La newsletter de Malena Castaldi: la conflictividad hoy y las reivindicaciones en agenda

La foto fue bien distinta en la primera mitad del año, período marcado por fuertes negociaciones en distintos ámbitos. En enero-junio la conflictividad fue más del doble del promedio del año anterior y casi diez veces mayor que el promedio de 2020, primer año del actual gobierno y en previa pandemia. 

Y es importante señalar ese punto de inflexión porque tras normalizarse la situación por el impacto del Covid-19, la conflictividad laboral comenzó a crecer y registró en el primer semestre del 2023 el punto más alto de la actual administración de gobierno con 60 conflictos y cuatro paros convocados por el PIT-CNT. 

Según el Informe de Conflictividad Laboral de la UCU, hubo dos paros parciales y dos nacionales entre enero y junio, un número “relativamente alto” si se lo compara con igual período de 2017 (dos paros), 2018 (cuatro), 2019 (tres), 2020, 2021 y 2022 (uno en cada uno). 

¿Tendrá eso que ver con una especie de conflictividad retroactiva? ¿Que se vio postergada naturalmente por las restricciones de la pandemia y se manifestó después? No es tan simple dar una respuesta. La directora de Estudios Organizacionales de la UCU, Eloísa González, está convencida de que sin pandemia la conflictividad se habría dado antes por motivos que ya estaban descontados en el análisis: el cambio de signo político tras 15 años de gobierno del Frente Amplio y una menor afinidad ideológica de la nueva administración con el movimiento sindical.

“Nosotros al analizar ese período pensábamos que iba a ocurrir otra cosa. Pero por supuesto que no preveíamos la pandemia. Y por eso es muy importante estudiar la conflictividad en los contextos en los que ocurre: económico, jurídico, social, tecnológico”, me dijo González.

Con o sin pandemia, para la especialista las movilizaciones estarían igualmente presentes por mejoras salariales, por la reforma de la seguridad social o la transformación educativa. “No es que yo interprete que están parando más ahora por lo que no pararon antes. Ahora paran por lo que entienden importante en este momento, de acuerdo a la coyuntura y agenda”, dijo.

De hecho, cuando se acerca la lupa y se miran los motivos de los cuatro paros en el primer semestre del año, no todos fueron por conflictos específicamente laborales: el 8 de marzo se convocó por el Día de la Mujer y el 27 de junio por los 50 años de la huelga general en rechazo al golpe de Estado de 1973. Otros dos sí apuntaron a la reforma de la seguridad social: un paro parcial el 23 de marzo y otro nacional de 24 horas en abril, cuando comenzaba a tratarse en el Parlamento el proyecto de ley posteriormente aprobado.     

Al analizar las causas de la conflictividad en la primera mitad del año, el informe muestra que el 55% fue por razones salariales tanto en el ámbito público (en los entes y la Coordinadora de Sindicatos por la Enseñanza) como privado (en el sector de la Construcción), el 21% por las condiciones de trabajo (mayor seguridad en el sector del Transporte, la Construcción y la Enseñanza tras el fallecimiento de trabajadores; también por la agresión de funcionarios de la Salud) y el 20% por motivos de empleo (el sumario al director del IAVA, despidos en CASMU y recorte de horas en UTU), a lo que se suma un 4% de “otras” razones.

Similitudes y diferencias
Hay temas de conflictividad que son cantados, independientemente de quién ocupe el sillón. Ojalá no fuera así, pero lamentablemente las reivindicaciones suelen repetirse. ¿Por ejemplo? Más presupuesto en la Rendición de Cuentas, el reclamo por pautas de negociación colectiva que se consideran insuficientes, mejores condiciones de trabajo o mayores medidas de seguridad.  

Pero también es cierto que existen diferencias que se anclan en la agenda de cada administración y en el contexto económico y político que vive el país. ¿Qué le rebotaron a esta administración? El actual gobierno transita su cuarto año de gestión y al menos tres de sus grandes propuestas encontraron rechazo: la Ley de Urgente Consideración, la Reforma de la Seguridad Social y la Transformación Educativa. Otro foco de fuerte conflictividad ha estado en Ancap, ya sea por la licitación para el negocio del cemento, la libre venta de combustible para aviones o las condiciones laborales durante la parada de la refinería por mantenimiento.  

“Pero yo diría que la conflictividad es más similar que diferente: se reclama muchas veces por los mismos temas de siempre y por temas puntuales de cada gobierno”, reflexionó González y recordó “los paros contra la reforma educativa durante el gobierno de Julio María Sanguinetti; contra el ajuste fiscal y el proyecto de reforma de seguridad social en el gobierno de Lacalle Herrera, contra ajuste fiscal y en rechazo a la asociación de Antel con privados en el gobierno de Jorge Batlle; por mejora de pautas salariales y en rechazo a un TLC en el gobierno de Tabaré Vázquez; el rechazo a las leyes de Rendición de Cuentas presentadas en los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez”. Y la lista puede seguir. 

¿Y dónde estarán los puntos de presión en lo que resta de la administración? Está abierta la negociación colectiva, la última de esta administración, que fijará las condiciones de los próximos dos años para 600 mil trabajadores privados, con pautas que quedaron largas pese a la evolución de la inflación. El compromiso del gobierno es recuperar el nivel de salario perdido durante la pandemia, tras los convenios puente estipulados en ese escenario. 

“En 2025 los trabajadores recién con el último correctivo logran recuperar el salario perdido. La aspiración es que en el 2024 y 2025 se alcance el mismo nivel de poder adquisitivo que en 2019. Hay gusto a poco”, me dijo el economista Hugo Bai del Instituto Cuesta Duarte, que hizo hincapié en la masa salarial, que además del salario incorpora el nivel de empleo. Para Bai desde el punto de vista redistributivo es un retroceso porque “los trabajadores se quedan con menos y la política económica genera mayor concentración en los empresarios”.

Pero aún mayor es la atención que se llevará el intento de plebiscitar la reforma de la seguridad social, un tema que correrá en paralelo con la campaña electoral y un Frente Amplio que procura volver al poder tras cinco años en la oposición. El PIT-CNT buscará las firmas para habilitar la consulta que incluye eliminar las AFAP, fijar en 60 años la edad de retiro y que las pasividades mínimas estén alineadas con el salario mínimo nacional, una plataforma que no encontró alineada y despierta fuertes reparos en la coalición de izquierda, especialmente por la forma: modificar la Constitución. 

Nos leemos la próxima semana. Hasta pronto.