Cuando en octubre se confirmó que el Frente Amplio, después de 15 años, no retendría mayorías parlamentarias, algunos nos imaginamos que el Parlamento iba a ganar mucho peso y por tanto pasaría a ser central para la negociación de las políticas de gobierno. El escenario era ideal para ello: al no lograr ningún partido mayorías propias, para aprobar las leyes el nuevo gobierno debía conseguir los votos en el Parlamento. Las dudas estaban en cómo se iban a negociar esos votos: ley a ley –un escenario harto complejo–, o en acuerdos más amplios.
Para llevarlo a términos gastronómicos, se podía esperar que el Poder Legislativo fuera una de esas modernas ollas eléctricas ideales para la cocción lenta. Un Parlamento en modo “Crockpot” obligaba a cocinar los acuerdos allí adentro y con mucha discusión.
Un punto fuerte de esta técnica es que se pierden menos nutrientes, lo que llevado a esta analogía podía pasar que las leyes salieran más ricas con el aporte de más representantes. Un punto débil para el Poder Ejecutivo es que bajo esta modalidad sería menos ejecutivo: las discusiones en el Parlamento son más lentas y más conversadas.
Ahora me animo a adelantar que los que pensamos en todo eso nos equivocamos. La victoria de Luis Lacalle Pou y sobre todo el mecanismo de acuerdo al que llegó con sus socios de la coalición cambiaron el eje. Y las primeras señales que envía el gobierno electo son en sentido contrario. Parecería que la coalición va a tomar al Parlamento, al menos en esta primera etapa del gobierno, como un microondas. Las leyes que envíe el Ejecutivo llegarán ya cocinadas, o al menos con avances muy grandes, y los legisladores podrán darles luego el toque final.
En este modo microondas el Parlamento seguirá con un mecanismo muy similar a lo de los últimos años: los partidos de gobierno y oposición utilizarían las comisiones y las sesiones más que nada para defender y atacar las ideas y los proyectos. Pero no serán las cámaras el lugar donde, en la mayoría de los casos, se discuta y acuerde el rumbo de una política pública. Eso pasó en los últimos 15 años. Los acuerdos para definir las leyes importantes los celebraba el Frente Amplio en la interna de su bancada y en conversaciones con el Ejecutivo. Cuando los proyectos se discutían en las comisiones podían realizarle aportes y sugerencias, pero son pocos los casos de leyes importantes en que las discusiones entre los diferentes partidos cambiaron el rumbo de una ley. Es decir, ya venían precocidas y el microondas les daba el toque final o simplemente las calentaba.
Las tres capas de las discusiones
La 49ª legislatura del Parlamento uruguayo comenzará este sábado 15, cuando tomen juramento los nuevos diputados y senadores.
El gobierno ya dio varias señales sobre qué rol ocupará el Parlamento en esta nueva etapa política y la primera es el tipo de acuerdo que Lacalle Pou logró con sus socios electorales. Pudo sentar en la misma mesa a políticos que en la campaña electoral se dijeron cosas muy gruesas. También logró evitar que las discusiones que tienen –es inevitable pensar que las hay– trasciendan y dañen a la coalición.

También ha logrado que todos se comprometan a dar gobernabilidad sobre un programa común. Lo que firmaron en noviembre no fue solo un acuerdo electoral, sino un compromiso que todos están dispuestos a cumplir. En la campaña, cuando Ernesto Talvi dijo que lo separaba un océano de Guido Manini Ríos o cuando Pablo Mieres acusó a Cabildo Abierto de tener “xenófobos y homófobos”, nada hacía pensar en un acuerdo tan homogéneo como el que se presenta hoy.
La segunda señal es el diseño del gabinete que buscó concretar Lacalle, con los líderes de los partidos de la coalición allí adentro. Salvo por Manini Ríos, el resto estará en el Poder Ejecutivo y no en el Parlamento. Además, los referentes nacionalistas que fueron electos senadores también están en los ministerios o en la Presidencia, lo que debilitó el Senado oficialista.
Los únicos “pesos pesados” de la coalición que estarán son Manini Ríos y Julio María Sanguinetti –quien no es el líder de su partido–. Además, tal como se puede ver en este interactivo que elaboramos enseguida de las elecciones –y por tanto tiene nombres que luego pasaron al Ejecutivo– hay muchísimos nuevos legisladores sin experiencia en el Parlamento ni en la gestión de gobierno.
La tercera señal, que es la prueba del ocho para analizar el rol que tendrá el Parlamento, es la elaboración y discusión de la ley de urgente consideración (LUC). La forma en que se redactó –lo hizo el entorno más cercano a Lacalle– y cómo luego se empezó a discutir son sintomáticos.
La LUC tiene tres capas de discusión: los partidos, el gabinete y recién en último lugar estará el Parlamento.
Se creó una comisión, liderada por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado –mano derecha del presidente–, y la vice electa, Beatriz Argimón. Allí, los cinco partidos discutirán las grandes líneas y temas más sensibles de la ley. Luego laudarán los líderes directamente con Lacalle.

La segunda capa de negociación es el gabinete. Este jueves se reunieron por primera vez con el presidente para discutir la LUC desde un lugar más técnico. Cada ministro planteó los temas que le gustaría corregir, borrar o agregar.
El Parlamento será la tercera capa de debate. El proyecto llegará allí después del 1° de marzo y los parlamentarios solo tendrán 90 días para discutirlo. En modo microondas, el Poder Legislativo deberá actuar rápido, con un proyecto que llegará precocido.
Habrá poco tiempo y poco espacio para negociar con la nueva oposición y que eso realmente le sume nutrientes a la ley.