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La basura que se desvía a los asentamientos y la propuesta de la IM para tener reglas claras
Juan Carlos Silva, parado entre bolsones repletos al costado de su casa en el barrio Marconi, es la prueba fehaciente de que una cosa son los papeles oficiales y otra la realidad. Sus manos se escurren de memoria entre los plásticos descartados, los papeles, metales ferrosos, no ferrosos, los nailon. Cada uno tiene su lugar, cada uno va a rendir su fruto. A un lado está el camión que los levantó. Hace años que ya no está el carro a caballo.
En la letra objetiva de las normas, esa escena hubiera estado fuera de regla. Cada bolsa de esas tendría que estar saliendo del comercio a la caja del camión, y de ahí a la usina Felipe Cardoso.
Pero la administración de Carolina Cosse detectó que eso no estaba pasando, que la basura se desviaba primero a los barrios, que los históricos clasificadores convertidos en transportistas formales con eso también “hacen el pan”.
“Estamos en el medio de una cultura de trabajo, pobreza y el narco, y esta es una empecinada forma de hacer el peso con dignidad”, sostiene Silva en la orilla del Pasaje B, un camino de pedregullo que desemboca en el muro de la Escuela de Oficios Don Bosco.
La intendenta Cosse firmó el mes pasado la resolución para crear un programa sociolaboral y ambiental “a efectos de regularizar las diversas situaciones” constatadas. En otras palabras, transparentar las derivaciones de una realidad más compleja que las reglas, y que en este caso refiere al tramo más formal de una cadena que suele funcionar en negro.
“Siempre pedimos que nos dejen clasificar. Así por lo menos algo recuperamos”, dice Silva, uno de los abanderados para coordinarlo con la Intendencia de Montevideo (IM). Él es uno de los cerca de 70 emprendimientos de exclasificadores que hoy figuran en el registro de transportistas de la comuna –bajo condiciones al día de BPS, DGI, vehículos con GPS, seguro, entre otros requisitos–.
Silva levanta todos los días los despojos de comercios, y “día por medio” hace el traslado a Felipe Cardoso. Antes, siempre, hay algo para rescatar. En unos minutos pasará el encargado del depósito del barrio –el último eslabón de la cadena que termina con la venta de los materiales a las compañías que los reinsertan en el mercado– a levantar los bolsones que acopió junto a su casa.
Le van a pagar $ 13 por cada kilo de botella blanca, $ 12 por las verdes, $ 5 por el nailon sucio, $ 7 por el papel blanco, y demás variedades que un ojo entrenado por los años capta de inmediato.
“Siempre tuvimos esa gran habilidad. ‘Vienen los de la basura’, dicen en los comercios. Pero nosotros vamos a buscar los residuos. La ropa que tenés puesta es esa botella blanca PET que ves. Las medias, los cuadernos de los niños, las sillas plegables, todo”, defiende el transportista, que reivindica el rol ambiental que juegan los clasificadores.
En la IM saben que todo eso estaba pasando por debajo del radar. “No puede haber una normativa estricta pero que no se cumpla. Hay que buscarle la vuelta, porque esa gente venía incumpliendo por algo”, reconoce Gabriel Chevalier, director de la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social, que tiene a cargo –junto al área de Limpieza– la regularización aprobada por Cosse.
El acuerdo comprometió a los clasificadores a que no quemen los descartes, ni los usen de relleno, ni los viertan en los cursos de agua. Juan Carlos Silva sabe que la concesión de las autoridades “no es una decisión definitiva”, y asegura que “muchos” dentro de la intendencia son reacios a aflojar las exigencias.
Silva señala el pasaje al fondo, que da a la costanera de un fino cauce del Miguelete: “Ellos no quieren que al desviar nosotros los residuos hacia el barrio, eso no acabe allí en el arroyo”. Sobre sus márgenes abunda la basura, pero lo cierto es que el programa en cuestión ataca una parte ínfima de la cadena.
De hecho, 17 años atrás ya se estimaba que el sector informal recolectaba el 40% de los residuos montevideanos, y de eso había 90 toneladas por día que acababan incineradas o en cursos de agua. La magíster en ingeniería ambiental Gimena Bentos, hoy encargada del área de Gestión Integral de Cuerpos de Agua de la IM, proyectaba en su tesis de 2018 –bajo advertencia de que “no es apropiada” una “estimación lineal” en el mundo “complejo” de la clasificación informal– que ese submundo descarta cada año más de 100 mil toneladas de material irrecuperable.
A los barrios
Para el actual programa planteado por la administración, las partes debieron asegurar que los deshechos finales terminen siempre en el sitio de disposición final de residuos. Otra condición avalada por Cosse fue la de llevar “a la mínima expresión” –“dentro de la racionalidad económica y ambiental de la tarea”– el acopio en los barrios. La IM pidió a los transportistas que declaren la ubicación en la que van a evacuar los camiones.
Chevalier, en tanto, cuenta que la flexibilización tiene como contrapartida cuatro instancias de capacitación en responsabilidad ambiental y alfabetización digital. Consultado respecto a si este plan, en los hechos, no termina dando luz verde a que los descartes comerciales se desvíen a la periferia, el jerarca contesta: “Esto es al revés, se está sacando la basura de los barrios, con el compromiso de ellos de que vayan a Felipe Cardoso. Es parte del proceso de trabajo. Ellos pasan de ser un agente ambiental por fuera del sistema a estar adentro”.
Para Juan Carlos Silva “es la vida misma”, que “los que tienen adicciones y cincuenta mil problemas” tengan otra vía “para ganar el pan dignamente”. La apuesta va por decenas de exclasificadores, hoy transportistas de residuos en Montevideo. En el registro oficial del Ministerio de Trabajo se contabilizan hasta el momento más de 900 de ellos. Y por fuera de ese radar, en censos de antaño, trillando las calles y los barrios, se cuentan de muchísimos más.
