La corrupción, la amenaza para las democracias de la región

Reducir el salario de los congresistas, cárcel y veto a funcionarios corruptos o limitar a tres los periodos de senadores", son tres de las siete propuestas planteadas a los colombianos este domingo 26 en las urnas en la "Consulta Popular Anticorrupción", una iniciativa del partido Alianza Verde, liderado por la senadora Angélica Lozano y la exparlamentaria Claudia López, al que se han unido diversas asociaciones civiles.

La meta es ambiciosa: tendrán que votar 12 millones de personas para que la petición tenga alguna incidencia en el Congreso. Independiente de su resultado, "esta consulta demuestra que en América Latina, en este caso Colombia, por lo menos está identificando el verdadero mal", dice a DW James Bargent, investigador británico para InSight Crime, una fundación dedicada al estudio de "la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado".

Realidad versus percepción

Denisse Rodríguez Olivari, politóloga doctoranda de la Universidad Humboldt de Berlín, es escéptica: "A pesar de la buena intención, las políticas e iniciativas contra la corrupción en América Latina, África y Asia no han logrado realmente reducirla", dice a DW. Según Rodríguez Olivari, para entender mejor las dimensiones de la corrupción hay que analizar dos cosas: "lo que la gente cree que es corrupción, y lo que realmente es".

Casi todos los países de América Latina y el Caribe siguen siendo percibidos como algunos de los más corruptos del mundo. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2017, de Transparencia Internacional, Venezuela y Guatemala tienen los niveles más altos, mientras que Uruguay y Barbados tienen los más bajos.

Según Bargent, a pesar de algunos avances, "América Latina continúa teniendo dificultades para enfrentar la corrupción". Por su parte, Rodríguez Olivari pone de relieve las "permanentes deficiencias de los programas contra la corrupción". Esta politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú apunta que en los casos masivos como Lava Jato se pueden analizar mejor las características de la corrupción y no tanto en los casos de mordidas o coimas individuales. "En el caso Odebrecht, en Perú, por ejemplo, a pesar de que están tomando medidas públicas transparentes, el castigo está siendo selectivo". Un hecho, que según Rodríguez Olivari, "contraviene la política de sancionar la corrupción para reducirla, y termina siendo contraproducente porque mientras unos culpables son castigados, otros no".

"Lo que hizo Odebrecht", explica por su parte el analista Bargent, "no fue más que internacionalizar el sistema de corrupción local para hacerse a la contratación pública", un mal presente en casi todos los países de América Latina.

Pero Bargent advierte de otra amenaza: "El comportamiento de las redes del crimen es cada vez más parecido a la corrupción oficial, o estatal: los Gobiernos de Venezuela y Guatemala, por ejemplo, actúan como una mafia dedicada a la captación de fondos públicos para su propio beneficio".

¿Cómo llega la corrupción hasta la élite del Gobierno en Venezuela? "Lo que empezó con el pago de sobornos para pasar cargamentos de droga, evolucionó hasta lo que hoy tenemos: que los narcotraficantes son ahora los mismos agentes del Estado, formando lo que se llama el Cartel de los Soles", explica Bargent, y agrega que "el Gobierno de Maduro no está interesado en investigar a la fuerza pública, porque le sirve más la lealtad que la honestidad".

El caso de Guatemala es grave. Allí, un expresidente y su vicepresidenta se encuentran en la cárcel por corrupción, pero "preocupa sobremanera que el actual presidente, Jimmy Morales, esté haciendo todo por torpedear el trabajo anticorrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)", dice el analista de InSight Crime.

Para Bargent es primordial "preservar, o aumentar, la independencia judicial para poder juzgar a los corruptos poderosos". Asimismo, considera el analista, "se debe ampliar la cooperación multinacional, como bien lo muestra el caso de la CICIG; pero además, hay que garantizar la transparencia de la contratación pública". Un punto clave es la financiación de las campañas políticas, "porque el dinero sucio que entra a través de las campañas electorales genera toda una cadena de corrupción", agrega. Por último, "la consecuente lucha contra la impunidad de los funcionarios públicos corruptos" es para Bargent punto ineludible del paquete de fórmulas contra la corrupción.

Bargent menciona el fenómeno de los políticos sindicados de corrupción u otros crímenes, y que para mantener su inmunidad se vuelven senadores. En Colombia se conoce el caso del expresidente Álvaro Uribe (2000-2010), y en Argentina, el de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quienes gozan de fuero especial por ser parlamentarios.

En Argentina hay unas seis investigaciones abiertas contra la viuda de Kirchner. Recientemente, un juez ordenó el allanamiento de tres de sus casas, en relación con los llamados "Cuadernos de las coimas", una medida que el pleno del Senado aprobó.

En un ambiente caldeado por diversos escándalos de corrupción, el mismo presidente Mauricio Macri y su familia no han estado libres de sindicaciones, entre otras de evasión de impuestos en los "Papeles de Panamá".

El problema de la corrupción en América Latina es considerado por ambos analistas como tan grave que es una amenaza para las democracias. "En un país en donde se le pierde el respeto a las instituciones porque sus funcionarios son corruptos, también se pierde la confianza en la democracia", concluye la politóloga Rodríguez Olivari. Y, por último, para Bergent, "un funcionario que se roba el dinero para construir escuelas, le roba el futuro y el desarrollo a su propio país". Lo único que hace sentir optimista a Bergent, es que en "América Latina se está tomando conciencia de los daños que causa la corrupción".

"Ten una tajada, para tu bancada...", le cantan con ironía, y a ritmo de reguetón, a los parlamentarios colombianos los promotores del voto anticorrupción convocado en Colombia.