Después de los "revalúos" de 1935 y 1938, que llevaron a un considerable aumento de la cantidad de pesos circulante y del gasto público, los uruguayos tenían más billetes. No podían cambiarlas por oro, porque el peso ya no era convertible, ni podían comprar moneda extranjera, como dólares o libras, salvo en el mercado "negro", debido al control de cambios instaurado en 1931. Entonces quedaba ahorrar en pesos o gastar.
Había mucho más dinero, pero la cantidad de productos era más o menos la misma. Por tanto la inflación comenzó a desplegarse en 1937, con un atraso razonable entre ciudadanos que no estaban habituados a un aumento abrupto del circulante —aunque se habituarían rápidamente. Después de un siglo sin conocer la inflación, en 1939 los precios aumentaron prácticamente dos dígitos.
El control de cambios había gestado enormes intereses políticos, burocráticos y empresariales, favorecidos por el proteccionismo y los monopolios de hecho o de derecho. El país comenzó a gastar muchas energías, y a crear oficinas, con la finalidad de controlar precios y proveer abastecimientos a través de organismos públicos.
El 5 de setiembre de 1939, apenas iniciada la Segunda Guerra Mundial, que significaría necesariamente una abrupta caída del comercio exterior y de los abastecimientos, como había ocurrido ya en 1914, el Parlamento votó una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a disponer por decreto "toda clase de medidas necesarias para evitar el aumento de precios, de acaparamiento y la ocultación de artículos de primera necesidad".
Desde junio de 1938 el presidente de la República era el colorado Alfredo Baldomir, un general del Ejército y arquitecto, casado con Sara Terra, hermana de Gabriel Terra, su predecesor en el cargo. El ministro de Hacienda continuaba siendo César Charlone, quien ahora también fungía como vicepresidente de la República. La fórmula Baldomir-Charlone había derrotado por enorme margen a los blancos el 27 de marzo de 1938, las primeras elecciones nacionales con voto femenino.
La única voz francamente discordante en el Parlamento con la intromisión oficial en los abastecimientos fue la de Emilio Frugoni, un consecuente crítico del control de cambios impuesto en 1931. El diputado socialista sostuvo que "la política de abaratamiento de artículos" adoptada por el gobierno era de "una indiscutible hipocresía", pues la razón básica de su alto costo eran los tipos de cambio múltiples y los altos aranceles aduaneros.
Por supuesto que muchos artículos continuaron escaseando debido a los cupos, precios artificiales y carencia de fletes internacionales, como más avanzada la guerra ocurrió, por ejemplo, con el hierro, las máquinas y los combustibles.
Sin embargo el abundante ingreso de capitales europeos, y el saldo enormemente positivo de la balanza comercial, hicieron que se levantara de hecho el control de cambios y de importaciones durante la guerra, y se pasó a un tipo de cambio fijo y a un comercio exterior más abierto. Gracias a la matanza bélica a escala global, las reservas del Banco de la República repuntaron y el peso uruguayo se apreció.
El dólar estadounidense, que valía alrededor de 1,90 peso en el mercado "negro" o libre en 1935, cuando el primer "revalúo" del oro, y que trepó hasta 2,75 en 1939, después del segundo "revalúo", cayó a 1,82 en 1945 y a 1,78 en 1946.
Los controles fueron reimplantados en 1948, cuando buena parte de las reservas se habían gastado, en buena medida para comprar servicios públicos a empresas de capitales ingleses, y el dólar ya cotizaba a 2,04 en el mercado libre. Y subiría a 2,25 pesos en 1949. Los controles se levantaron otra vez entre 1950 y 1951, un tiempo de enorme auge en el comercio exterior uruguayo debido a la reconstrucción de Europa y la Guerra de Corea.
Entre 1930 y 1941 el número de funcionarios casi que se duplicó; y entre 1930 y 1955 se multiplicaría por 5,5: de 30.000 a 166.000. En esos verdes años del puesto público, en especial durante los gobiernos de Juan José de Amézaga, Luis Batlle Berres y Andrés Martínez Trueba, cuando se consolidaron el estatismo y la burocratización, los empleados del Estado uruguayo pasaron de ser el 1,8% de la población a 7,2%.
Entre 1930 y 1941 el número de funcionarios casi que se duplicó; y entre 1930 y 1955 se multiplicaría por 5,5: de 30.000 a 166.000.
Las necesidades legítimas del sector público, a las que se sumó en gran forma el clientelismo y el acomodo a cuenta del Estado, barrieron la cultura del esfuerzo, la iniciativa y la responsabilidad personal que hizo rico al país durante su primer siglo de vida independiente. También significó el final de un prolongado ciclo de desarrollo económico y aumento de la población, y se ingresó en un largo tiempo de estancamiento, crisis y emigración.
Precisamente cuando el mundo de posguerra experimentaba la mayor expansión comercial de la historia, Uruguay —una antigua pequeña potencia productiva— se sentaba a la vera del camino, pretendiendo un desarrollo "hacia adentro" mediante la sustitución de importaciones que había iniciado durante la Gran Depresión y luego en la Segunda Guerra Mundial.
En 1945 el país ingresó en la era de la inflación de dos dígitos, acompañando el constante aumento de la cantidad de dinero. El castigo se reduciría en algunos años puntuales, pero se tornaría crónico entre 1951 y 1998.
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