La disputa por la arena: los colados de la fila y la capacidad de adaptación

Estas noticias parecerían haber funcionado como paño fresco para muchos veraneantes exasperados con una situación de saturación del espacio que, dado el crecimiento de la cantidad de edificios que se ha vivido en Punta del Este durante los últimos años, no ha hecho más que crecer y echar leña a un conflicto que ya se perfilaba hace algunos años.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Uruguay las playas son públicas y todo individuo que lo desee puede acceder a ellas. Esta es una situación de privilegio que muchos damos por descontada y natural, cuando en realidad no lo es. La historia nos enseña que, a medida que las sociedades se desarrollan y complejizan, el estado busca (directamente o a través de algún concesionario) construir dispositivos que le permita mantener, regular y controlar los espacios naturales de manera sistemática. En el norte de Alemania, para poder instalarse en la arena de algunas de las playas del Mar del Norte es necesario pagar una tasa, que no cuesta más que unos pocos euros, pero que hace sentir al veraneante que la playa no le pertenece.

En Italia y en otros países de Europa, así como en algunos de América Latina, muchas de las playas han sido cedidas en concesión a operadores de balnearios que tapan la arena con sombrillas, sillas y camastros, a los que solo se puede acceder si se paga para utilizarlos. En estas playas, si bien suelen mantenerse algunos espacios libres para veraneantes que no quieran (o puedan) pagar por dichos servicios, estos suelen ser muy reducidos para privilegiar el negocio del concesionario ya que, después de todo, se trata de un negocio.

Como se puede ver, la libertad y naturalidad de la playa y la arena que disfrutamos en nuestro país no son algo evidente. Sin embargo, en 2023 todavía tenemos la suerte de que las playas y la arena sean de libre acceso. Es más: durante muchísimo tiempo, la convivencia en este espacio fue (¿es?) una cuestión de sentido común y buena voluntad: más allá de que Prefectura tenga jurisdicción sobre las playas para poner orden y aplicar la reglamentación vigente (por ejemplo, en lo que hace a la presencia de mascotas), los uruguayos hemos sabido demostrar una tendencia a poder leer qué es lo aceptable y qué no respecto a quienes comparten la playa con nosotros (con excepciones, claro, muchas de ellas provenientes de países limítrofes).

En este verano 2023, la disputa por la arena se ha vuelto más que visible como resultado de un fenómeno de acumulación a través del tiempo. Aunque las playas sigan siendo de libre acceso, cada vez más se evidencian problemas respecto a la convivencia en ellas, principalmente en lo que refiere a la instalación de sombrillas, sillas y camastros anticipadamente para veraneantes que aún no están en la playa pero que, muy posiblemente, llegarán en el correr del día.

Se trata de un servicio ideal si no fuera por su contracara: estas instalaciones vacías quitan espacio a veraneantes que no tienen el privilegio de veranear en edificios que ofrecen estos servicios y que bajan a la playa con sus propios objetos. ¿Es de sentido común que, al acceder a la playa, un veraneante se encuentre con la arena copada por sombrillas, sillas y camastros vacíos que no le permiten acceder a un lugar de su preferencia para instalarse?

La respuesta es negativa. Así como en una fila de supermercado paga primero quien llega primero a la fila, lo mismo se debería  aplicar a la gestión del espacio en la playa. Quienes pueden disfrutar del privilegio de bajar a la playa sin nada en sus manos y tener una sombrilla, sillas y camastros a disposición esperándolos, de algún modo se están colando en la fila, pero no de manera directa, sino a través de un intermediario: el sistema que va desde el playero que laboriosamente coloca cada día sillas, sombrillas, y  camastros, hasta la práctica social de habilitar este tipo de privilegios para residentes de edificios ubicados en la primera línea sobre el mar. Se trata de un sistema que se ha ido formando y creciendo con el paso del tiempo y que, por consiguiente, dio pie a la creación de una normativa para regularlo.

Que exista servicio de playa para residentes de edificios no es algo malo en sí. De hecho, de lo que se trata es de debatir sobre cuál sería el funcionamiento adecuado de este servicio para que no genere una disputa por la arena. Si intentamos resolver este conflicto siguiendo la lógica de la fila de supermercado, la arena debería estar a disposición de quien llegue primero. Este enfoque eliminaría la pertinencia de tener sombrillas, sillas y camastros vacíos a la espera de veraneantes que los usen. Por el contrario, solamente se podría armar una estación en el momento en que el veraneante llega a la playa. Así, quien llega más tarde, deberá ajustarse al espacio disponible, sin el beneficio del privilegio de saber que hay una estación armada a su espera.

Una medida de este tipo no solamente emparejaría las condiciones en la competencia por la posesión de la arena en la playa, sino que además reforzaría ciertos valores inherentes de la sociedad uruguaya, como la capacidad de adaptación al entorno y la  horizontalidad en términos de uso de los espacios que, por suerte, todavía son públicos.

Además, como subproducto, podría motivar que los veraneantes presten mayor atención al horario en que utilizan la playa: con el objetivo de acceder a una mejor posición sobre la arena, estarían además siguiendo los consejos de los dermatólogos sobre las horas adecuadas para exponerse al sol.