La carta que los usuarios uruguayos de Spotify recibieron este viernes en sus casillas de correo electrónico no solo fue origen de conversaciones en grupos de Whatsapp y redes sociales, de oyentes molestos por perder su plataforma para escuchar música, sino que también generó movimientos a nivel político. El presidente Luis Lacalle Pou tuvo que referirse al tema públicamente y desde Torre Ejecutiva hubo una primera señal hacia la empresa.
"Estamos en conversaciones. Vamos a salir adelante, espero que sí (…) Hay que de alguna manera cuidar a los intérpretes, y también a los autores", dijo el presidente desde Cerro Largo este viernes.
El origen de la disputa está en dos artículos de la Rendición de Cuentas enviados por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Parlamento. La llave para destrabar es la reglamentación, mediante un decreto, que por estas horas redactan en el gobierno. Pero, mientras esa reglamentación no aparece, Spotify ejecuta su estrategia ante la falta de comunicación (hasta este viernes) de parte del gobierno.
La postura de la plataforma es clara: no solo no está dispuesta a pagar más (para incluir un pago a los intérpretes) sino que tampoco quiere pagar en dos lugares distintos (por un lado a los autores y por otro a los intérpretes) ni ser la encargada de retener una parte del pago que hace hoy en día para dárselo a los intérpretes. La empresa sueca quiere que su modelo de negocios se mantenga sin cambios, dijeron a El Observador fuentes al tanto del tema.
Si eso pasa y la reglamentación deja claro que la negociación pasa a ser entre discográficas, editores e intérpretes, Spotify se queda en el país.
¿Por qué Spotify juega tan fuerte en un mercado chico como Uruguay? Porque no quiere que esto se transforme en un caso de éxito que pueda ser tomado como ejemplo por otros países, donde los mercados son bastante más importantes para la empresa. Cuando se aprobó el proyecto en el Parlamento, la Sociedad Uruguaya de Intérprete (Sudei) lo celebró como un "hito regional".
Los artículos de la Rendición de Cuentas de la polémica son dos y, a grandes rasgos, dicen que los intérpretes tienen derecho a cobrar una retribución cuando su interpretación sea difundida o retransmitida en cualquier medio, incluido internet y redes digitales, y en caso de no llegar a un acuerdo por esa retribución intercederá un tribunal arbitral.
Más allá de la letra fina del decreto de reglamentación, en el que trabaja el director técnico de Propiedad Intelectual del Ministerio de Industria, Spotify se mueve en el entendido que la ley entra en vigencia el 1° de enero haya reglamentación o no.
Los pasos de la estrategia de Spotify
Cuando la Rendición de Cuentas se discutía en el Senado, la plataforma musical realizó una primera advertencia al gobierno. En julio mandó una carta al Ministerio de Educación y Cultura en la que aseguraba que si se aprobaba el proyecto su negocio “podría” volverse inviable en Uruguay. El proyecto siguió su rumbo y fue aprobado por el Parlamento pese a la advertencia.
El 15 de noviembre la empresa mandó una segunda carta, ahora a Torre Ejecutiva, pidiendo una reunión con Lacalle Pou y cinco días después difundió a los medios de comunicación un mensaje en el que anunciaba que se retiraba gradualmente del país a partir del 1° de enero, día en el que entran a regir los artículos aprobados.
Ante la falta de respuestas, este viernes 1° de diciembre fue más específico: se comunicó directamente con los usuarios y les dijo que el 1° de febrero se suspende el servicio en el país. La carta, de todos modos, dejaba la puerta abierta a negociar: “A menos que el gobierno aclare que las discográficas y editoras, a quienes pagamos ese 70%, deben asumir la responsabilidad de estos costos (del pago a los intérpretes)”.
Esto generó la reacción del Poder Ejecutivo, que este mismo viernes contestó a la carta del 15 de noviembre acusando recibo y hubo un primer contacto con el representante de la empresa en Uruguay.
La carta del 15 de noviembre, tal como informó Fácil Desviarse de radio Del Sol, ya había generado movimientos en el gobierno pero no habían sido transmitidos a la empresa. Tal como informó El Observador, esa carta llegó a Torre Ejecutiva y a los pocos días el presidente viajó a China.
Actualmente no existe una negociación entre el gobierno y la plataforma, pero al menos este viernes se abrió un canal de comunicación. La idea que sobrevuela entre todas las partes involucradas es que a nadie —ni a los intérpretes, ni a los músicos, ni a las discográficas, ni al gobierno ni a la propia empresa— le sirve que Spotify se vaya de Uruguay.
El periplo legislativo
El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el gobierno incluía, a pedido de la Sociedad Uruguaya de Intérpretes, los artículos sobre este tema. Durante la discusión en la Cámara de Diputados, tras un pedido del ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, ese pasaje del proyecto fue desglosado y enviados a comisión para tratar aparte.
Luego de que el texto se aprobara en comisión, sin esos artículos, el propio presidente Lacalle Pou le pidió a los diputados, en una reunión en Torre Ejecutiva, que reintrodujeran los artículos mencionados. Fue así que en el plenario de la cámara baja volvieron al proyecto.
Tanto desde el gobierno como desde la Sudei aseguran que el espíritu del proyecto siempre fue que las plataformas sigan pagando lo mismo y la torta se reparta de forma distinta.
La abogada especialista en derechos conexos que representa a Sudei, Martha Caviglia, explicó a El Observador que la reglamentación debería dejar claro tanto quién deberá pagarle a los intérpretes (que considera que deben ser los productores, tal como ya hacen en el acuerdo privado que tienen con los autores) y a su vez debería determinar el porcentaje que les corresponde. "Que diga del 70% que Spotify paga a los productores, tanto va a ir para cada uno", dijo.
