La Justicia federal de México ordenó la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses

Así lo informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña el reclamo que dio origen la resolución judicial en el marco de un amparo solicitado por los abogados de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano desaparecido en Guanajuato, en la región central del país.

"En 40 días hábiles, la Fiscalía General deberá crear y poner en funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses, herramienta fundamental para la unificación, sistematización, y el cotejo continuo de la información forense, incluida la genética de los más de 52.000 cuerpos sin identificar en el país", informó la ONG dependiente de la Compañía de Jesús.

"La FGR ha sido omisa en la creación de esta herramienta, pese a que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, lo ordena desde 2017", señaló la institución en un comunicado citado por la agencia de noticias Sputnik.

El dictamen fue emitido por el primer juez de distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con sede en central en Zacatecas, una región minera que registró durante el año pasado no menos de 848 desapariciones, de acuerdo con los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Desde 2017, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, promovida por las familias de los desaparecidos, estipula que operar el banco de datos forenses es una obligación de la FGR. En el fallo enfatiza que "las familias se ven obligadas a realizar la búsqueda por sí mismas” y remarca la “existencia de obstáculos institucionales durante estos procesos".

La decisión ordena a la FGR "disponer de recursos los económicos para la creación formal de las herramientas tecnológicas”, coordinar “grupos de trabajo de personas expertas en diferentes disciplinas" y avanzar en los “lineamientos y reglas para el funcionamiento” del BNDF según los dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada sancionada por el Congreso.

Los abogados que acompañan a las familias de los desaparecidos denuncian que la FGR, un  órgano constitucional autónomo con funciones de ministerio público encargado de investigar y perseguir los delitos del orden federal, "ha incumplido su obligación de crear y poner en operación las herramientas de identificación".

La decisión del magistrado toma en cuenta las recomendaciones y resoluciones provenientes de organismos internacionales, como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos del organismo.

Según el último informe de la CED, concretado hacia fines del año pasado luego que una misión relevara en in situ la situación de los derechos humanos, la cifra de desaparecidos ascendería a unas 94.000 personas, además de unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se incrementó la participación del Ejército en la estrategia contra el narcotráfico durante el gobierno del entonces presidente conservador Felipe Calderón del Partido Autonomista Nacional.

A través de la campaña "Identificación Ya", las familias de las personas desaparecidas vienen reclamando desde 2017 a las autoridades de la FGR que cumplan con las sentencias que les otorgan los amparos judiciales y garanticen sus "derechos de búsqueda, verdad y acceso a la justicia".

Por lo pronto, en un país envuelto en una espiral de violencia por el accionar de bandas criminales, los clanes del narcotráfico y el accionar del Ejército, el 28 de setiembre pasado se cumplieron ocho años del emblemático “caso Ayotzinapa”, el brutal asesinato de un grupo de 43 estudiantes de magisterio, aprendices de profesor de una escuela rural e hijos de campesinos que, según verificó la justicia, fueron torturados antes de ser asesinados y desaparecidos.

En tanto, los registros de la estatal Comisión Nacional de Búsqueda de Personas confirman que los secuestros y las desapariciones, al contabilizar 31.533 casos desde diciembre de 2018, cuando asumió el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

La orden de la Justicia federal se conoce, además, en momentos en que la Guardia Nacional de México, un cuerpo policial con mando civil, pasó a estar bajo el control del Ejército, luego de una polémica reforma rechazada por Naciones Unidas y las organizaciones de derechos humanos por considerar que profundizará la militarización de la seguridad pública.

"La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió y fue una escuela para formar a funcionarios corruptos", dijo López Obrador cuando agradeció a los legisladores la aprobación de la enmienda constitución que permitió la reforma.

Para la alta comisionada interina de la ONU para Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, la decisión es un "retroceso para la seguridad pública” ya que deja al país "sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública”.