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/ Nacional / LAVADO DE DINERO

La cancillería argentina marca el ritmo de casos judiciales en Uruguay

Juez resuelve hoy si mantiene en prisión al supuesto testaferro de Boudou

23 de febrero 2015 - 22:14hs
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Por  Nicolás Delgado

Cada vez que un juez uruguayo se dispone a investigar un caso de lavado de dinero que involucra a personas cercanas a la Casa Rosada tropieza con la Cancillería argentina. El pedido de extradición de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro del vicepresidente Amado Boubou, confirma la intromisión del gobierno en asuntos judiciales.

“Será la cancillería argentina la que nos informe qué hacer con el detenido, porque la captura ha sido requerida por la Justicia de Uruguay”, dijo a Clarín el juez Walter Bento, que ayer prometió resolver “en el plazo de 24 horas” si deja en libertad a Vandenbroele, como pidió su defensa, o mantiene su prisión, dispuesta a pedido del juez uruguayo Néstor Valetti.

El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, aseguró ayer que la extradición de Vandenbroele es “una cuestión judicial que compete a cancillería argentina”.

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En contrapartida, el juez Valetti, que pidió la captura internacional de Vandenbroele, dijo ayer a radio Mitre de Buenos Aires que las cancillerías “no deberían” jugar un papel fundamental en la extradición, sino que “simplemente deberían ser un canal de comunicación”.

El Poder Judicial en Uruguay tramita los pedidos de extradición, los oficios y exhortos internacionales a través de Autoridad Central, organismo que depende del Ministerio de Educación y Cultura. En Argentina, la cancillería se encarga de tramitar esos asuntos judiciales. Esos organismos “simplemente actúan como canal de comunicación y algunas veces hacen algún control formal si tienen algo para observar desde ese punto de vista, si falta alguna documentación o algo, nada más”, explicó Valetti.

Sin embargo, al menos dos investigaciones sobre lavado de dinero que salpican al gobierno argentino fueron demoradas por la cancillería de ese país.

El 31 de mayo de 2013, la jueza Adriana de los Santos envió un exhorto a la Justicia argentina solicitando información sobre el empresario kirchnerista Lázaro Báez, que construyó el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner; su contador, Daniel Pérez Gadín; el valijero Leonardo Fariña; y el financista Federico Elaskar, entre otros implicados en la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por existir sospechas de lavado de dinero.

Cancillería argentina observó varias veces el exhorto enviado, lo que demoró el avance de la investigación. Finalmente, este mes llegó la respuesta al juzgado de De los Santos, informaron fuentes del caso a El Observador. Pasaron 21 meses desde que la jueza pidió la información hasta que llegó.

A raíz de esa demora, el juez Valetti criticó la falta de cooperación. “Puedo decir que se ha brindado la cooperación que se ha requerido desde la Argentina; sin embargo, no se ha recibido respuesta a la cooperación que ha solicitado ese juzgado a distintos juzgados de la República Argentina sobre el tema. Todavía se está a la espera; no ha existido reciprocidad”, dijo
Valetti en setiembre de 2013 en la Comisión Especial con Fines Legislativos Vinculados al Lavado de Activos y Crimen Organizado del Parlamento.

Varios indagados
Valetti pretende por estas horas conseguir la reciprocidad de la Justicia argentina para avanzar en otra causa que investiga lavado de dinero.

En 2013, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central denunció sospechosos giros bancarios de sociedades anónimas presididas por Vandenbroele.

El juez congeló en noviembre de 2013 las cuentas de las sociedades. Luego, citó como indagados a “quienes aparecen en los directorios de estas empresas”, como informó ayer en entrevista con radio Mitre.

Luego, citó a Vandenbroele, quien fue procesado en Argentina como “partícipe necesario de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles” por la compra de la empresa emisora de billetes Ciccone Calcográfica. Por este mismo caso, Boudou fue procesado por “cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles”.

Como Vandenbroele no se presentó a declarar, el juez pidió su extradición. La cancillería argentina observó el pedido “por cuestiones formales”. Entonces, Valetti pidió su captura internacional, que la tramitó directamente Interpol y no pasó por la cancillería. El juez uruguayo tiene ahora 30 días para fundamentar por qué Argentina debe extraditarlo.

El magistrado pretende interrogarlo sobre el origen del dinero que transfirió desde Uruguay para la compra de Ciccone. Cancillería tramitará su pedido y, en caso de que Vandenbroele se oponga a declarar en Uruguay, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolverá si lo extradita. El juicio de extradición puede tardar varios meses.

José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina, dijo a El Observador en diciembre de 2013 que “el gobierno tiene la mitad de los jueces pensando libremente”.

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