Nacional > escenarios posibles

La explicación del conflicto entre dueños y funcionarios de los supermercados

Fuecys espera que el convenio colectivo se firme esta tarde; la ASU no sabe si será posible  

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19 de diciembre de 2018 a las 11:40

Dueños y funcionarios de supermercados están intentando llegar a un convenio colectivo desde mediados de junio, en el marco de la ronda de negociaciones tripartitas con el Ministerio de Trabajo. Una de las medidas en que la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) y la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) nunca se pusieron de acuerdo fue el valor de la prima por antigüedad que reciben los trabajadores de los supermercados.

Ante el diálogo frustrado, de no llegar a una solución que conformara a las tres partes de la negociación, Fuecys anunció que ocupará parcialmente algunas de las superficies comerciales a partir de este viernes y durante las fiestas. Por esto, la secretaría de Estado encabezada por el ministro Ernesto Murro elaboró este lunes una última propuesta, que será votada a las dos de la tarde del miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El presidente de Fuecys, Favio Riverón, explicó a El Observador que el planteo hecho por el este ministerio es que la prima por antigüedad —que actualmente es de $ 260— aumente a $285 hasta julio de 2019, y a partir de entonces quede fijada en $ 305. 

Sin embargo, aún es incierto qué va a pasar. Si bien ambas partes confían en que llegarán a un acuerdo esta tarde, y que por tanto no habrá ocupaciones, la comisión directiva de ASU sigue reunida para que todos los socios accedan al acuerdo.

Los miembros de ASU, la asociación que nuclea a los propietarios de los comercios, son 40. Según dijo a El Observador Daniel Menéndez, su gerente general, la comisión directiva (integrada por siete socios) está reunida desde primeras horas de la mañana con abogados, contadores y expertos en recursos humanos con el propósito de que todos accedan al valor fijado por el MTSS.

Dentro de los asociados a ASU hay propietarios a los que pagar este valor les resulta “prácticamente imposible”, aseguró Menéndez. Antes, había explicado a El Observador la postura empresarial de esta forma: “El Banco de Previsión Social (BPS) decidió otorgar a los jubilados un aguinaldo a fin de año de $ 1.700. ¿Por qué no les dio $ 1.750? Porque $ 50 multiplicados por 130 mil jubilados es un montón de plata que el Estado no tiene. Acá pasa algo parecido”.

La antigüedad promedio en los supermercados es de 15 años y en algunos casos llega a 20 años, según las estadísticas de ASU. Por tanto, según cálculos de esta agrupación, los empresarios pagarían un costo anual extra de entre US$ 5 y US$ 6 millones. Esto se agrava porque el escenario actual es “complicado”: “las ventas vienen cayendo y la temporada de verano no va a ser buena”, según Menéndez.

Para que la medida propuesta por el MTSS entre en vigencia, las tres partes tienen que votar de manera afirmativa.

Riverón, el presidente de Fuecys, manifestó a El Observador que el gremio de trabajadores accederá al convenio colectivo en estas condiciones.

Desde ASU “solo se está pensando en firmar, no en qué pasará después”, aseguró Menéndez, pero también dijo que las asimetrías entre los distintos supermercados dificultan el voto afirmativo. “Hay un optimismo moderado”, aunque sin certezas.

Si no se llega al acuerdo colectivo, el MTSS será el encargado de decidir entre dos escenarios posibles.

El primer eventual escenario es que se someta el acuerdo a votación y que este quede aprobado con dos tercios de los votos.  Dado que desde Fuecys sí votarán a favor, el acuerdo resultaría favorable para ellos y no habría ocupaciones. No obstante, según ASU no todos los miembros pueden pagar el valor fijado por el MTSS, por lo que asumir esos costos podría tener repercusiones colaterales, como poner en riesgo puestos de trabajo.

El segundo escenario hipotético es que la cartera encabezada por Murro fije por decreto el valor de la prima por antigüedad. En este caso, Fuecys se siente con “las manos libres” y, según explicó Riverón a El Observador, se podría convocar de urgencia a una asamblea que determine la ocupación parcial de los supermercados y otras medidas de protesta.

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