La Policía "223": ¿garantía de seguridad o trabajo ilegal?

Cambadu y el sindicato policial buscarán que se regule el servicio de 223; para los comercios es una necesidad, para el ministerio afecta el trabajo de los efectivos

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15 de julio de 2017 a las 05:00

La muerte del policía Wilson Coronel durante el asalto a una pizzería de Pocitos en la que trabajaba informalmente como guardia de seguridad dejó en evidencia una práctica tan frecuente como ilegal. El llamado servicio 223, un resabio del 222 que fue limitado por la ley de Presupuesto de 2011 a un máximo de 50 horas mensuales por policía, es una alternativa a la que recurren muchos comercios que necesitan de seguridad y no pueden pagar los servicios de las empresas formales.

Según explicó el vicepresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, además de ser más barato, contratar a un policía ofrece mayor flexibilidad para los comercios. Así, por ejemplo, un restaurante que solo trabaja al mediodía y a la noche, puede elegir contratar al policía unas pocas horas antes del cierre –cuando el comercio ya tiene dinero en la caja–. Si, en cambio, optara por una empresa de seguridad formal debería abonar como mínimo un jornal completo de ocho horas, cuyo costo ronda los $ 2.500.

Además del menor presupuesto, para algunos comercios un policía ofrece mayores garantías. Eso porque, según la normativa, solo las compañías que trasladan valores pueden tener guardias armados. De esa forma, si en vez de un policía el restaurante de Pocitos hubiese contratado a una empresa formal, el guardia habría estado desarmado y lo único que podría haber hecho ante una rapiña como la que ocurrió el pasado lunes era llamar a la policía.

"El servicio 223 es ilegal. Cada vez que nos enteremos de que hay un servicio 223 lo vamos a denunciar penalmente" Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior

Sin embargo, el Ministerio del Interior se ha mostrado inflexible ante esta práctica. El subsecretario Jorge Vázquez anunció esta semana que cada vez que tomen conocimiento de un servicio 223 lo denunciarán penalmente.

De hecho, presentó una denuncia en el Juzgado Penal de 12º Turno contra la pizzería en la que murió Coronel, con el fin de que se investigue la presunta responsabilidad penal de los dueños. El ministerio se amparó en que la ley 19.196 penaliza al empleador que no adopte "los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma que pongan en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador". La pena es de 3 a 24 meses de prisión. El vicepresidente de Cambadu dijo que hay muchísimos comercios que contratan policías porque "existe una necesidad de seguridad".

"Tenemos socios que nos dicen que gracias al policía que tienen en la puerta pudieron ahuyentar a un malandro, pero son comercios que no pueden pagar por ese servicio formalmente", dijo el empresario.
"Hoy la figura existe, las empresas contratan policías como reponedores, ayudantes, cajeros, pero siguen siendo policías", agregó.

"(Los comercios) tienen la necesidad de contratar seguridad" Daniel Fernández, vicepresidente de Cambadu

Por esa razón, la próxima semana directivos de Cambadu y de la Unión de Sindicatos Policiales se reunirán para elaborar y presentar en conjunto una propuesta al Ministerio del Interior para que se regule la figura del 223. "Queremos que los policías puedan hacer tareas de guardia de seguridad, que se les ponga un límite de hora, pero que exista", explicó Fernández.

Una cuestión salarial

Durante una concentración realizada el pasado miércoles para reclamar justicia por la muerte de Coronel, la dirigente del Sindicato de Policías de Montevideo Patricia Rodríguez dijo que la normativa que impide a los policías trabajar como guardias de seguridad "no sirve" y "limita el derecho al trabajador".
Por su parte, el dirigente de la Unión de Sindicatos Policiales Eduardo Juárez opinó que si los trabajadores recibieran el pago de la nocturnidad o se les reconociera económicamente la exclusividad que la tarea policial exige, "muchos de los que hacen trabajo extra no lo estarían haciendo". Este tema será planteado en una reunión tripartita entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y la Unión de Sindicatos Policiales la próxima semana.


El Ministerio del Interior decidió eliminar el servicio de 222 porque los policías no cumplían su función correctamente por hacer largas horas como guardias privados. Como contrapartida se incrementó el salario de los efectivos y, por ejemplo, un agente de segunda que en el año 2000 ganaba $ 4.301 corrientes –que en poder de compra equivalen a unos $ 17.000 actuales considerando la inflación–, ahora percibe $ 32.072, algo menos del doble.

Además, el sindicato policial señaló que todavía hay unos 400 efectivos viviendo en asentamientos. A fin de revertir esa situación el Ministerio del Interior creó un fondo para la construcción de viviendas policiales, las cuales se edificarán con el aporte del 1% del salario de todos los policías.
"Mucho se ha hablado del 223, yo les quiero decir a esos políticos que salen a hacer política pero lamentablemente con la muerte de un compañero, (...) que hay que ver cómo está el policía para después salir a hablar", dijo Juárez.
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