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La deuda histórica de la Sagrada Familia
Raphael Minder - New York Times News Service
La basílica de la Sagrada Familia en Barcelona es conocida a nivel mundial como un tesoro arquitectónico, una obra maestra de ensueño de Antonio Gaudí que atrae a millones de visitantes cada año pese a que sigue en construcción 136 años después de que se inició la obra.
Lo que no ha tenido por más de un siglo, a decir de las autoridades de la ciudad, es un permiso de construcción.
Ahora los encargados de la Sagrada Familia han acordado pagar 36 millones de euros, alrededor de US$ 41 millones, a lo largo de una década para poner fin a una disputa sobra la legalidad de las obras y para ayudar a costear mejoras al transporte alrededor de la basílica.
El tema del permiso de construcción fue sacado a la luz por la alcaldesa de izquierda Ada Colau, en el contexto de renovados cuestionamientos de autoridades civiles de España sobre el estatus legal y hacendario de propiedades de la Iglesia católica romana. Colau dijo que el acuerdo para el pago adeudado es histórico.
La junta de administración de la Sagrada Familia había negado estar en contravención de la ley al afirmar que sí tenía un permiso, otorgado en 1885 por las autoridades de Sant Martí de Provençals, que entonces era un pueblo autónomo. Los funcionarios de Barcelona aseguran que como Sant Martí se volvió parte de la ciudad se requería conseguir un permiso otorgado por la ciudad. La junta reviró que nadie había pedido nada por un siglo.
En noviembre de 2010 el papa Benedicto XVI consagró la iglesia como basílica y celebró una misa ahí frente a siete mil personas.
Colau y su gobierno reclaman que la junta de la basílica no solo no tenía permiso de construcción, sino que no había presentado ante las autoridades los planos para la destrucción de estructuras residenciales durante las obras de la explanada de la Sagrada Familia. Asimismo, afirman que no se han pagado los impuestos de construcción.
Tales quejas coinciden con críticas similares en toda España, donde desde hace décadas la Iglesia ha registrado miles de propiedades –entre ellas la Mezquita-Catedral de Córdoba– como libres de impuestos. Hay acusaciones de que con eso evaden impuestos y un debate sobre a qué destinan esos sitios los ingresos por turismo.
En junio, cuando el presidente del gobierno Pedro Sánchez asumió el cargo, su gobierno anunció que publicará un inventario de todas las propiedades a nombre de la Iglesia católica, lo que abriría la puerta a que haya disputas sobre si son o no de su posesión.
Colau enfrentaba presiones para resolver el conflicto de la Sagrada Familia en estos momentos de cara a una difícil campaña para su reelección en mayo de 2019.
Con el acuerdo, las autoridades podrán realizar obras de infraestructura de transporte alrededor de la Sagrada Familia, incluido un estudio de análisis sobre la posible construcción de un túnel que conecte directamente la basílica con la estación más cercana del metro de Barcelona.
El pacto para realizar el pago, sin embargo, no pone fin a la disputa sobre la requisa de los sitios habitacionales cercanos. Pero por lo menos la basílica, ahora sí, tendrá un permiso de construcción.
Para saber
Se conoce como basílica a una iglesia importante por su antigüedad, extensión o magnificencia, en imitación de las 13 iglesias de Roma consideradas como las primeras de la cristiandad.
