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En nuestro país no existen normas nacionales que regulen la constitución o funcionamiento de los sindicatos ni de las cámaras empresariales. Esas organizaciones no están obligadas a tener personería jurídica, ni a registrarse ante dependencia pública alguna. No existen exigencias sobre el contenido de sus estatutos, procedimientos para su aprobación, reforma o publicidad. No tienen por qué constituir un mínimo de capital, denunciar su domicilio, ni hacer público quiénes son sus representantes.
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