El sábado 22 de agosto, la policía allanó una discoteca en Lima donde jóvenes juerguistas estaban infringiendo las restricciones del confinamiento. Los jóvenes corrieron hacia la salida para evitar ser arrestados y 13 murieron aplastados o asfixiados. Las estadísticas que el Ministerio del Interior peruano publicó al día siguiente fueron casi igualmente impactantes: de los 13 muertos, 11 tenían Covid-19. De las 23 personas arrestadas por la policía, 15 dieron positivo.
La tragedia de la discoteca Thomas Restobar es una muestra de la magnitud de la pandemia de coronavirus en Perú. Un país de 30 millones de habitantes, ha registrado más de 600,000 casos — el sexto total más alto del mundo — y más de 27,000 muertes, la cifra per cápita más alta de América Latina.
A pesar de un prolongado y estricto confinamiento, no hay señales de que el virus se encuentre en su apogeo. Los datos del Financial Times muestran que Perú tiene un promedio de 8,300 nuevos casos por día, más casos per cápita que EEUU y Brasil, y más que en cualquier otro momento desde que comenzó la pandemia.
Algunos hospitales se han quedado sin abastecimiento de oxígeno y los crematorios han tenido que trabajar las 24 horas del día, los siete días de la semana, para deshacerse de los cadáveres.
Las cifras son sorprendentes. En comparación con sus vecinos más pobres, Ecuador y Bolivia, Perú entró en la pandemia en una posición financiera mucho más sólida para hacerle frente y pocos habrían pensado que emergería como uno de los países más afectados de la región.
Su economía ha crecido más rápidamente que la de cualquier otra nación latinoamericana importante desde principios de siglo. Su deuda como porcentaje del producto interno bruto (PIB) era muy inferior a la de Brasil, México, Argentina y Colombia. Sus reservas de divisas eran sólidas. Todo esto le permitió al gobierno anunciar un paquete de medidas de emergencia por un valor del 13 por ciento del PIB.
Pero el país no ha reinvertido en su sistema de salud mucha de la abundancia generada por el auge de los productos básicos de la primera década del siglo XXI. Su gasto sanitario per cápita está muy por debajo del promedio latinoamericano y es inferior al de Ecuador, Paraguay y Surinam, que son países más pobres. Un reciente estudio de la OCDE reveló que mientras Brasil, Uruguay y Argentina entraron en la pandemia con más de 18 camas de cuidados intensivos por cada 100,000 habitantes, Perú apenas tenía 3 por cada 100.000 habitantes.
"La pandemia ha dejado al descubierto problemas persistentes — a pesar de años de crecimiento económico — de malas condiciones de vida generalizadas y un débil sistema de salud pública", dijo María Luisa Puig, del Grupo Eurasia.
Rodolfo Rojas, socio de Sequoia, una consultoría política en Lima, dijo que el presidente Martín Vizcarra había hecho un torpe cambio de rumbo entre "la cuarentena total para proteger la salud de las personas y la reapertura total para proteger la economía". Y advirtió: "Ahora hay un divorcio entre el gobierno y la comunidad científica".
Vizcarra se ha negado a disculparse por su gestión de la crisis. En un desafiante discurso el Día de la Independencia el 28 de julio, dijo que su estricto confinamiento inicial había evitado "una catástrofe de consecuencias inimaginables".
Insistió en que los errores se habían cometido a nivel local. Algunas autoridades locales "han conservado equipos, medicamentos y material diverso, en amplios almacenes, sin que se hayan distribuido estos a quienes lo requieren", dijo.
Mientras tanto, Perú ha sufrido tanto una devastadora cifra de muertos como una enorme contracción económica. El PIB cayó en la histórica cifra de un 40 por ciento interanual en abril, 33 por ciento en mayo y 18 por ciento en junio. El Fondo Monetario Internacional espera que se contraiga un 13.9 por ciento este año, la mayor caída de cualquiera de las principales economías de la región.
Todo esto ha generado mucha presión sobre la joven ministra de Finanzas de Perú, María Antonieta Alva, cuya postura es favorable a los mercados. Algunos miembros del congreso le ordenaron la semana pasada que respondiera a acusaciones de "conducta negligente" en su respuesta a la pandemia. Podrían intentar destituirla de su cargo.
