Los referentes de los cuatro partidos políticos que hoy tienen representación parlamentaria en el Senado –Frente Amplio (FA), Partido Nacional (PN), Partido Colorado (PC) y Partido Independiente (PI)– disertaron este viernes en la Expo Prado sobre las medidas que piensan instrumentar para la lechería en caso de que sus agrupaciones lleguen al gobierno en marzo de 2020. Si bien se dieron puntos de coincidencias, hubo temas donde quedaron marcados los matices, en particular con el expositor del oficialismo.
Aprovechando la cercanía del ciclo electoral, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) decidió abrir instancias de intercambio con asesores de los partidos políticos. Este viernes fue el turno de Políticas de Estado para la Lechería. El panel estuvo integrado por Jorge Marzaroli (FA), Álvaro Lapido (PN), Wilson Cabrera (PC) y Rodolfo Irigoyen (PI). Cada panelista tuvo unos 10 minutos para hacer un diagnóstico general de la cadena y luego abordar las principales trabas y qué soluciones plantean para derribar esos obstáculos. Después vino un espacio para preguntas de las gremiales lecheras.
Una de las cuatro preguntas que plantearon las gremiales lecheras a los expositores fue qué medidas tomarían para atacar la conflictividad laboral. El asesor de Daniel Martínez (FA) recordó que la apuesta de su candidato es la de manejar los conflictos laborales con “más profesionalismo”.
“Pero también el desafío es desde las propias empresas industriales a comprender relaciones laborales modernas de una negociación de ganar-ganar”, planteó.
“Pasó la época donde no se planificaba. Pasó la época donde la organización del trabajo no era lo relevante y funcionaba más con el látigo que con la promoción”, dijo Marzaroli, que recibió un abucheo de buena parte del auditorio.
“No sé si en tu casa existía el látigo cuándo eras tambero. No creo que tu padre tuviera un látigo en la mano, ni conozco a ningún caso de un productor agropecuario. Eso realmente me ofende”, le respondió a su turno el exvicepresidente de Conaprole y hoy asesor de Ciudadanos (PC) Wilson Cabrera.
Cuando Marzaroli volvió a tomar la palabra pidió disculpas. “Primero corresponde reconocer el error. No fue usado de la forma en que se interpretó. Sin dudas que fue responsabilidad mía usar ese término (por látigo) en forma tácita, sino en un término específico para el sector industrial para respetar los derechos de los otros. Y comparto que hay que tener una actitud más firme del Estado. De ninguna manera pensaría que ese fuera el vínculo entre los productores y sus trabajadores”, aclaró el representante oficialista, que esta vez recibió aplausos del público.
Por su parte, Lápido (PN) consideró que en un futuro gobierno debería pensar en tener un ministro o un director de Trabajo “que no sean sindicalistas”.
“Vamos a poner gente equilibrada que no se vuelque solamente para un lado. Vamos a buscar relaciones laborales de equilibrio y justas”, añadió. En ese sentido, mostró su indignación cuando el sindicato de Conaprole “cada primavera dos o tres veces por año destruye el valor de la cooperativa; de miles de familias que trabajan ante la mirada (pasiva) del ministro de Industria, de Trabajo, de todo el gobierno; dejan que rompan la generación de valor de Conaprole. Esto es no tener conciencia agropecuaria”, rechazó. En ese sentido, aseguró que tanto Luis Lacalle Pou, como su eventual ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y su referente en agro, Ignacio Buffa, son personas que “saben y sienten el campo”.
Por su lado, Irigoyen (PI) consideró que primero se debería cumplir con las recomendaciones de la OIT. Como segundo punto planteó –en tono irónico– pedirle a los finlandeses (por UPM) que redacten el proyecto de ley que se requiere para procesar esos cambios.
“Preocupa que cada vez sea más caro producir un litro de leche”, dijo Wilson Cabrera del Partido Colorado.
Cabrera acotó que no estaba en contra de los sindicatos, incluso que los alentaba porque las propias gremiales lecheras funcionan como tal. Sin embargo, consideró que el problema estaba en el “juez” (por el Ministerio de Trabajo). A su juicio, se requiere un nuevo perfil de esta cartera más “serio” y “equilibrado”.
“La cadena láctea no necesita de subsidios. En el Partido Nacional entendemos que la lechería no quiere ayudas. Los tamberos tampoco queremos contribuciones. No queremos salvavidas”, dijo Lápido a su turno. En ese sentido, el exvicepresidente de Conaprole recordó que cuando ingresó al Directorio de esa industria hace 20 años el precio de la leche en polvo era de
US$ 1.800 la tonelada; hoy vale US$ 3.000. “Eso quiere decir que no tenemos un problema de precios. No tenemos un problema de clima o de tecnología, tenemos un problema de competitividad”, insistió. El tambero dijo que esa debilidad no se soluciona con nuevos fondos lecheros o fideicomisos.
“El Frente Amplio no siente y no entiende al campo; nunca lo entendió”, dijo Álvaro Lapido del Partido Nacional.
Marzaroli del FA matizó con la visión generalizada de números rojos de los tamberos. Puso como ejemplo los resultados positivos –pese a la suba de costos– que hoy están obteniendo un grupo de productores que apostaron fuerte a la innovación y la incorporación de tecnología. Por ese motivo, consideró que el desafío para el próximo gobierno pasará para que esos tamberos que hoy están con números rojos reciban el apoyo del Estado para que incorporen esa transferencia de conocimiento para producir leche y ser más eficiente y rentable.
“Hay que achicar la brecha productiva para ser más eficientes”, dijo Jorge Marzaroli del Frente Amplio.
Lápido del PN fue crítico con la política del Instituto Nacional de Colonización (INC) para fomentar nuevos tamberos, cuyo costo de apertura está hoy entre US$ 500 mil y US$ 1 millón. A su juicio, sería más eficiente “cuidar más del dinero” del Estado y apostar a mantener los productores que ya están en el rubro. “No me sirve de nada abrir un tambo si por otro cierran 10”, cuestionó.
En tanto, Marzaroli del FA se mostró afín de ser “más eficiente” a la hora de gestionar la tierra para los tamberos familiares y elogió iniciativas como una del Inale para que los productores puedan acceder a financiamiento de largo plazo para elevar sus escalas. También citó el caso del uso de campos colectivos como los de un grupo de 29 productores de San Ramón que elevó 20% su productividad.
Por su parte, Cabrera consideró que para un productor que piensa en expandirse en un horizonte de 6 o 7 años, estar en un campo arrendado es complejo y que había que buscar herramientas para que pueda hacerse de la tierra. También coincidió con Lápido sobre el manejo de las tierras el INC para productores “que arrancan” desde cero y “no tienen capacidad” para gestionar un tambo.
Fue uno de los puntos donde los cuatro disertantes mostraron mayores coincidencias. Todos se mostraron proclives a profundizar la inserción internacional de los lácteos durante la próxima administración de gobierno y apuntar a obtener tratados con preferencia de aranceles con importadores de peso como Japón, Corea o China.
A propósito Cabrera dijo que el año pasado Conaprole pagó en aranceles unos US$ 30 millones para colocar sus productos en el exterior. En ese sentido, indicó que ese dinero sería “agua en el desierto para los tamberos” porque equivalente hoy a dos centavos de dólares por litro de leche remitido a planta. También recordó que el tratado que acaba cerrarse con la Unión Europea, no beneficia a los lácteos uruguayos sino que los perjudica porque es muy difícil competir con los fuertes subsidios que reciben los tamberos europeos.
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