El traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita Penal a la Civil dejó en evidencia la ambigüedad que desde hace un tiempo domina las posiciones internas de la izquierda cuando se trata de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
“Locura”
En tanto, la oposición -ajena a estas disputas y enojos en filas de la izquierda-y algunos constitucionalistas tildaron la convocatoria a los ministros de la SCJ de “locura” y alegaron que al pedirle explicaciones a la Justicia se viola el equilibrio de poderes del Estado que consagra la Constitución (ver nota aparte). No es el único tema que enfrenta al Poder Judicial y al Ejecutivo (ver apunte). La Suprema Corte, un obstáculo
En el oficialismo sienten que la Justicia les “frena los cambios”, según confió una fuente del Ejecutivo. Al malestar por el traslado de Mota se agrega el consenso entre los ministros de la Suprema Corte de que la ley interpretativa de la Caducidad es inconstitucional y la declaración de inconstitucional del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales. Mujica advirtió que planteará reformar la Constitución para que el tributo sea viable.