La Corte brasileña comenzó a debatir la despenalización del aborto hasta la semana doce

La corte de Brasil sólo analiza si las mujeres que deciden abortar durante los primeros tres meses de gestación deben ser castigadas penalmente.

 Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo es considerada un delito en Brasil, con sólo algunas excepciones, como el grave riesgo de la salud para la madre, si fue a consecuencias de una violación o si el feto presenta anencefalia.

"La criminalización de interrumpir voluntariamente la gestación, sin restricción, alcanza el núcleo de los derechos de las mujeres a la libertad, autodeterminación, intimidad, libertad reproductiva y su dignidad", manifestó la jueza Rosa Weber en su voto a favor, el único presentado hasta el momento.

Luego de que Weber presentara su parecer de forma virtual, la votación fue suspendida a pedido de otro magistrado, al solicitar que el juicio sea reanudado de forma presencial.

El tribunal debe ahora decidir una fecha para llevarlo al Pleno de la Corte ya que aún deben manifestarse los 10 jueces restantes de la máxima corte.

La presidenta del tribunal, Rosa Weber, que además es la magistrada a cargo de este caso, había dispuesto que la discusión se extendería por una semana, durante la cual los ministros irían votando con fecha máxima al 29 de setiembre, informó el diario Folha de São Paulo. Pero el pedido de pasar el debate a modo presencial modificaría los plazos.

De acuerdo con el diario paulista, Weber aludió a la importancia de que una mujer vote sobre la despenalización del aborto en una corte que está compuesta por sólo dos mujeres y nueve hombres.

En Brasil están en marcha una campaña para que en el cargo que Weber dejará vacante en breve cuando cumpla 75 años y deba jubilarse, sea designada una mujer afrodescendiente.

Si el STF alcanza la mayoría para descriminalizar el aborto, las mujeres y médicos involucrados en interrupciones de embarazos de hasta 12 semanas no podrán ser procesados como hasta ahora.

Sin embargo, la despenalización no significará que el sistema público de salud este obligado a ofrecer el procedimiento como un derecho garantizado.

El caso que trata la Corte se remite a una presentación del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que en 2017 pidió a la corte que reconozca el derecho constitucional a interrumpir el embarazo.

El PSOL argumentó que las normas penales actuales violan preceptos fundamentales contenidos en otras leyes y en la Constitución de 1988, entre ellos el “de la dignidad de la persona humana, de la ciudadanía, de la no discriminación, de la inviolabilidad de la vida, de la libertad, de la igualdad, de la prohibición de la tortura o trato inhumano o degradante y de la salud”.

En concreto pide la anulación de los artículos 124 y 126 del Código Penal, que data de 1940.

El asunto, sobre el cual el Congreso no ha legislado pese a diversas propuestas presentadas, divide a Brasil.

Según un sondeo reciente de la consultora Datafolha, el 45% de la población está de acuerdo con el aborto, minetras un 52% se muestra contraria, mientras que los restantes no saben o no tienen una posición definida,

La encuesta nacional de aborto de 2021, financiada por Fondo Nacional de Salud brasileño, reveló que una de cada siete mujeres tuvo un aborto al llegar a sus 40 años y el 43% de ellas debió ser hospitalizada para completar el procedimiento dadas las malas condiciones sanitarias en que se desarrolló el acto.

En enero, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva revocó una norma aprobada por el Ejecutivo anterior, de Jair Bolsonaro, que ponía trabas al acceso al aborto incluso en las situaciones en las que la ley lo admite.

Exigía que en esos casos antes de interrumpir el embarazo era necesario “informar del hecho a la autoridad policial responsable” y reclamaba a los médicos e instituciones de salud que preservaran “posibles evidencias materiales del delito de violación para su inmediata entrega a la autoridad policial o a peritos oficiales”.

Otro punto de esa norma, el que disponía que los médicos debían ofrecerle a la persona que iba a practicarse un aborto la posibilidad de ver al embrión en una ecografía, fue eliminado por el Supremo Tribunal Federal.

(Con información de agencias)