Todos sabían que tarde o temprano tenía que suceder. Fue un ajuste cantado, obligado por las circunstancias externas. En los últimos meses el precio del petróleo se disparó y ANCAP contuvo el golpe para los bolsillos de los uruguayos. Sin embargo, el escudo que representa la empresa pública para las finanzas personales –y sobre todo, para la inflación–, llegó un momento en que tenía que ceder y por fin cedió.
El gobierno uruguayo tiene un instrumento de política económica del que no disponen todas las economías del mundo. Es dueño de tres de las mayores empresas del país: ANTEL, UTE y ANCAP; que no solo manejan presupuestos colosales –en comparación con prácticamente la totalidad de los negocios privados–, sino que tienen una fuerte influencia en las variables macroeconómicas.
Sus tarifas repercuten en el bolsillo de los uruguayos, tienen una elevada ponderación en la canasta de consumo y por lo tanto, contribuyen u obstaculizan el combate inflacionario.
Históricamente el gobierno uruguayo utilizó a las empresas públicas como una herramienta más de política económica. Los entes no se manejan con criterio empresarial. Su objetivo no es maximizar ganancias sino contribuir a las metas perseguidas por la administración central.
Si el gobierno quiere priorizar la solidez de las cuentas públicas, entonces decreta una suba de tarifas. Suben la nafta, sube la luz y el teléfono. Sube también el agua y el gas. Sube todo, como si se tratase de un aumento de los impuestos pero sin la necesidad de pedir el visto bueno del Parlamento y politizar un tema que bien puede pasar desapercibido por la opinión pública.
Pero si el foco está puesto, como hoy, en la inflación, entonces la decisión es bien distinta. El Ministerio de Economía permanece indiferente al aumento de costos de las empresas públicas e impide que esos ajustes se trasladen a los precios. Los entes recortan sus ganancias y en muy poco tiempo, se adentran en números rojos y dejan de contribuir a las arcas del Estado.
Desde el cierre de 2011 el déficit fiscal pasó de 0,8% a 1,3% del PBI. El combate del gobierno al alza de precios postergó hasta la semana pasada el ajuste de los combustibles por parte de ANCAP. El alza de 6% se dio porque si bien la inflación es la principal preocupación del gobierno, no es la única.
El balance entre los objetivos inflacionarios, fiscales y cambiarios se vuelve un trabajo muy fino cuando esas variables se encuentran ya en niveles de tensión. Hoy no es posible postergar una para atender la otra. El margen de acción es muy limitado y el gobierno no tiene otra opción que dejar que las cosas pasen. Le gusten o no.
