El asesinato de un niño de 8 años en enfrentamientos entre narcos, la incautación de las 2,16 toneladas de cocaína en Amberes (Bélgica), que iban adosadas a alfajores y budines que salieron del puerto de Montevideo, los 400 kilos que se tiraron en Soriano desde una avioneta que venía de Bolivia, el asesinato de seis presos en un incendio provocado por otro recluso en el exComcar... así empezó el 2024 en estos primeros 19 días y quién sabe cómo seguirá.
El pedido de una mirada más abarcativa
Mientras te escribo el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se mide por primera vez en el Parlamento en una comparecencia que él pidió a la comisión permanente –que funciona durante el receso veraniego– para explicar sus políticas de seguridad. El ministerio divulgó antes las cifras y pretende festejar una disminución en los homicidios que no es tal porque pasar de 383 a 382 no se puede considerar una baja.
Más allá de lo que pasó en el Parlamento, que podés leer en esta nota, lo que han mostrado los primeros chispazos de campaña no parece ir en el camino correcto o, para ser más justa, se queda corto. Hace falta una mirada más abarcativa del problema y a su vez concreción y puntería para atacar dónde están los peores resultados.
Como ejemplo alcanza repasar algunas propuestas de los precandidatos de estos días. El precandidato del Frente Amplio e intendente de Canelones, Yamandú Orsi, propuso un “acuerdo nacional para proteger a la primera infancia y para combatir al narcotráfico” en la cena con empresarios que realizó para recaudar fondos el lunes 15 en Punta del Este. Su principal competidora, la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, apuntó contra la LUC (ratificada en consulta popular en el referéndum de 2022) que “hizo mucho mal porque tiene artículos que han aflojado mucho el control contra el lavado de activos”. Mencionó también “un fuerte componente de control en Aduanas” y “una fuerte presencia territorial” ya que “hay barrios donde hay un toque de queda tácito”.
En el oficialismo las propuestas apuntan casi por unanimidad a habilitar los allanamientos nocturnos, y se ha escuchado hablar de la creación de un Ministerio de Justicia (para que asuma la gestión de las cárceles, por ejemplo). Más recientemente el nacionalista Jorge Gandini propuso que las Fuerzas Armadas ayuden a la Policía (también lo han planteado el colorado Gustavo Zubía y el excabildante Eduardo Lust) en “algunas zonas complicadas”. Su propuesta encontró gran resistencia en el sistema político, en la Policía y en las propias Fuerzas Armadas.
Basta de decir que estamos lejos de ser México o Ecuador
STRINGER / AFP
Ecuador decretó Estado de excepción
Para empezar a tomarse en serio el tema, debemos dejar de decir que Uruguay nunca será ni Mexico ni Ecuador porque hay algunos indicios que muestran que vamos en camino de serlo si no reaccionamos. Te mencionaré algunos ejemplos de situaciones que están ocurriendo en Uruguay y que ya pasaron en esos países:
- Los narcos controlan algunos barrios de Montevideo. Es una de las conclusiones a las que llegó la investigación “En las grietas del Estado: gobernanza criminal en Montevideo”, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, que trabajó en coordinación con el MI. Decía ese estudio que si bien en Uruguay “las bandas criminales tienen escasos niveles de organización” y no hay matanzas a políticos, periodistas y fiscales como en Centroamérica, “manejan determinado dinero que les permite nuclear colaboradores en el territorio de influencia”.
- Los crímenes violentos por las disputas de territorio para la venta de la droga, las mutilaciones de miembros, las armas de guerra que se han encontrado en algunos allanamientos dan cuenta de una "profesionalización" de las bandas criminales.
- El sistema penitenciario ya da muestras de ser reclutador de jóvenes que pasan a integrar bandas de narcotráfico, además de que hemos tenido casos de operaciones y redes de tráfico coordinadas desde las cárceles.
- El pasaje de país de tránsito de la droga a país de acopio. El periodista Gabriel Pereyra, que conoce del tema, asegura que eso ya pasó en Uruguay y advertía hace meses en una columna en el semanario Búsqueda que eso traerá en los próximos años más droga, presencia de armas de guerra para cuidar los depósitos de drogas y más violencia. Cuando le preguntaron al exministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una entrevista de El País si eso ocurrió, respondió que podía ser.
Tomarse en serio el tema implica también reforzar en serio los controles en los puertos y fronteras que, sabemos, son un colador, y no solo la frontera seca con Brasil sino también la frontera fluvial con Argentina. El puerto de Montevideo es el punto principal a reforzar. Y para prueba basta lo que informaba Euge Scognamiglio este viernes sobre que el escáner del Puerto de Montevideo solo puede controlar 100 contenedores por día, el 3% de los que mueve, teniendo en cuenta que en 2023 movió un récord de 1.120.000 TEUs –contenedores con una medida estándar de 20 pies–.
La nota cuenta también que la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado le recomendó a la Dirección Nacional de Aduanas en junio de 2020 “mejorar las condiciones de control fronterizo, (...) mejorar la capacidad de detección y escaneo de los principales aeropuertos, puertos y pasos de frontera del país” y señalaba que "la manipulación de contenedores demuestra la existencia de corrupción o de infiltración de las organizaciones criminales en las instituciones estatales de control".
Recién en mayo de este año, cuando se cumplirán cuatro años de aquella recomendación podrán empezar a funcionar los tres nuevos escáneres que compró Aduanas, con los que se estima se podrá controlar entre el 75% y el 80% de los contenedores que se mueven en el Puerto de Montevideo.
Por último menciono otro tema vinculado al control legal que pasó desapercibido cuando se aprobó la Rendición de Cuentas y que ahora viene a cuento pero que demuestra que en estos temas debe dejar de pesar lo político sobre lo técnico. El artículo 109 de la Rendición modificó la ley de lavado de activos (19.574) y excluyó como sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos a los usuarios “directos e indirectos” de zonas francas que desarrollen “únicamente actividades logísticas y de movimiento de mercaderías”.
Según informó El País, el gerente de Fiscalización y Control de la Senaclaft, Gustavo Misa, afirmó que la modificación legal no se hizo con el análisis técnico requerido. “No sé si se estuvo bien o mal. Con el diario del lunes, el olfato dice que no era un buen momento”, declaró teniendo en cuenta que la Secretaría Antilavado se encuentra elaborando la Estrategia Nacional Antilavado en la que está analizando todos los riesgos que existen.
Además, Misa contó que el día en el que se iba a votar en el Parlamento este cambio regulatorio, les consultaron al mediodía si estaban de acuerdo con la exclusión de estas empresas como sujetos obligados. La respuesta fue que estaban trabajando en la ENR y la Estrategia Nacional, pero que aún no contaban con el análisis de riesgos requerido.
Ningún país podrá combatir el narcotráfico y ni siquiera podrá hacerle mella sin una política de Estado clara y abarcativa, que incluya lo social y la educación, porque está claro que no se logra solo con represión y medidas policíacas. Se precisa también inteligencia, tecnología, controles y un buen marco legal. Los acuerdos nacionales pueden dar títulos pero si no se llenan de contenido y se concretan no sirven para nada. Tampoco creo que la propuesta de militarizar los patrullajes sea la solución, lo que sí creo es que las cárceles forman parte del problema y deben formar parte de la ecuación para buscar soluciones.
Ojalá los candidatos se den cuenta que este no es un tema para hacer política en la campaña sino que se lo tomen en serio y los que gobiernen, miren hacia dónde tiene que mirar.
