La rebaja de los dos puntos de IVA para todas las compras con tarjetas de débito y crédito comenzará a regir en el correr del primer semestre del próximo año, si el Parlamento aprueba el proyecto de inclusión financiera antes de fin de año y las autoridades logran que el beneficio llegue a la mayoría de la población, informó a El Observador el integrante de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía (MEF), Martín Vallcorba.
Para ello será “clave” que luego de aprobado el proyecto de inclusión financiera por el Parlamento, en un período de unos seis meses, la mayoría de los trabajadores del país hayan accedido a una tarjeta de débito, elemento excluyente para apoderarse del beneficio impositivo que prometió aplicar el Frente Amplio durante la campaña electoral y fue ratificado por el actual gobierno, y que por distintos motivos se fue aplazando.
El compromiso asumido implica la reducción de la tasa básica de IVA de 22% a 20% en los pagos realizados con tarjetas. Hoy se aplica la exoneración total del impuesto a los usuarios que realizan compras con las 290.000 tarjetas, a través de las cuales se pagan asignaciones familiares y los subsidios sociales.
“Hemos sido muy consecuentes (por el Ministerio de Economía) en el planteo de cuáles eran los pre-requisitos para poder aplicar la rebaja del IVA”, recordó Vallcorba. En primer lugar, indicó que si la red de POS –terminales electrónicas de pago– no lograba una expansión importante, el otorgamiento del beneficio impositivo para las compras con tarjetas de débito y crédito iba a “quedar rengo”. Se entendía que gran parte de los beneficiarios no iban a poder apropiarse de la quita debido a que la mayoría de los pequeños comercios no contaba con medios electrónicos de pago. Actualmente, las autoridades entienden que se “ha superado el mínimo” de POS que se habían fijado como meta.
En segundo lugar, la rebaja del IVA estaba “atada” a que la mayoría de los activos y pasivos pudieran acceder a una tarjeta de débito para beneficiarse de la rebaja del impuesto, en particular aquellos de ingresos medios y medios-bajos, que son los que afrontan las mayores restricciones.
“Estamos viendo la implementación de la rebaja de los dos puntos de IVA, montado a este proyecto de ley de inclusión financiera, en particular a la obligatoriedad de pagar jubilaciones, prestaciones sociales y sueldos con tarjetas de débito”, explicó Vallcorba. Las autoridades del MEF estiman que en un plazo de seis meses luego de aprobarse la ley, estarían dadas las condiciones para aplicar la reducción. En este período se espera que básicamente las pequeñas empresas comiencen a bancarizar el pago de salarios.
Por otro lado, en entrevista con radio Sarandí en abril pasado, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, aseguró que en el gobierno no se interpreta que la medida de la rebaja de los dos puntos de IVA vaya a “fragilizar las finanzas públicas. Estamos convencidos que por diseño va a recuperarse rápidamente la brecha de pérdida de recaudación con mejoras en materia de reducción de la evasión”.
Más de 20.000 POS
Actualmente las terminales electrónicas que procesan las transacciones con tarjetas de crédito y debito (POS) y otras soluciones integradas –como en las cajas de los supermercados– están por encima de los 20.000 aparatos en todo el país, informó Vallcorba. Hace poco más de un año el número de POS llegaba a 13.000.
Como consecuencia de los incentivos fiscales que ofreció el MEF para instalar esos equipos se produjo un incremento sustantivo de las terminales. El desarrollo se dio principalmente en el interior del país y en los pequeños comercios, que eran justamente dos focos de atención que los técnicos del MEF consideraban clave para el éxito del proceso de bancarización.
Tecnología financiera
Por otro lado, Vallcorba comentó que el otro “gran soporte” del proceso de inclusión financiera es el desarrollo de una plataforma tecnológica para habilitar las transacciones interbancarias. En este proceso han trabajado en conjunto la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) y el Banco Central (BCU). Para ello, una Cámara Compensadora que estará regulada por el BCU se encargará de liquidar todas las operaciones interbancarias electrónicas. “Con este sistema, todas las transferencias podrán desarrollarse de manera simple, rápida y a bajo costo”, destacó Vallcorba. Agregó que el proceso de discusión y elaboración del proyecto de inclusión financiera que ultima Economía también estuvo atado al desarrollo del soporte tecnológico que pudiera darle “sustento” y “viabilidad” a los cambios propuestos. “Hoy podemos decir que contamos con la plataforma tecnológica para poder lanzar el conjunto de medidas que están previstas en el proyecto de ley de inclusión financiera, cosa que era impensado aplicar un año atrás”, argumentó el asesor del MEF.
Compraventas. El proyecto de inclusión financiera que está a punto de cerrar el MEF buscará atender el combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Por ese motivo, todas las operaciones de compraventa de inmuebles y autos mayores a un tope que rondará los US$ 15.000 deberán realizarse únicamente por medio de transacciones electrónicas bancarizadas. Los cheques y las letras de cambio, entre otros instrumentos físicos, dejarán de utilizarse en estos casos.
Alquileres. Con el proyecto de ley de inclusión financiera todos los nuevos contratos de alquiler deberán tener asociada al momento de la firma una cuenta bancaria donde se realizarán los pagos de los arrendamientos. Si no cuenta con una, el propietario tendrá la obligación de abrir una en una institución financiera para que el inquilino deposite los pagos.
Vivienda. El proyecto incluirá un capítulo destinado a fomentar el ahorro para la compra de vivienda de los jóvenes a través de la concesión de incentivos fiscales. Los detalles terminarán de definirse en los próximos días junto al Ministerio de Vivienda.
Transacciones. El proyecto de ley obligará a reducir los costos de las transacciones intrabancarias electrónicas. Por otro lado, el Clearing de Informes pasará a tener datos “positivos” de los usuarios. Inclusión. Economía estima que para ese fecha el beneficio alcanzará a la mayoría de la población.
