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Jutep tratará el caso Moreira a partir de febrero porque no lo considera urgente
El dictamen final de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre la denuncia a Carlos Moreira, intendente de Colonia, por parte de ediles frenteamplistas no va a estar hasta febrero de 2020. "Ya estamos sobre fin de año, el 24 (de diciembre) entramos en receso, probablemente salga en febrero", aseguró a El Observador el vicepresidente del organismo, Daniel Borrelli.
El receso de la Jutep termina, al igual que el del Poder Judicial, el primero de febrero. "A mí me parece que por el volumen de trabajo que tengo no creo que salga hasta esa fecha", aseguró Borrelli.
La denuncia fue presentada este martes porque, por norma legal, 90 días antes de las elecciones no se pueden realizar reclamos de este tipo.
Borrelli dijo que para él no se puede tomar el caso de Moreira como urgente porque es una denuncia por parte de ediles. "Una vista fiscal sobre algún asunto importante donde estén vinculado funcionarios públicos sí puede ser tomado de urgencia", aseguró, quien remarcó que la Jutep no califica delitos, sino faltas administrativas.
Moreira fue denunciado por ediles de la bancada del Frente Amplio de la Junta Departamental de Colonia, quienes presentaron una solicitud formal para que se elabore un informe técnico sobre el "comportamiento" y las "expresiones" de los audios que se filtraron por parte del intendente de Colonia.
El 18 de octubre, a pocos días de las elecciones nacionales, se filtraron conversaciones entre Moreira y María José García, edila nacionalista, donde el intendente sugiere estar dispuesto a extender pasantías de trabajo, que ella solicitaba, a cambio de sexo.
García fue quien grabó los audios y hace unos días presentó una nueva denuncia penal contra él. La edila aseguró haber sido víctima de acoso sexual y acusó a Moreira de haber incurrido en abuso de funciones.
Antes de esta denuncia, la abogada Beatriz Scapusio, defensora del intendente de Colonia, presentó ante la fiscal Eliana Travers una denuncia por simulación de delito, calumnia y difamación por divulgar grabaciones de contenido íntimo sin autorización.
En el documento presentado este martes, los ediles frenteamplistas aseguran que "el pedido transcurre en tono normal y sin ninguna insinuación por parte de la solicitante (García)" y acusan a Moreira de actuar de manera "insistente, grosera y vulgar". "Pedir no es un delito, otorgar concesiones fuera de norma, sí lo es", detallan en el documento.
