UPM, Montevideo Gas y las ocupaciones
El 2 de mayo de 2005 el nuevo gobierno del Frente Amplio derogó varios decretos que permitían al Ministerio del Interior desocupar locales comerciales, industriales, centros de enseñanza u otros por pedido de propietarios o autoridades. Al otro día, militantes sindicales ocuparon las oficinas de Gaseba, empresa controlada por Gaz de France, que trataba de vendérsela a Petrobras.
En este plano las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Ahora otra empresa trata en apariencia de sacarse de encima la vieja Compañía del Gas, el sindicato advierte que podría tomarla y gestionarla, y en el gobierno algunos piensan que aquellas derogaciones fueron un error.
Ya en diciembre de 2010 el entonces presidente José Mujica firmó un decreto que permite desocupar por la fuerza las oficinas del sector público. Ahora Tabaré Vázquez considera algo parecido para el sector privado.
Ciertas formas de abuso sindical son una de las causas de la abrupta caída de la inversión en Uruguay. Menos inversión significa, necesariamente, menos actividad y empleo y más pobreza.
El acuerdo que se firmó con UPM en 2017 establece que el gobierno debe regular la “prevención de conflictos, ocupacional y piquetes” antes que los finlandeses resuelvan si montan una nueva fábrica frente a Paso de los Toros.
Los gobiernos frenteamplistas, junto a los sindicatos, han sostenido hasta ahora que las ocupaciones son una extensión del derecho de huelga. Pero en la práctica un pequeño grupo sindical, o de militantes políticos rentados, pueden chantajear a empresarios y a los empleados que sí desean trabajar, que muchas veces son la mayoría.
En caso de ocupación, los propietarios solo pueden recurrir ante la justicia ordinaria, un trámite que demanda días, semanas e incluso meses, y deja a las empresas fuera del mercado y en quiebra.
El suministro de gas por cañería en Montevideo suele ser mal negocio.
El servicio lo inició en 1852 la firma Isola Hermanos, que producía gas en la zona del puerto para alumbrar parte de la Ciudad Vieja. Luego fue adquirida por Irineu Evangelista de Souza, el célebre barón de Mauá, quien desarrolló una nueva planta y un dique sobre la rambla Sur, a la altura de la calle Florida.
En 1872, agobiado por recurrentes crisis bancarias, Mauá vendió su negocio en Londres a la Montevideo Gas Company and Dry Docks Ltd.
Los británicos mantuvieron la empresa hasta 1974, cuando, ya decadente, fue expropiada por el Estado, que la sostuvo durante un par de décadas y luego la concedió.
Mientras tanto la vieja planta de Montevideo Gas Company, junto al dique Mauá, sigue en ruinas luego que en octubre el Frente Amplio dejara de apoyar la cesión a Buquebus que había votado en el Senado.
Montevideo Gas languidece por falta de escala, de inversión y por problemas de gestión. Ha perdido 7.000 clientes de una cartera inicial de casi 50 mil. Un problema básico es la baja densidad de la demanda uruguaya, salvo en zonas como Pocitos o el Centro, y una materia prima relativamente cara.
Montevideo Gas y Conecta (también de Petrobras, que vende gas en el interior) iniciaron en 2017 acciones contra el Estado uruguayo por una serie de inconvenientes de mercado que afectan sus operaciones. Parece el preámbulo de un retiro.
El sindicato de Montevideo Gas desea que Ancap –socio de Petrobras en Conecta– se haga cargo de la empresa, una forma de estatización –y de trabajo seguro para toda la vida.
Ahora, en pleno conflicto por reducción de la plantilla, el sindicato propone una gestión “bajo control obrero”, idea de prestigio en el imaginario revolucionario histórico. Años atrás el sindicato metalúrgico (Untmra), controlado por los comunistas, legitimó las ocupaciones de fábricas por entender que “son un bien social”, no una propiedad privada.
Pero la posesión de maquinarias, galpones o materias primas no produce riqueza, o no por mucho tiempo. La revolución necesita gerenciamiento, un bien intangible. Y gerenciar (liderar, administrar, planear, financiar, producir, vender, distribuir, cobrar) es un arte nada fácil, como demostraron todas las empresas “recuperadas” con crédito del Fondes, desde textiles a loza, pasando por el transporte aéreo, que quebraron una tras otra pese a la buena voluntad y el idealismo.
UPM, una creación del primer mundo vigilada por decenas de miles de accionistas miedosos, no entregará la llave a sindicatos politizados, sobrerrepresentados y sin responsabilidad penal y patrimonial; o a un ferrocarril burocratizado, con directorio político, condicionado por la Unión Ferroviaria. Para que todo funcione, el nuevo Ferrocarril Central deberá parecerse más al que montaron los ingleses entre 1872 y 1892 que al que gestionó el Estado uruguayo a partir de 1949.