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La Guardia Nacional que propone Larrañaga costará US$ 10 millones

Ese monto incluye la capacitación y también contempla la equiparación salarial con policías

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11 de mayo de 2019 a las 05:04

Capacitar a dos mil militares, uniformarlos y equiparar sus sueldos a los que recibe un policía le costaría al Estado uruguayo US$ 10 millones, según la cifra que maneja el comando de campaña del precandidato blanco Jorge Larrañaga.

El líder de Alianza Nacional emprendió en mayo de 2018 una cruzada en solitario -ya que el grueso de su partido no lo acompañó- para concretar un plebiscito nacional en las próximas elecciones de octubre. En febrero, Larrañaga anunció que había alcanzado 405 mil adhesiones, una cifra muy por encima de las 270 mil necesarias para presentar ante la Corte Electoral. Este miércoles el organismo lo oficializó: en las próximas elecciones nacionales habrá una consulta popular para definir si es necesario modificar la Constitución para implementar cuatro medidas en materia de seguridad. 

La campaña vivir sin miedo incluye la regularización de los allanamientos nocturnos, el cumplimiento efectivo de las penas, la creación de la reclusión permanente revisable y la instalación de una Guardia Nacional dotada de dos mil militares. Ninguna de las propuestas previstas en la reforma son nuevas para Alianza Nacional, que en los últimos años intentó aprobarlas en el Parlamento de manera individual, aunque sin éxito. 

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, fue uno de los ideólogos de esta reforma y actualmente integra el comando que se encargará de defender desde el puntode vista técnico la reforma constitucional. Aunque son varios los puntos que plantea, la incorporación de militares en tareas policiales es el más polémico y el más cuestionado por parte de los detractores de esta campaña. 

Las principales críticas partieron desde el Frente Amplio (FA), pero también hay quienes desde la oposición cuestionan esta medida. En los últimos días, la vicepresidenta Lucía Topolansky se refirió en conferencia de prensa a las manifestaciones violentas que tuvieron lugar el pasado 1° de mayo en Venezuela. En las imágenes que se viralizaron ese día se vio a una tanqueta militar atropellando a un grupo de manifestantes.

“Es lo que no se dan cuenta quienes en Uruguay piensan que tienen que estar las Fuerzas Armadas en la represión. Por eso nosotros no aprobamos el plebiscito, porque las fuerzas policiales están instruidas para tratar con la población, no así las fuerzas militares”, aseguró la vicepresidenta.

El intendente Moreira reconoció que la formación de los militares y los policías no es la misma, pero apuntó a los múltiples “eventos comunes” en los que participan. En diálogo con El Observador el exsubsecretario del Interior entre 1990 y 1994, bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle, explicó que actualmente los militares participan, entre otros, en la vigilancia fronteriza, la custodia perimetral de las cárceles y la seguridad aeroportuaria. 

Aunque restan muchos aspectos por instrumentar, algo que se hará si la reforma triunfa en octubre, Moreira subrayó que “con la respuesta tradicional no alcanza” para hacer frente a las cifras de criminalidad que marcaron un récord en 2018. “La policía está desbordada. Si tenemos Fuerzas Armadas que están insertas en la República, con una convicción democrática plena, no hay ningún temor de que eso pueda transformarse en una violación de los derechos humanos”, manifestó. 

Además, recordó que los militares serán capacitados antes de incorporarse a las tareas policiales, algo que demandará unos cinco o seis meses de formación. “Habrá que instrumentar el proceso de adiestramiento también en lo que respecta a que tengan pleno conocimiento del código de procedimiento policial, que establece cómo se interroga, cómo se investiga, tratando de que nunca se violen o se lesionen los derechos humanos de las personas”, expresó. 

Por el momento, el apoyo a la reforma constitucional, según lo medido por dos consultoras, será suficiente para triunfar en octubre. La última encuesta sobre este tema divulgada por Equipos marcó 54% de adhesión, 23% de rechazo y otro 23% que no supo qué contestar. Opción, en tanto, prevé que el 69% del electorado votaría la reforma en octubre y 22% la rechazaría. El restante 9% corresponde a los indecisos. 

Sin embargo quedan muchos meses por delante y en Alianza Nacional son conscientes de que la oposición a la campaña se hará más fuerte. “Espero que las encuestas se reflejen en la votación”, señaló Moreira. Consultado sobre el antecedente del plebiscito nacional para bajar la edad de imputabilidad -que fracasó en octubre de 2014 por un margen muy escaso-, Moreira aseguró que no tiene dudas de que la reforma constitucional en materia de seguridad triunfará. 

Horas después de que la Corte Electoral oficializara el plebiscito, Larrañaga llamó a una conferencia de prensa para anunciar que le pedirá al presidente Tabaré Vázquez hacer uso de la cadena nacional de radio y televisión, amparado en el artículo 94 de la ley 19.307 que regula los servicios de comunicación audiovisual. También se mostró confiado en que otros sectores del Partido Nacional, aunque no apoyen el plebiscito, ensobrarán la papeleta por el sí para votar por la reforma. Lo mismo dijo que sucederá en otros partidos opositores. De todas maneras, la Corte Electoral deberá garantizar que todos los circuitos habilitados para las próximas presidenciales cuenten con las papeletas para votar. 

 

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