Con el respaldo de todos los partidos, el Senado aprobó proyecto de jornales solidarios

Los legisladores de la oposición acompañaron el texto porque, según dijo el senador Óscar Andrade, para "los que no tienen nada" esto es un montón, pero reclamaron más medidas y pusieron el énfasis en la capacitación. "El problema es que trabajar no te saca de la pobreza. Se trata de cantidad pero también de la calidad del empleo", señaló en sala el legislador frenteamplista. 

Una de las diferencias marcadas durante el debate de este miércoles fue la referencia a los antecedentes a esta idea. Mientras que los blancos hicieron referencia a los jornales solidarios impulsados por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, los colorados recordaron el Plan Veredas, impulsado por el exministro de Economía, Alejandro Atchugarry, durante la crisis del 2002 y los frenteamplistas destacaron las coincidencias con el programa Uruguay Trabaja impulsado durante los gobiernos progresistas. 

Para el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, esta medida es "keynesianismo puro" y destacó las políticas del economista británico que, según el legislador, pueden ser aplicadas en tiempos de crisis pero no en épocas de bonanza. "En momentos de expansión lleva a situaciones muy complicadas, pero en momentos de crisis funciona", aseguró. 

Quien recogió el guante y cuestionó las afirmaciones de Da Silva fue el senador del Frente Amplio Daniel Olesker. "Se ha vulgarizado mucho el pensamiento keynesiano", dijo en sala y aseguró que este proyecto no tiene nada del pensamiento del economista mencionado. Olesker detalló que para los momentos de crisis, Keynes plantea aplicar políticas anticíclicas que "alteren las reglas del mercado privado" y que para eso es necesario aplicar "políticas activas de empleo y de inversión pública". "De eso no se ha hecho nada", señaló, aunque destacó el incentivo de $ 5.000 para las empresas que reintegran trabajadores del seguro de paro impulsado por el gobierno a mediados de 2020. 

Legisladores de Cabildo Abierto, en tanto, también destacaron la medida aunque señalaron que "tal vez" sean pocos 15 mil empleos. El senador Manini Ríos volvió sobre un argumento que ha utilizado en más de una oportunidad de que un "desocupado" es más caro para el Estado e hizo hincapié en las consecuencias que tiene sobre el "deteriorado tejido social". Además, el senador apuntó a la formación profesional de las personas como "la herramienta esencial" que tienen para salir adelante. 

El objetivo del Ejecutivo es que el 1º de junio el sistema comience a funcionar. “Se viene el invierno y estamos en una situación compleja”, afirmó este martes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para referirse a las personas que "no la están pasando bien”.  

Delgado junto a jerarcas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Ministerio de Trabajo comparecieron ante la comisión de Hacienda del Senado. El texto ya había sido votado por todos los partidos en la Cámara de Diputados. El programa otorgará “oportunidades laborales a término” para 15 mil personas, que trabajarán por quincenas alternadas durante seis meses. 

Para la implementación de estos empleos, la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (Agesic) trabaja con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en el diseño de una plataforma para que los interesados se puedan inscribir en forma fácil y “descentralizada” desde cualquier punto del país. 

Esa información será luego enviada a las intendencias, que a su vez la distribuirán entre los municipios y las juntas locales. El objetivo es que esa aplicación esté pronta en las próximas dos semanas.

“La pandemia exige respuestas sanitarias, sociales y económicas. Este programa es una de esas respuestas”, dijo en cámara el senador blanco Sergio Botana. En el oficialismo también destacaron la "descentralización" del proyecto, que se gestionará a través de los municipios y las juntas locales y también que "será accesible para todos". "Se van a poder anotar digitalmente pero también en los municipios y en las juntas locales", destacó Botana. 

Sin embargo, en el Frente Amplio cuestionaron que no se haya especificado la forma en que se contarán los cupos para aplicar algunas cuotas, como la de discapacidad. Si se toman los 15 mil empleos se deberían adjudicar unos 600 a personas con discapacidad, según Andrade, pero si se toma el número de cada municipio la cuenta cambia. Incluso, si contratan menos de 25 personas no se aplica esta cuota. 

La cantidad de cupos que tendrá cada departamento está definida y será divulgada el jueves luego de la reunión del Consejo Sectorial que administrará el proyecto y que está integrado por seis ministerios y seis intendencias. 

Cada departamento tendrá un mínimo asegurado de 300 jornales. Según pudo saber El Observador, se estima que a Montevideo le corresponderán entre 4.000 y 5.000 cupos. Rocha y Salto tendrán 600, y otros departamentos, como Florida, recibirán 400 cada uno. 

En cuanto a los criterios de asignación para cada zona del país, el 65% irá en función del índice de pobreza y el 25% por un índice sectorial con base a la desocupación. El 10% restante se repartirá en forma equitativa. 

Los puestos serán sorteados de manera “pública y transparente” en cada uno de los departamentos. Los seleccionados trabajarán 12 días al mes y percibirán un monto de $ 12.500.