La justicia de Hong Kong inició el mayor proceso contra un grupo de activistas prodemocráticos

Se trata del proceso más grande hasta la fecha bajo la norma, sancionada el 30 de junio de 2020 para evitar que se reiteraran las protestas sociales y políticas que estallaron en 2019 en reclamo de una mayor democratización de la ciudad, que fuera traspasada por el Reino Unido a Beijing en 1997 bajo el principio de “un país, dos sistemas”, definición que garantiza a Hong Kong un nivel de autonomía muy superior al del resto del país.

Los observadores locales señalan que los 47 acusados, incluidos algunos de los activistas más destacados de la ciudad, se exponen a condenas que pueden llegar a cadenas perpetuas en caso de ser hallados culpables. Según las autoridades, los imputados buscaban obtener una mayoría legislativa para forzar la renuncia del gobernador, acusación que los procesados rechazaron alegando que sólo concretaron acciones normales para una oposición democrática.

Del total de los acusados, 16 se declararon inocentes del cargo de participar en la elección primaria extraoficial realizada antes de las votaciones legislativas oficiales. En este contexto y en el primer día del proceso, un pequeño grupo de manifestantes se congregó frente a la corte con pancartas que decían "La represión es una desvergüenza" y "Liberación inmediata de todos los presos políticos". Presos que, por otra parte, ya pasaron casi dos años en prisión.

El proceso podría extenderse más de cuatro meses, estará a cargo de jueces escogidos por el gobierno de Hong Kong y los acusados representarán la amplia gama de la oposición hongkonesa, desde el académico Benny Tai hasta ex legisladores como Claudia Mo, Au Nok-hin y Leung Kwok-hung, pasando por jóvenes activistas, como Joshua Wong o Lester Shum.

El grupo fue acusado conjuntamente en marzo de 2021 por organizar la votación primaria no oficial, desafiando así la advertencia oficial con una convocatoria que encontró una respuesta positiva de 610.000 votantes, según anunciaron los organizadores en su momento. Posteriormente, las autoridades de Hong Kong anularon el acto electoral y Beijing impuso un nuevo sistema político, bajo el cual revisa con detalle los antecedentes de los candidatos.

"Esto es una represalia contra los hongkoneses que apoyaron el campo prodemocrático", declaró Eric Lai, del Centro de Derecho Asiático de la Universidad de Georgetown, en declaraciones a la agencia de noticias AFP. "Beijing hará todo, incluso utilizar las leyes y las cortes para asegurar que las políticas democráticas de Hong Kong no traspasen los límites que trazó", agregó Lai en referencia a una proceso judicial que es público, pero sin jurado, en un distanciamiento de la tradición del derecho consuetudinario heredado por la ciudad del sistema judicial británico.

"Es como si la ley de seguridad nacional fuera ahora la nueva Constitución de Hong Kong y los jueces estuvieran desempeñando un papel para garantizar que así sea", declaró Dennis Kwok, un ex legislador de la ciudad. Semanas antes del inicio de las audiencias, el jefe de la corte de Hong Kong, Andrew Cheung, defendió a la justicia de las acusaciones de politización. "Aunque inevitablemente la decisión de la corte puede tener a veces un impacto político, esto no significa que haya tomado una decisión política", sostuvo el funcionario.