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La Corte Suprema brasileña juzgará a los militares acusados por el intento de golpe de estado del 8 de enero
El Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial de Brasil, determinó que tiene competencia para juzgar a los militares acusados de algún tipo de participación en el intento de golpe de estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el 8 de enero pasado, cuando seguidores del exmandatario Jair Bolsonaro asaltaron la sede de los poderes públicos en Brasilia.
La decisión fue tomada por el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, quien tuvo en cuenta una sugerencia de la Policía Federal debido a que muchos policías distritales de Brasilia acusaron a miembros de las Fuerzas Armadas de negarse a defender las instituciones e incluso de participar activamente del movimiento golpista.
Según los juristas, se trata de una decisión inédita, ya que sustrae a los tribunales castrenses la posibilidad de juzgar a los militares del Ejército pertenecientes a la guardia presidencial, como así también a los agentes de los servicios de inteligencia de la Presidencia, que según las investigaciones previas habrían omitido actuar ante el ataque.
"Fijo la competencia del Supremo Tribunal Federal para procesar y juzgar los crímenes del 8 de enero, independientemente de que los investigados sean civiles o militares y es por eso que autorizó la apertura de investigación por eventuales delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y los policías relacionados a los atentados contra la democracia", dice el fallo de Moraes.
Moraes es el magistrado que desde 2021 lleva adelante la megacausa sobre las fake news y el atentado al estado de derecho por la cual fueron detenidos reconocidos activistas bolsonaristas y en la cual está investigado el propio exmandatario Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos luego de abandonar Brasil poco antes de finalizar su mandato.
El fallo, difundido pocas horas después que Bolsonaro reclamara la liberación de casi 900 de sus seguidores detenidos por los ataques, precisa que “la justicia militar no juzga delitos de militares, sino delitos militares" y que la investigación en curso no choca contra el principio de la competencia de la justicia militar, despejando así el camino para los procesamientos.
La decisión del STF se conoce, además, en momentos en que el gobierno de Lula da Silva considera opciones para obligar al exmandatario a regresar al país si no lo hace en forma voluntaria para comparecer ante los tribunales brasileños, según confirmaron importantes asesores del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
Bolsonaro, quien sostiene no haber cometido ningún delito, ha repetido que no tiene intención de quedarse en Estados Unidos mucho tiempo. Sin embargo, solicitó una visa estadounidense de seis meses el 30 de enero último, lo que sugiere que no tiene prisa en irse del país. No obstante, más recientemente, le dijo al Wall Street Journal que planeaba regresar a Brasil en marzo para liderar la oposición política a Lula da Silva.
Por lo pronto, y desde que comenzaron los procesos contra los acusados de haber participado en el intento de golpe de estado, varios legisladores del PT y de otros partidos han presentado solicitudes de extradición ante el STF y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, posibilidad que no fue analizada durante la reunión que mantuvo Lula da Silva con su par estadounidense, Joe Biden, cuando se reunieron en la Casa Blanca el 10 de febrero pasado.
