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La búsqueda de un acuerdo: la política del INAU para no multar el trabajo adolescente irregular
Todos los años pasa lo mismo: se acerca el verano y se disparan las solicitudes de permiso de trabajo adolescente. Son menores de entre 15 y 18 años que acceden a ceñirse a ciertas condiciones impuestas por el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) con el fin de hacer dinero durante los tres meses que dura la temporada. En lo que va de 2019, 400 adolescentes de todo el país accedieron a la habilitación; en todo 2018 fueron 2166.
La legislación vigente exige determinadas condiciones para que los menores de entre 15 y 18 años puedan trabajar. El primer paso es tramitar un carné especial, especificando cuáles serán las tareas a realizar, el horario a cumplir y el sueldo a cobrar. A este acuerdo acceden tres partes: el menor, su empleador y el INAU, que aprueba o no los términos del contrato de trabajo.
La normativa indica que los adolescentes no pueden "realizar trabajos que los expongan” a determinados riesgos, entre los cuales se incluyen los riesgos biológicos, físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales. Dentro de esa última categoría están comprendidos aquellos trabajos que “tengan una carga horaria superior a seis horas diarias o treinta y seis horas semanales”, “que no tengan un día de descanso semanal por lo menos”, o que sean “en horario nocturno o realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas”.
Durante el verano —que según Jorge Cohen, vocero del INAU— es una "temporada de zafra", los inspectores refuerzan la rutina recorriendo con más asiduidad establecimientos en los que es frecuente el trabajo infantil, como boliches, restaurantes y panaderías. En este tiempo no hubo un incremento de la cantidad de inspectores: siete funcionarios se reparten el control del trabajo infantil en los 19 departamentos, como en octubre de 2018, cuando la directora de la oficina de Inspección Laboral del Trabajo Infantil y Adolescente, Ema Buxeda, reconoció a El Observador que este número era insuficiente.
No todos los empleadores cumplen con lo pautado en el permiso que firmaron. Algunos incluso contratan a personas sin permiso o que ni siquiera llegan al mínimo de edad requerido. En 2018 hubo 55 denuncias de trabajo infantil, según el INAU: 24 de adolescentes de entre 15 y 18 años sin permiso, 31 de niños y adolescentes de hasta 14 años.
¿Cuál es la política de la institución para controlar este tipo de abusos? Según explicó Cohen a El Observador, "se trata de llegar a un equilibrio entre la protección del adolescente y sus ganas de trabajar". En estos casos solo quien emplea al menor puede ser sancionado, pudiendo ser obligado a pagar una multa que vale entre 10 y 2000 unidades reajustables (a fecha de enero de 2019, un rango que va desde $9360 a $187.200).
Como muchos de estos vínculos laborales se producen en contextos socioeconómicos críticos, los inspectores tratan de "no castigar ni al empleador ni al menor", procurando llegar a un acuerdo entre las partes. Si el adolescente tiene la edad mínima reglamentaria pero no solicitó el permiso, los inspectores instan a que lo haga. Si tiene permiso pero las autoridades comprueban que no se están respetando los términos acordados, notifican a ambas partes y realizan más adelante una nueva visita, contó Cohen.
La multa es la última medida y solo se aplica en tres escenarios: cuando el menor no tiene la edad requerida (15 años), cuando no se logra el acuerdo buscado o cuando hay un incumplimiento "grave" del empleador, que pone en riesgo al menor, explicó el vocero.
En el primer mes del año no hubo ninguna denuncia de trabajo infantil y en todas las situaciones detectadas se llegó a un acuerdo.
