidente.

En esa primera declaración, presentada en abril de 2020, Ache declaró un total de bienes de $ 27.254.093 (US$ 633.816 con el dólar a $ 43, cambio que ella aclara en el documento), y a la hora de hablar sobre los bienes gananciales, compartidos con su matrimonio, aclaró: “Estoy casada con separación de bienes por capitulaciones matrimoniales, por lo que no cuento con bienes gananciales”, según el documento publicado en la página web de Jutep.

En su nueva declaración de 2022, en la que presentó un patrimonio de $ 33.764.126 (alrededor de US$ 830 mil), volvió a presentar la misma aclaración.

Según Ortiz, la falta de la declaración no pasó por la directiva de la Jutep, sino que cuando Ache presentó su documento "saltó una alerta" por la ausencia de la declaración de Romay en el sistema, algo que el vicepresidente entiende "común" cuando suceden casos de este estilo, con separación de bienes. Cuando aparece una alerta, un funcionario de la Jutep envía un mail al funcionario responsable para comunicarle sobre su situación.

Ortiz explicó que hay dos interpretaciones a la Ley Cristal, como se denomina a la Ley N° 17.060: Ortiz entiende que no se debe hacer pública la declaración del cónyuge, ya que "en la ley habla de publicación de los obligados, pero nunca menciona a los cónyuges". La otra postura, según el jerarca, sostiene que "la declaración del cónyuge es parte integrante".

En parte por esta situación, Jutep estudia la elaboración de un "anteproyecto de decreto reglamentario" de la Ley Cristal –también conocida como Ley Anticorrupción–, declaró Ortiz. En este proceso recibieron el asesoramiento de un comité experto de las Naciones Unidas (ONU) que visitó Uruguay. Aún no tienen plazos para redactar un documento que deberán presentar al presidente, Luis Lacalle Pou.

Esperan a Sartori

La Jutep espera la llegada al país del senador nacionalista Juan Sartori para citarlo ante la Junta con el fin de que presente sus descargos y realice su defensa ante el reclamo del organismo por la falta de la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva. El organismo concluyó que "no existe duda" de que el senador nacionalista Juan Sartori omitió incluir el informe de su cónyuge, lo que sostuvieron constituye una "falta grave".

Ortiz explicó que al tratarse de un senador, la Jutep quiere que Sartori "firme personalmente" la citación por una cuestión "formal". La institución entiende que el legislador volverá en octubre al país. Cuando llegue, le darán entre 48 y 72 horas para presentarse ante las autoridades.

Este proceso podría atrasarse si el legislador presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Cristal ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), intención que adelantó en comunicación a la Jutep en agosto. Si esto se efectiviza, la SCJ deberá analizar el recurso antes de que se avance en el reclamo de la Junta.

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